PP, PSOE y Ciudadanos han tumbado la reforma de la Ley de Amnistía que pretendía juzgar los crímenes franquistas

El pacto de no agresión firmado en el aire en los albores de la transición entre las nuevas fuerzas democráticas emergentes y los colaboracionistas es una de las más sutiles y paradójicas convenciones realizadas en este país a lo largo de toda la historia. Es seguro que no se firmó nada. Los historiadores del futuro no encontrarán papeles ni cartapacios repujados con las rúbricas de los responsables. Habrán, simplemente, de colegir su existencia a partir de indicios racionales, de piezas sueltas que sólo encajan de una determinada manera en el rompecabezas de la época.Este pacto, aún no bautizado por los historiadores, a pesar de tener más de 13 años de edad, no es hijo en absoluto de la política de reconciliación nacional (PRN), de filiación comunista, promulgada mucho tiempo antes. Permítanme, pues, erigirme en sacerdote nominador y aplicarle el calificativo de pacto de silencio […] Así comenzaba José Antonio Gabriel y Galán una columna histórica publicada en El País el 20 de febrero de 1988 y titulada «el pacto de silencio«. Poco imaginaba este periodista que 30 años después seguiría vigente dicho pacto. El PSOE de Pedro Sánchez se ha encargado de confirmarlo hoy con su firme oposición a que se abra al fin la puerta a la investigación de los crímenes franquistas.

Así lo ha reflejado el debate en el Congreso de los Diputados sobre la toma en consideración de la proposición de ley planteada por Unidos Podemos y sus confluencias  –junto al PNV, ERC y EH Bildu– para modificar la Ley de Amnistía y poder investigar así delitos graves cometidos por la dictadura franquista.

La propuesta planteada se amoldaba a las resistencias que tradicionalmente han existido desde la llamada «transición», y consistía en añadir un nuevo párrafo al artículo 9 de la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, con el siguiente redactado: «Las disposiciones contenidas en esta Ley no impedirán que los Juzgados y Tribunales investiguen, enjuicien e impongan las penas correspondientes a las personas responsables de haber cometido delito de genocidio, lesa humanidad, delitos de guerra y otras graves violaciones de derechos humanos«. 

Pero el PSOE ha alegado la «inseguridad jurídica» del texto presentado para rechazar su toma en consideración, lo que ha provocado permanentes críticas y alusiones del resto de grupos de izquierda, que han acusado a los socialistas de querer mantener la impunidad de los crímenes del franquismo. La portavoz de EH Bildu Marian Betialarrangoitia, ha llegado a asegurar que la argumentación del partido liderado por Pedro Sánchez para no respaldar la admisión a trámite de la proposición de ley «es echar más tierra sobre las fosas» de las víctimas de la dictadura.

Una de las más enérgicas en su discurso a favor de la propuesta ha sido la diputada del grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Yolanda Díaz, que ha recordado el artículo 10 de la Constitución que dice que las leyes se deben interpretar en función de los tratados internacionales, para argumentar que también la Ley de Amnistía se debería adaptar a la investigación de los delitos de lesa humanidad contra los que España ha suscrito diversos tratados. 

A los partidos que se han mostrado en contra de la iniciativa –PP, PSOE y Ciudadanos– les ha dicho que, al hablar de los crímenes franquistas se hace mención a «vulneración de derechos humanos». «Nos han hablado de dos bandos que habían cometido crímenes terribles y que era mejor olvidarse. Nosotros creemos que no», ha asegurado. Además, ha lamentado que la Ley de Amnistía «iguala a asesinos y a sus víctimas, nos dice que es igual el torturador que el torturado, la violencia y la cultura o el fascismo y la democracia. Y no es lo mismo. Los negacionistas nos dicen que los verdugos son lo mismo que las víctimas. Y no son lo mismo», ha enfatizado. 

Díaz ha recordado que si bien «el fascismo sacudió a toda Europa», la «excepción española» respecto al final de otros regímenes autoritarios fue la impunidad. «El resto de los países lo impidieron por la vía democrática, en sus parlamentos. Esta anomalía que tenemos en España no es posible en Europa. Sería impensable en otros países una fundación como la Fundación Francisco Franco, que hiciera apología del franquismo».

Por eso ha reivindicado «un nuevo tiempo de la verdad» en «un país sin miedo que reescriba la historia de verdad». A su juicio, es necesario avanzar en la investigación de los crímenes del franquismo para no olvidar y porque «las víctimas del franquismo no han podido pasar el duelo y descansar. Nunca más una ley de amnistía que promulgue la amnesia», ha zanjado. 

También razonablemente vehemente, el diputado de ERC Joan Tardà se ha confesado «indignado y triste» por la posición de los socialistas «ante miles de familiares de víctimas y ante todas entidades memorialistas que desde años trabajan contra la impunidad». 

El rechazo del PSOE a la toma en consideración de la proposición de ley para reformar la Ley de Amnistía es, en su opinión «una gran oportunidad perdida» ante el «muro de la vergüenza» que supone el hecho de que aún no se hayan juzgado los crímenes del franquismo. Es una oportunidad perdida, ha insistido, ante el riesgo de que en las próximas legislaturas PP y Ciudadanos puedan sumar una mayoría absoluta. Entonces «no habrá ni un resquicio para que podamos asumir este debate».

Izquierda Unida, que forma parte de Unidos Podemos, registró el mismo día en solitario su propia iniciativa para lograr el mismo fin, pero por otros medios. En lugar de reformar la norma, los de Alberto Garzón apuestan por anularla y por obligar al Gobierno a apoyar las reclamaciones que formulen ciudadanos, entidades o instituciones por los delitos cometidos durante la dictadura. El 25 de octubre de 2017 ya intentaron la derogación con el mismo resultado.

*Con Información de Agencias.