La Ley del Derecho a la Vivienda presenta como novedades el tratamiento integral del acceso a la vivienda, el fomento del alquiler y que crea un Registro de Solicitantes de vivienda ’transparente’ para acceder a la vivienda de protección oficial.

La polémica ha venido de la mano de las políticas de promoción del alquiler y de la vivienda vacía. La Ley considera que el derecho a la propiedad de la vivienda debe cumplir " su función social", función que no se cumplirá, a tenor de la Ley, cuando esta esté desocupada “permanente e injustificadamente”. También determina otros dos casos de incumplimiento de la función social de la propiedad que son “los casos de La sobreocupación de la vivienda”y la “falta de destino de la vivienda con protección oficial a residencia habitual y permanente del propietario”. Para la nueva normativa, una vivienda se considerará como vacía cuando “permanezca permanentemente desocupada durante un plazo superior a dos años, sin causa justificada”.

Este es el punto de la discordia que partidos como el PPC y CIU han criticado. La nueva ley propone que la “Generalitat impulsará políticas de fomento para potenciar la incorporación al mercado, preferentemente en alquiler, de las viviendas vacías o permanentemente desocupadas”. La reacción no se hizo esperar. Francesc Vendrell, portavoz del PP catalán, ha advertido al gobierno catalán de que “el método comunista de la expropiación no es el camino para solventar el problema de la vivienda”, y que “esta medida netamente intervencionista creará inseguridad” así mismo anunció que llevará el proyecto al Consejo Consultivo de Catalunya. CIU no se quedó atrás en sus críticas a través de su portavoz parlamentario de CiU, Felip Puig, ha considerado que el proyecto de ley contiene aspectos de “dudosa legalidad”, por lo que su grupo “encargará informes propios y decidirá más adelante si solicita también el pronunciamiento del Consejo Consultivo.” Considera el portavoz de CIU que las soluciones que el conseller de Medi Ambient y Habitage, Francesc Baltasar de la colación ICV-EUIA, son “inoperantes” y “caducas” al problema de la vivienda, y que son propias de mentalidades “muy cerradas y anacrónicas”.

La nueva Ley nace con detractores, pero también que apoyos sociales como las del portavoz de la Asamblea Popular por la Vivienda, Alberto Sancho, que calificó como positivo el espíritu de la ley aunque advertía que se necesitan medidas aún más contundentes para resolver los problemas de acceso la vivienda. También se posiciona a favor de la norma la Organización de Consumidores y Usuarios de Cataluña (OCUC), que asegura que la normativa responde a las necesidades sociales y en ningún momento intenta expropiar a nadie, sino responder a una demanda social y CCOO de Catalunya que felicita al Govern ya que era una demanda planteada por ellos consideran que trata de afrontar uno de los graves problemas de la ciudadanía y en especial de la juventud.

La normativa catalana actuará también contra los propietarios de inmuebles que acosen a sus inquilinos (mobbing) sancionando administrativamente "en casos muy graves" con multas de hasta 200.000 euros. También ponen el punto de mira los “pisos patera” que albergan un número de personas excesivo para el espacio. La ley establece un "espacio mínimo vital" y medidas coercitivas.