Amenaza de desahucio y probables abusos laborales: trabajadores latinoamericanos del sector energético denuncian engaños y piden justicia

Un grupo de empleados procedentes de Chile y otros países latinoamericanos que llegaron a España para trabajar en el sector de las energías renovables se encuentra actualmente en una situación de inseguridad residencial y jurídica tras denunciar lo que consideran prácticas laborales abusivas y engaños en sus condiciones de empleo. La contratación en origen la realizaba la empresa portuguesa Grupo J. Mimoso Serviços Universais.

Según recoge la investigación periodística de elDiario.es, estas personas fueron captadas en sus países de origen por una subcontrata portuguesa para trabajar en proyectos del sector energético en Andalucía, sin ser dadas de alta en la Seguridad Social durante al menos dos años. Al no haber contrato regularizado, ahora enfrentan la posibilidad de un procedimiento de desahucio del piso donde residen, así como de expulsión de España mientras se resuelve su situación ante los tribunales.

Denuncias de explotación y manejo irregular de contratos

Los trabajadores han relatado haber sido objeto de un proceso que definieron como engañoso: contratos y documentos en idiomas que no comprendían, falta de alta en la Seguridad Social, suspensiones arbitrarias de contrato, impagos y la obligación de adquirir herramientas o implementos de trabajo con su propio salario, sin protección social o cobertura sanitaria incluso en casos de accidente laboral. Aseguran que todo ello formaba parte de una serie de estructuras de intermediación transnacional que parecen orientadas a eludir responsabilidades laborales y sociales.

Comunicado de ARRAIGO S. COOP. AND., cooperativa legal

Ante esta situación, la cooperativa ARRAIGO S. COOP. AND. – Cooperativa Legal ha hecho público un comunicado dirigido a la opinión pública, en el que expresa lo siguiente:

1. Ha puesto en conocimiento del Cuerpo Nacional de Policía y de los Juzgados de Instrucción Penal competentes una serie de hechos graves que, por los elementos concurrentes, podrían constituir trata de seres humanos con fines de explotación laboral, además de abusos contra trabajadores migrantes.
2. Los hechos afectarían a trabajadores latinoamericanos captados en el extranjero y utilizados en España por empresas del sector de las energías renovables que, según los indicios, habrían recurrido a contratos y poderes en idiomas que los propios trabajadores no entendían, suspensiones arbitrarias de contrato, impagos o falta de protección social y sanitaria.
3. La querella habla de un patrón sistemático para diluir responsabilidades mediante artimañas legales, cambios de empleador formales, desplazamientos contractuales ficticios y amenazas, con el objetivo de mantener a los trabajadores en una situación de miedo y dependencia.
4. Denuncia además que, tras denunciar estas irregularidades, algunos trabajadores fueron denunciados ante la Policía con la finalidad de provocar su expulsión de España, aunque dicho procedimiento no prosperó por falta de causa legal, lo que pone de manifiesto, según Arraigo, el uso abusivo de mecanismos de control migratorio.
5. Arraigo hace un llamamiento a medios de comunicación, organizaciones sociales, ONG, sindicatos y defensores de derechos humanos para visibilizar este caso, “que no es aislado”, y recordar que las personas migrantes tienen derechos y dignidad, que “ninguna empresa, por poderosa o conocida que sea, está por encima de la ley”.
6. Finalmente, la cooperativa se compromete a acompañar a las personas afectadas hasta que se haga justicia, y a impulsar todas las acciones judiciales, administrativas y públicas necesarias para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades.

En sus palabras:

“Cuando se utilizan el miedo, la precariedad y la amenaza de expulsión como herramientas de control, no estamos ante simples irregularidades laborales, sino ante conductas que el Derecho penal y la sociedad deben perseguir con firmeza.” – ARRAIGO S. COOP. AND.

Mientras estos empleados aguardan la resolución de su situación judicial y administrativa, su caso ha abierto un foco de debate sobre condiciones laborales en sectores de alta demanda de mano de obra extranjera, las prácticas de contratación internacional y la protección de derechos laborales y migratorios en España.