Demandan a Trump por sanciones para proteger a Israel de la CPI

Cuatro organizaciones de derechos humanos demandaron al presidente Donald Trump y a sus altos funcionarios por la imposición de un régimen de sanciones que expone a personas en EE.UU. a 20 años de prisión y multas de hasta 1 millón de dólares por colaborar con la Corte Penal Internacional (CPI) en el procesamiento de autoridades israelíes por crímenes en Gaza.

La acción judicial fue interpuesta el 11 de agosto en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York por American Friends Service Committee (AFSC), el Center for Constitutional Rights, Human Rights Watch (HRW) y el Open Society Institute, quienes exigen declarar ilegal el régimen de sanciones, suspender las designaciones actuales o futuras y anular toda pena civil o penal.

Las restricciones impuestas paralizaron las labores jurídicas y humanitarias de las entidades, impidiendo la representación de víctimas ante el tribunal, las gestiones legales y la colaboración con colectivos palestinos para documentar violaciones en territorios ocupados. Las organizaciones calificaron este marco punitivo como “descaradamente ilegal.”

Bloqueo financiero y vulneración constitucional contra el tribunal

La orden firmada por Trump el 6 de febrero de 2025 faculta la inclusión de jueces, fiscales y colaboradores de la CPI en listas de sanciones, bajo el argumento de que cualquier investigación sobre ciudadanos estadounidenses o de países aliados constituye una emergencia nacional.

Las medidas implican la congelación de activos, la desconexión del sistema bancario y servicios digitales internacionales, además de la prohibición de ingreso a territorio estadounidense.

La demanda sostiene que el Ejecutivo excedió su autoridad conferida por la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) y que las sanciones vulneran garantías constitucionales sobre libertad de expresión, asociación y religión, además de recurrir a prohibiciones penales vagas.

Entre las personas y entidades sancionadas figuran ocho jueces de la CPI, el exfiscal Karim Khan, sus dos fiscales adjuntos, la relatora especial de la ONU Francesca Albanese y las organizaciones palestinas de derechos humanos Al-Haq, Centro Al Mezan de Derechos Humanos y el Centro Palestino de Derechos Humanos.

Estrategia de presión y antecedentes de coerción judicial

Las medidas de Washington se intensificaron tras la emisión de órdenes de arresto dictadas por la CPI en noviembre de 2024 contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el exministro de Guerra Yoav Gallant por su responsabilidad en el genocidio contra los palestinos en Gaza.

A pesar de que Israel y Estados Unidos no forman parte del Estatuto de Roma, Palestina accedió al tratado en 2015. La jurisdicción del tribunal se extiende al territorio de cualquier Estado miembro independientemente del origen del acusado, abarcando crímenes cometidos en Gaza, Cisjordania ocupada y Jerusalén Oriental ocupada.

La acción judicial responde a una estrategia estadounidense para desarticular la CPI mediante presiones a naciones que albergan tropas o dependen de garantías de seguridad de EE.UU. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó públicamente su objetivo de aislar y desmantelar la institución internacional de 125 miembros “ladrillo a ladrillo.”

La demanda del pasado 11 de agosto se suma a la presentada por tres juezas de la CPI contra el Gobierno estadounidense tras sufrir bloqueos bancarios y comerciales calificados como una «pena de muerte financiera». El hecho refuerza los antecedentes de presiones al organismo, como las intimidaciones del Mossad a la exfiscal Fatou Bensouda para impedir investigaciones sobre crímenes en territorio palestino ocupado.