César Pérez Navarro •  Actualidad •  09/02/2018

Mariano Rajoy aprobará mañana un Real Decreto para incentivar la compra de planes de pensiones a la banca privada con dinero público

Esta medida, según Rajoy, intenta incentivar el ahorro, apela a la "responsabilidad individual" y da "más libertad y más garantías al ahorrador, que puede disponer antes de su dinero".

El mecanismo de actuación es similar al de otros sectores: se gestiona mal lo público, se fomenta el endeudamiento privado de las administraciones, y como solución, se financia e incentiva el sector privado, en este caso, la banca.

Mariano Rajoy aprobará mañana un Real Decreto para incentivar la compra de planes de pensiones a la banca privada con dinero público

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado la aprobación en Consejo de Ministros de un real decreto según el cual las personas que contratan con la banca planes y fondos de pensiones privados podrán recuperar todo o parte de lo ahorrado a partir de los 10 años de la aportación, y además verán «muy sensiblemente» rebajadas las comisiones que se han de pagar a las entidades gestoras de los fondos. Ese dinero lo pagará el sector público con los impuestos de todos los contribuyentes.

Tras dilapidar el Fondo de Reserva de las pensiones, que se nutría del superávit del sistema, la «solución» temporal a las consecuencias de una bajada o estancamiento generalizado de los salarios en los últimos años, es recomendar la financiación individual y privada e incentivarla con ayudas públicas.

El principal problema de la financiación del sistema público de pensiones no es el número de las personas que trabajan, sino lo que estas producen y cómo se distribuye el dinero menguante de empleos precarizados. Las dos reformas laborales de los últimos años (la primera del último Gobierno del PSOE y las segunda del PP) facilitaron el despido y propiciaron la precariedad laboral. La primera de ellas se aprobó en septiembre de 2010 con «medidas urgentes para el mercado de trabajo». La segunda en febrero de 2012, profundizando en medidas liberalizadoras similares. El resultado palpable es que si la hucha de las pensiones contaba en 2011 con un máximo de 66.815 millones, ha caído hasta los 8.095 millones en diciembre de 2017, casi un 90%, y ya es financiada en parte a través de la generación de una deuda externa que supera el billón de euros.

El Gobierno calcula que esta medida puede beneficiar a aproximadamente ocho millones de ahorradores que, en planes de pensiones, acumulan más de 100.000 millones de euros y forman parte de la cúspide en la pirámide de las rentas nacionales. El jefe del Ejecutivo ha hecho un elogio del ahorro privado para complementar la pensión y ha recordado que la OCDE señala que los españoles dedican menos que los ciudadanos de otros países avanzados a los planes y fondos de pensiones. «Ocupamos», ha dicho, «el puesto 21 del ránking, justo por detrás de Portugal en esta forma de ahorro a largo plazo». Lo que no ha recordado el presidente del Gobierno es el aviso del mismo organismo de que las reformas de las pensiones que aprobó el Gobierno en 2013 tendrán un efecto a la baja en las retribuciones que reciban en un futuro los jubilados en España y que la tasa de sustitución, es decir, la pensión que cobra un jubilado respecto al salario medio, puede caer en el futuro hasta el 46% en «casos extremos» debido a la aplicación del índice de revalorización. La OCDE sitúa este porcentaje en el 82% del sueldo en España para 2061.

Según el catedrático de economía de la Universidad de Sevilla Juan Torres, los «fondos de pensiones» privados «son simples depósitos o fondos de ahorro que pueden constituir, como ha ocurrido siempre, quienes tienen renta suficiente para ello. Se denominan engañosamente fondos de pensiones solo para poder justificar mejor que el Estado establezca desgravaciones fiscales para apoyarlos, porque sin ellas a nadie le interesaría suscribirlos y los bancos no podrían hacer el negocio inmenso que hacen con esos fondos». La Organización de Consumidores y Usuarios calculó hace años que son contratados mayoritariamente por quienes poseen una base liquidable en el impuesto sobre la renta por encima de 53.000 euros anuales.


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