Agencia Telesur •  Internacional •  11/01/2024

Reportan 139 miembros del servicio penitenciario retenidos en cinco cárceles de Ecuador

«Estamos en un estado de guerra y no podemos ceder a estos grupos terroristas», expresó el presidente, en declaraciones a Radio Canela.

Reportan 139 miembros del servicio penitenciario retenidos en cinco cárceles de Ecuador

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores de Ecuador (SNAI) confirmó este miércoles que hasta el momento, suman 139 los miembros del servicio penitenciario que se encuentran retenidos en cinco cárceles de la nación suramericana.

De acuerdo con el ente, 125 son guías penitenciarios, mientras los otros 14 son miembros del personal administrativo que laboraba en las cárceles de Azuay, Cañar, Cotopaxi, Napo y Tungurahua.

El SNAI precisó además que tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas, trabajan para que los rehenes sean puestos en libertad.

Por su parte, el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, ratificó esa información, y detalló que se labora porque sean liberados en buen estado de salud.

Torres declaró a medios locales que «el país está en vías de pacificación y en vías de orden. El llamado es a todos los ecuatorianos, para respaldar a los policías, a las Fuerzas Armadas, al presidente de la República y al Gobierno».

El funcionario gubernamental afirmó que la guerra sería ganada, porque son 18 millones de ecuatorianos contra 20.000 delincuentes. 

En horas de la mañana, el presidente Daniel Noboa sostuvo una reunión en la sede del poder Ejecutivo con el cuerpo diplomático acreditado en Ecuador, y dio a conocer la situación que se vive tras la puesta en marcha del decreto 111, luego de que ocurrieran actos terroristas que atemorizaran al país.

Posteriormente, el mandatario aseguró a medios locales que «se acabó el momento de Gobiernos tibios» y precisó que unas 20.000 personas de grupos terroristas y de delincuencia organizada serán combatidos.

Noboa aseguró que en los últimos dos Gobiernos, Adolfo Macías, conocido como Fito, entraba y salía de prisión cada vez que quería. Asimismo indicó que desde el jueves repatriará a Colombia unos 1.500 presos y precisó que los jueces que ayuden a presos terroristas, serán considerados parte o integrantes de la red de terrorismo.

Por su parte, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas informó sobre resultados alcanzados tras el Decreto emitido por el mandatario, indicando que han detenido 329 terroristas y «hemos abatido a cinco terroristas».

Presidente Noboa: Estamos en un estado de guerra

El presidente Daniel Noboa se refirió a la violencia registrada Ecuador en los últimos días. Aseguró que las medidas tomadas por el Gobierno incomodan a los grupos terroristas, pero que continuarán hasta erradicarlos.»Estamos en un estado de guerra y no podemos ceder a los grupos terroristas», dijo durante una entrevista radial.

Esta es la primera entrevista que brinda el mandatario luego de que el martes emitiera un decreto en el que reconoce que existe un «conflicto armado interno» en Ecuador; así como después de haber decretado estado de excepción y toque de queda en el país por un lapso de 60 días.

Ecuador amaneció este miércoles en medio de una tensa calma luego de varios incidentes violentos la víspera, con atentados terroristas en ciudades de seis provincias y saldo de 11 víctimas en la ciudad de Guayaquil (suroeste), según declaraciones del comandante de la zona policial 8, general Víctor Herrera.

Sobre el número de muertos, el oficial citado detalló que fueron detenidos 16 integrantes del grupo criminal autodenominado Los Tiguerones, quienes asaltaron las instalaciones que comparten TC Televisión y el canal Gamavisión, al norte de Guayaquil, y sometieron y amenazaron a sus trabajadores mientras se trasmitía en vivo.

Horas antes, la Policía informó la detención de 70 presuntos integrantes de las bandas y la incautación de armas, explosivos, cocteles molotov, municiones y vehículos. Además, precisó que fueron liberados tres agentes policiales que fueron secuestrados en Puerto Bolívar, ciudad de Machala, provincia El Oro (suroeste).

Entre el total de detenidos se hallan los 16 presuntos integrantes de Los Tiguerones, quienes ya se encuentran a disposición de la Fiscalía. Esta es una de las 22 bandas armadas declaradas como terroristas en el decreto ejecutivo 111 firmado por el presidente Daniel Noboa. Estas operan en al menos 20 de las 24 provincias del país.

A través del mismo, Noboa declaró conflicto armado interno y señaló a esos grupos «organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes». A partir de ello, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), almirante Jaime Vela, declaró a dichas bandas como objetivo militar. 

En mensaje televisado, calificó los hechos de violencia ocurridos como una respuesta de los grupos criminales para atemorizar a la población. Advirtió: «A partir de este momento todo grupo terrorista identificado en el decreto (111) se ha convertido en un objetivo militar». 

Clases se impartirán de manera no presencial

Ante la gravedad de la situación, el Ministerio de Educación dispuso que las clases se impartan de manera no presencial. Inicialmente ello se haría en centros educativos cercanos a las cárceles, pero ahora la disposición tiene carácter nacional.

La medida se aplicará a las «instituciones educativas particulares, fiscales, fiscomisionales y municipales hasta el viernes 12 de enero de 2024». El personal del sistema educativo utilizará la modalidad de teletrabajo, aunque los empleados administrativos mantendrán su jornada laboral de manera normal hasta nueva orden.

Declaratoria de conflicto armado interno

Según medios locales, la medida firmada por Noboa permite a las FF.AA. enfrentar en todo el territorio nacional  a los grupos identificados como terroristas por el Gobierno.
Este uso de las FF.AA. se ejercería con el propósito de controlar el país.

De acuerdo con el catedrático Efrén Guerrero, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, las uniformados podrían realizar operaciones militares sostenidas contra estos grupos.

A juicio de la abogada penalista Paulina Araujo, la declaratoria significa reconocer que policías y militares están autorizados a emplear armas letales contra los grupos terroristas, denominados así porque buscan sembrar el terror en la población a través de sus actos, opinó.


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