Ecuador ingresa en el Índice Global de Tortura 2026

La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), incluyó por primera vez a Ecuador en el Global Torture Index 2026.  El ingreso de la nación latinoamericana se debe a las denuncias de tratos crueles por parte de fuerzas policiales y militares en más de trescientos casos en los dos últimos años, mientras rige el llamado Conflicto Armado Interno, durante el gobierno de Daniel Noboa.

Este índice analizó a 39 países de los cinco continentes para medir el nivel de cumplimiento de los estándares internacionales establecidos por la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura. 

Para el caso ecuatoriano la organización ha reunido las denuncias de los organismos de defensa de los derechos humanos y de la sociedad civil, que documentan un deterioro sustancial de la situación de los derechos humanos, marcado por la militarización de la seguridad pública y la ampliación de los poderes otorgados a las fuerzas armadas.

Además de ejecuciones extrajudiciales también se han registrado “desapariciones forzadas (al menos 51 presuntamente cometidas por agentes del Estado durante operativos), detenciones arbitrarias, detención incomunicada y restricciones indebidas a las garantías judiciales, con repercusiones desproporcionadas para las personas de ascendencia africana, los pueblos indígenas, las personas que viven en la pobreza, niños y adolescentes”.

Las denuncias de tortura suman 369 casos entre 2024 y 2026 en medio de “la reiterada imposición de estados de emergencia, acompañada de toques de queda sin las garantías adecuadas, incrementa el riesgo de abusos y debilita los mecanismos de rendición de cuentas”.

Desde que asumió el poder, Noboa ha decretado 16 estados de excepción en casi todo el país, además de toques de queda, con restricciones en las garantías constitucionales de la ciudadanía.

Frente a ello, la OMCT recomienda al gobierno de Noboa “garantizar que todas las denuncias de tortura y malos tratos se investiguen con prontitud, de forma independiente e imparcial, sin trasladar la carga de la prueba a las víctimas, asegurando que los responsables, incluidos los altos mandos, sean castigados.

La organización señala que una de las mayores demandas ciudadana radica en garantizar que la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública sea excepcional, temporal, subordinada y complementaria, con mecanismos eficaces de control civil, supervisión independiente y rendición de cuentas.