Las emisoras comunitarias en peligro a pesar de su reconocimiento en la Ley Audiovisual

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por la Red de Medios Comunitarios (ReMC), TeleK y RadioTelevisió Cardedeu contra el Plan Técnico de Televisión Digital por excluir a las emisoras comunitarias. El Tribunal considera que no se ha probado que esta situación cierre el espectro radioeléctrico a las entidades de comunicación audiovisual comunitarias sin ánimo de lucro y condena a las demandantes al pago de costas judiciales.

Desde la aprobación en 2010 de la Ley General de Comunicación Audiovisual estas emisoras vienen denunciando el incumplimiento de lo dispuesto en la ley y la imposibilidad de acceder a licencias de Servicios de Comunicación Comunitarios sin ánimo de lucro al no existir ningún procedimiento para su solicitud ni la planificación del espectro radioeléctrico que varias CCAA vienen reclamando.

Sin tutela judicial

Las emisoras comunitarias han acudido a los tribunales para denunciar esta situación, pero no han conseguido que se tutele su derecho de acceso al dial. Tras 3 años aún no hay sentencia del recurso presentado contra el reparto de licencias en Galicia. En 2012 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias desestimó varios recursos de radios comunitarias al concluir que “la competencia exclusiva, conforme mandato constitucional, para aprobar el plan en el que se identifican las frecuencias que pueden ser concedidas, se atribuye al Estado mientras que la competencia para su licitación está atribuida a las Comunidades Autónomas” (STSJ 128/2012, FJ 2º ) del Gobierno. Ahora, el Tribunal Supremo considera que no queda acreditado que la exclusión de estas emisoras de los Planes Técnicos sea contraria al ordenamiento jurídico.

Ahogamiento económico

Las radios y televisiones comunitarias se encuentran en una situación de precariedad tanto jurídica como económica. Acudir a los tribunales supone para estas entidades sin ánimo de lucro asumir importantes costes económicos. Para la interposición del recurso ante el Tribunal Supremo fue necesaria la realización de una campaña de crowdfunding y se recibieron ayudas de organizaciones como la  Media Legal Defence Initiative (MDLI) que ha aportado 4.000 €, cantidad que apenas da para cubrir las costas judiciales impuestas por el Tribunal Supremo.

Llamamiento de apoyo

La ReMC pide apoyo a las organizaciones sociales para afrontar esta difícil situación, hacer frente a las costas judiciales y continuar con su defensa de las radios y televisiones comunitarias. Se pueden hacer aportes económicos en la cuenta de la ReMC.

CAJA DE INGENIEROS 3025 0003 99 1433292519