6 de diciembre: por un nuevo proyecto de país

Podríamos hacer un repaso tanto de lo que viene recogido en la Constitución española de 1978 como de sus carencias en cualquier facultad donde se implante la clase de Derecho Constitucional, pero tras un simple análisis podríamos concretar, y de forma compartida, que se trata de un documento que únicamente es una mera declaración de intenciones a día de hoy, con artículos que han quedado en papel mojado, sin hacer de menos a lo que supuso hace 43 años, pero que hoy ya no sirve. Nuestra realidad como país ha cambiado. Esto no es ningún descubrimiento, sino el simple paso del tiempo con lo que ello conlleva, avanzar, a pesar de que aparentemente pueda haber retrocesos.

El debate sobre la necesidad de que haya una reforma de la Constitución se sitúa en un contexto de crisis continua, ya sea desde la crisis de régimen, de Estado, o incluso la propia crisis de la democracia liberal-representativa, acompañadas todas ellas y retroalimentadas por crisis económicas con las que toda una generación ha crecido, y no se imagina un contexto que no esté atravesado por alguna crisis, la mía. Ante esta situación, sin pretender caer en catastrofismos, las posibilidades son reducidas; por una parte, continuar viviendo en un devenir decadente y aparentemente inalterable para el status quo en donde la libertad de unos pocos que gozan de privilegios y que buscan aumentarlos bloquea la libertad de una mayoría social y mantienen la desigualdad que el propio capitalismo recrea. Y este punto es fundamental destacarlo al hablar sobre la Constitución o, más bien, sobre la legitimidad de la misma, ya que el marco en donde avanzábamos en términos democráticos allá en 1978 acompañado de derechos sociales se veía inmerso en un contexto en donde el neoliberalismo crecía a escala global. Por lo tanto, las contradicciones ya estaban presentes.

La otra posibilidad que tenemos es la creación de un porvenir que suponga una transformación integral, acompañada de cambios y modernización. Ante ello me pregunto, ¿este malestar puede ser emancipatorio? para crear un sentimiento compartido que actúe como motor de cambio en el presente. Siempre he pensado que algo tan interno como son las emociones nos (con)mueven a actuar en el espacio compartido. Por lo tanto, este sentimiento de malestar generado por las crisis presentes impulsan a la creación de un horizonte en constante construcción y cuyo objetivo en última instancia es que vivamos mejor, pero no se trata -únicamente- de construir en clave de futuro, que también, sino de presente, consiste más bien en empezar a crear nuevos imaginarios y formas de hacer política partiendo del momento actual. En otras palabras, construir desde el contexto actual el ideario de aquella sociedad a la que aspiramos, es decir, ser dueños de nuestro presente e ir labrando nuestro futuro.

La necesidad de que haya una reforma de la Constitución es una idea compartida por la mayoría de los ciudadanos, pero es ignorada a la hora de elaborar la agenda política.  Inicialmente se hablaba de la legitimidad con la que contaba la Constitución en el momento de su creación, pero que ahora está ausente, e incluso en un sentido weberiano. Con esto quiero decir que además de partir del propio contexto de crisis que ya he expuesto hay otros factores fundamentales en la argumentación sobre la falta de legitimidad de la Carta Magna, que se presenta como una norma inmodificable y casi indiscutible, y que incluso podemos entender así al leer el Título X de la misma. Se ocasiona un choque entre lo escrito -estático- y la realidad -dinámica y cambiante-, ocasionando una brecha entre el papel y la realidad sociológica. El siguiente punto está relacionado con esto mismo y cómo la actual Constitución no es una herramienta garantizadora de algunos derechos como pueden ser los sociales a pesar de lo escrito. Dicho con otras palabras, se ocasiona una crisis de expectativas entre lo supuestamente prometido o acordado y la realidad precaria en la que vivimos. Es decir, hay un alejamiento entre aquel momento constituyente que nos hizo entrar en una democracia con el actual poder constituido.

A pesar de sus buenas intenciones, como se refleja en algunos de sus artículos: derecho a un trabajo (art. 35), derecho a la huelga (art. 38), derecho a la protección de la salud (art. 43), derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado (art. 45) o derecho a una vivienda digna y adecuada (art. 47), entre otros, no hay un acompañamiento de medidas que den seguridades a la ciudadanía sobre el cumplimiento de esta norma. Es decir, la Constitución no es garante ni de su propio articulado. Es fundamental que estos derechos no sean tratados como derechos de segunda, sino que sean situados en un plano prioritario y como condición necesaria para poder garantizar los siguientes.

Hay dos posibles opciones: una consiste en la propia reforma de algunos de los artículos de la Constitución actual; ahora bien, si apostamos por esto estaríamos aspirando -solo a una parte- en donde se corre el riesgo de no dejar atrás algunos de los lastres que nos impiden avanzar en términos democráticos hoy en día, como puede ser el modelo monárquico o el actual modelo territorial hoy en crisis, entre otras cuestiones.

Por ello, parece más interesante pensar en clave de bloque histórico, superando incluso aquellas aparentes diferencias que nos alejan a la hora de hacer política, poniendo en foco en lo concreto y en aquello que nos es común, como pueden ser son los servicios públicos en particular, o pensar en una reforma constitucional en general que integre a lo anterior. La idea principal es la siguiente: ser ambiciosos -aspirar al todo- y crear, siempre partiendo desde la comunidad, un nuevo proyecto de país. No encuentro otra fórmula posible, un modelo de sociedad basado en la radicalidad democrática que sea un proyecto de mayorías y que ponga el foco en la cotidianeidad y mismidad de la gente junto a aquellos puntos y preocupaciones que nos son comunes y elevarlos al plano nacional, desde abajo hacia arriba, y que sea representado en la norma fundamental en su última instancia.

Elena Torres es Responsable federal de Republicanismo de Izquierda Unida