Redacción •  Actualidad •  15/09/2023

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirma la ilegalidad de las cocinas fantasma de la Calle Alejandro Ferrant número 8

La justicia vuelve a fallar en contra de las cocinas fantasma de Alejandro Ferrant 8 y en contra del Ayuntamiento de Madrid. La AFA del Colegio Miguel de Unamuno exige al Ayuntamiento que deje de recurrir y se ponga del lado de las familias. La FRAVM y la Plataforma de Afectados por las Cocinas Fantasma de Madrid se felicitan por el fallo judicial

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirma la ilegalidad de las cocinas fantasma de la Calle Alejandro Ferrant número 8

El pasado 24 de julio la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ratificó el fallo emitido en primera instancia y que fue recurrido por el Ayuntamiento de Madrid sobre la ilegalidad de las cocinas fantasma de la calle Alejandro Ferrant (Arganzuela). La sentencia, con número 433/2023, no deja lugar a dudas, la licencia con la que el Ayuntamiento de Madrid permitió abrir unas cocinas industriales al lado de un colegio era ilegal.

Este proceso judicial fue iniciado por la Asociación de Familias (AFA) del Colegio Miguel de Unamuno cuando descubrieron que el Ayuntamiento había permitido la instalación de unas cocinas industriales (12 en concreto) al lado del colegio público. A pesar de las quejas, de los avisos sobre lo inadecuado de la ubicación y, sobre todo, de que la licencia no lo permitía, el Ayuntamiento ignoró a las familias y estas tuvieron que acudir a los tribunales.

Las cocinas fantasma de Alejandro Ferrant cerraron hace un año con el siguiente balance:

  • Presión de las familias y vecinos y vecinas por lo inadecuado de la ubicación y las enormes molestias causadas.

  • Presión judicial con una victoria de las familias y vecinos en primera instancia.

  • Reconocimiento por parte del Ayuntamiento de la irregularidad de ciertas obras acometidas (tras la denuncia de un vecino).

  • Declaraciones de un trabajador que dejaban en evidencia la falta de seguridad y salubridad en la nave.

“La empresa cerró pero lo más lamentable es que si la empresa hubiera querido seguir, las cocinas ahora mismo estarían abiertas ya que el Ayuntamiento insistía e insiste en apoyar esta ilegalidad”, comenta Iris Arisa de la Asociación de Familias del Colegio Miguel de Unamuno. 

El Ayuntamiento de Madrid recurrió la decisión de los tribunales en primera instancia obligando a los ciudadanos a seguir gastando dinero para defender sus derechos. “Si el Ayuntamiento opta por recurrir esta segunda sentencia, estará obligando a las familias a seguir invirtiendo tiempo, esfuerzo y dinero en una situación que nunca debió llegar a suceder”, opina Noelia Cabezas, madre del colegio y vecina del barrio. 

Llegados a este punto y con una nueva sentencia a favor, las familias solicitan al Ayuntamiento de Madrid que deje de recurrir y que acepte que estaba equivocado: sus responsables permitieron instalar un negocio industrial con una extensión de casi 600m2 al lado de un colegio cometiendo una ilegalidad. Además de cerrar este caso de una vez, las familias del Colegio Miguel de Unamuno piden al alcalde que reconozca que este tipo de negocios no puede estar en zonas residenciales y que legisle en consecuencia. 

“Pedimos que el Ayuntamiento desarrolle una legislación que regule debidamente este tipo de negocios, que recupere las peticiones que distintos vecindarios afectados redactamos y presentamos a través de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y las incorpore a la normativa vigente; no nos basta con la actualización unilateral de unas normas urbanísticas insuficientes heredadas del anterior delegado de Urbanismo que no son más que parches que no dan una solución real al problema”, añade Julie Delabarre, madre del colegio. 

Las familias esperan que el Ayuntamiento no recurra, de hacerlo seguirán el proceso hasta la siguiente instancia en el Tribunal Supremo y continuarán solicitando una regulación de las cocinas fantasma que proteja a los vecindarios, sobre todo cuando está en juego la salud y la seguridad de niñas y niños.


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