La Plataforma por la reversión del Vinalopó retoma el trabajo para exigir la gestión pública del Departamento de Salud Elx-Crevillent
- Estudia la viabilidad jurídica del contrato y los pasos dados por la Conselleria de Sanidad para asegurar la prórroga de cinco años a Ribera Salud.
La ciudadanía organizada de Aspe, Crevillent, Elx, Hondón de las Nieves y Hondón de los Frailes ha retomado el trabajo tras el descanso estival para avanzar en la demanda social de las comarcas del Vinalopó que exigen un departamento de salud de gestión pública.
La Plataforma por la reversión del Vinalopó se encuentra estudiando la viabilidad jurídica del contrato entre la Conselleria de Sanidad y la empresa gestora del Departamento de Salud Elx-Crevillent, Ribera Salud, así como el cumplimiento de las normas de verificación y coordinación por parte de la adjudicataria en el cual basarán, según la Generalitat Valenciana, la prórroga de cinco años a la entidad gestora.
Según la Plataforma, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, remitió a la empresa adjudicataria unas normas que debería cumplir para poder llevar a cabo la prórroga en mayo de 2025, cuando acaba el contrato, con unos criterios y un sistema de evaluación que “la ciudadanía desconoce por completo”.
La plataforma reclama transparencia a la Generalitat Valenciana dado que también han solicitado sin éxito y por numerosas vías, como aseguran, las auditorías e informes con los que el gobierno autonómico avala mantener la privatización de este departamento de salud.
Recuerdan que la plataforma hizo entrega de más de 15.000 firmas de la ciudadanía que exige la reversión a la gestión pública del Vinalopó tanto a la Conselleria de Sanidad como al Síndic de Greuges.
La ciudadanía organizada continuará con sus acciones para cambiar el rumbo del Gobierno valenciano al cual reclaman que asuma la gestión de este departamento de Salud con el fin de dejar de ser los únicos con una sanidad pública en manos de una empresa privada.
La plataforma respalda sus reivindicaciones en la experiencia de las personas usuarias, la constante fuga de profesionales, las ratios muy elevadas de pacientes por facultativos, la falta de personal, la saturación de las plantillas y las más de 15.000 firmas recogidas en tan solo tres meses entre la ciudadanía de las poblaciones afectadas.
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