Sindicato de Inquilinas de Madrid: «Plan Estatal de Vivienda: presupuesto ridículo, modelo que no transforma»

Comunicado

Ayer, el Gobierno de España presentó el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, anunciando un presupuesto plurianual de 7.000 millones de euros. 

Lejos de ser una inversión significativa, el presupuesto real del plan se reduce considerablemente al analizarlo en detalle: repartido en cinco años supone 1.400 millones anuales; de estos, el Estado aporta únicamente el 60% (840 millones al año), y solo un 40% del total se destina a la construcción o adquisición de vivienda protegida. Es decir, la inversión estatal en creación de vivienda protegida se limita a apenas 336 millones de euros anuales. Basta una comparación para comprobar que se trata de un nivel de ambición ridículo: actualmente, el gasto en defensa anual es de 33.000 millones de euros al año. Es decir, el gasto en creación de vivienda de protección oficial supondrá tan solo un 1% del gasto militar.

En un contexto en el que el acceso a la vivienda sigue siendo la principal preocupación social evidencia la falta de acción real del Gobierno ante esta crisis. En la práctica, una inversión así no permite ampliar de forma significativa el parque público de vivienda. Es dinero público que sirve para complementar al mercado, no para sanearlo.

Además, es un plan que no ataja el problema de raíz: no saca la vivienda del ciclo especulativo ni incluye medidas para parar la espiral alcista de precio. Ni siquiera abarca los problemas más inmediatos: no se incluyen medidas para avanzar hacia los alquileres indefinidos, ni para prorrogar los contratos actuales, ni para bajar los precios de los alquileres. Tampoco incluye medidas de tanteo para poder intervenir en las compraventas, y así recuperar viviendas de los fondos buitre, ni grava a los tenedores de vivienda que mantienen pisos vacíos en vez de ponerlos en alquiler. 

Un modelo de vivienda concertada, no pública.

La aprobación del Plan Estatal de Vivienda se añade a la propuesta de Casa 47 y configuran el modelo de vivienda que propone el Gobierno. Se trata de un modelo basado en la vivienda concertada, priorizando la gestión privada y externalizada. 

Además, es un modelo que permite segregar a la población con menos ingresos. En la denominada vivienda asequible se permite que, cuando se hacen promociones de nueva  vivienda se excluya, por razón de ingresos mínimos, a la población que no cumple los requisitos de ingresos. Se dejan fuera así a quienes más necesitan acceder a una vivienda digna. 

Asimismo, el plan apuesta por mecanismos de financiación privada y subvención a cambio de rentabilidad, consolidando un modelo que trata la vivienda como un negocio y no como un derecho. La inclusión de vivienda protegida en régimen de venta refuerza esta lógica y compromete la función social del parque público a largo plazo.

La Confederación de Sindicatos de Inquilinas defiende un modelo alternativo que sitúe los derechos de las personas inquilinas en el centro y apueste decididamente por la vivienda pública. Necesitamos regulación e intervención pública para expulsar la especulación y bajar los precios, no más incentivos al mercado. 

Entre las medidas urgentes la Confederación de Sindicatos de Inquilinas reclama:

• Gestión pública de la vivienda pública.

• Garantizar un acceso universal con precios progresivos.

• Reconocer derechos sindicales para las personas inquilinas, como la negociación colectiva.
• Apostar exclusivamente por vivienda pública en alquiler o cesión de uso, nunca en venta.