El pasado 22 de enero se publicó en el periódico El Mundo un reportaje sobre Fidere y las 1000 Viviendas que a mí, como afectada, me ha dejado mal sabor de boca. No sólo porque lo escrito en él está lleno de inexactitudes y, en la mayoría de los casos, mentiras; sino porque ha sido publicado en un periódico de tirada nacional sin acudir a nosotros, la parte contraria, para contrastar la veracidad de la información.
Ante las afirmaciones vertidas en un periódico de tirada nacional, sesgando la información y haciéndose eco de la versión que quiere utilizar el fondo buitre Lazora para no manchar más su imagen a costa de desahuciar a Ruth y su familia. La Plataforma Lazora non Grata declara las siguientes afirmaciones:
El fondo buitre BlackStone nos ha declarado la guerra. Pretender dejar sin casa a José Pedro, nuestro compañero de la Asamblea Popular de Carabanchel, a su pareja, a Lucía (su hija) y a Manuel (su hijo).
Todo comenzó con un SMS. Ese fue el modo por el que José Pedro y su familia tuvieron la información de que se les había adjudicado una vivienda social de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) a comienzos del año 2012, tras tres años de espera.
En un manifiesto al que se han sumado numeras organizaciones, partidos políticos y personas que defiende el derecho a la vivienda, la Plataforma Lazora Non Grata nace con la pretensión de paralizar la sucesión de desahucios que se avecinan tras la finalización de los contratos de alquiler de unas viviendas que en su día fueron públicas, protegidas y sociales, pero que ahora se han convertido en un negocio privado que se olvida de las graves consecuencias familiares que suponen las malas acciones de fondos como Lazora. La Plataforma pide que no se realicen prácticas abusivas producto de la
"No a la represión al mundo rural concretada ahora en el caso de Fraguas.
No al destino que reservan al medio rural como espacio para explotar o escenario turístico.
No a la depredación medioambiental".
En estos días, la huelga del taxi está en boca de todo el mundo. La situación ha llegado a tales extremos que al colectivo de taxistas no les ha quedado otra que pasar a la acción para que las administraciones tomen cartas en el asunto porque no tienen posibilidad de competir con plataformas como Cabify o Uber. El problema es que esta “uberización” está afectando a cada vez más sectores y en León, donde se está notando, es en el inmobiliario.