«Cuando el silencio contamina más que los vertidos: la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) y el Ayuntamiento de Almendralejo deben rendir cuentas»

El 23 de abril de 2023, la Plataforma contra la contaminación de Almendralejo (PCCA), remitió una queja al Defensor del Pueblo, lo que motivó la apertura de un expediente. Este procedimiento continúa abierto, y después de documentos remitidos por la PCCA en octubre del año actual, el Defensor del Pueblo ha enviado una comunicación que no deja lugar a dudas.

En Almendralejo llevamos demasiado tiempo hablando de vertidos, sanciones, expedientes, requerimientos y episodios contaminantes. Pero lo que hoy debe preocuparnos aún más que el estado de los arroyos Picadas y Harnina es el estado de nuestras instituciones. Porque lo que el Defensor del Pueblo acaba de revelar no es un simple retraso administrativo: es la confirmación de una opacidad estructural, una cultura del silencio y una negligencia informativa que agrede directamente el derecho ciudadano a saber la verdad.

La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) —el organismo que debería vigilar, controlar y sancionar— ha evitado entregar resoluciones, requerimientos e informes de inspección que son esenciales para comprender si el Ayuntamiento de Almendralejo ha cumplido o no sus obligaciones legales. No hablamos de detalles menores: hablamos de documentos que sirven para determinar si se han producido vertidos en tiempo seco, una de las infracciones más graves del sistema de saneamiento.

¿Por qué una institución pública escondería información que debería ser de dominio público? ¿Por qué un organismo de cuenca se limitaría a enviar una tabla superficial de expedientes y omitir precisamente los elementos más sensibles?

La respuesta, aunque incómoda, es evidente: la transparencia no es una prioridad. Y cuando la transparencia se convierte en un obstáculo, el ciudadano se convierte en víctima.

Pero la CHG no está sola en este silencio. El Ayuntamiento de Almendralejo, protagonista directo de las sanciones y responsable último de la EDARU y del control de los vertidos industriales, no ha dado explicaciones públicas. No ha informado sobre las causas, ni sobre las medidas correctoras, ni sobre el grado de cumplimiento de sus obligaciones. No ha hablado. No ha aclarado. No ha rendido cuentas. Y lo que es peor: ha normalizado que no tenga que hacerlo.

En un contexto de contaminación recurrente, en un municipio cuyos arroyos han sufrido episodios que cualquier administración responsable debería colocar como prioridad absoluta, la falta de información no es solo una negligencia: es una forma de desprotección ciudadana. Es una agresión al derecho colectivo a un entorno saludable. Es una demostración de que, para algunos, gestionar también significa ocultar.

Hoy, la pregunta que Almendralejo debe hacerse no es únicamente si todavía se están produciendo vertidos. Es más profunda, más grave y más urgente: ¿Podemos confiar en instituciones que esconden información esencial sobre nuestra salud ambiental?

El Defensor del Pueblo ha hecho lo que corresponde a una institución que sí actúa con responsabilidad: exigir explicaciones, pedir documentos, exigir inspecciones reales y reclamar transparencia. Es una vergüenza que tenga que recordárselo a quienes deberían haberlo hecho desde el primer día.

Los arroyos Picadas y Harnina no solo han sufrido vertidos. Han sufrido abandono, negligencia y silencio. Y un silencio prolongado contamina más que cualquier derrame, porque corroe la confianza, erosiona la democracia y normaliza la oscuridad institucional.

Este comunicado es un recordatorio para la CHG y para el Ayuntamiento: la ciudadanía está observando, el Defensor del Pueblo está exigiendo, y ya no hay espacio para más silencios.