Tratado de Derechos Humanos y Empresas: semana decisiva de negociaciones para un documento ambicioso y vinculante

Esta martes 15 de octubre se reanudaban las negociaciones del Tratado Vinculante de Derechos Humanos y Empresas en la sede de Naciones Unidas en Ginebra (1). La quinta ronda de negociaciones se extenderá hasta este sábado 19 para establecer un mecanismo jurídicamente vinculante que blinde los derechos humanos por encima de los intereses corporativos. 

La preocupación por los crímenes y abusos de multinacionales a la población, así como en el proceso del tratado, siguen en aumento (2). Esto se evidencia con la presencia significativa de un buen número de delegados de Naciones Unidas en las negociaciones: 321 representantes de Parlamentos regionales y nacionales, así como autoridades municipales se han unido a la convocatoria. 

Tan solo en 2018 más de 300 personas fueron asesinadas por defender los derechos humanos de sus comunidades por encima de intereses corporativos. En las dos últimas semanas, se ha conocido la noticia de los asesinatos de Golfried Siregar y Anastácio Matável. Activistas de Indonesia y Mozambique que trabajaban denunciando los abusos corporativos contra las comunidades y la destrucción medioambiental en sus países. 

Los abusos de poder y las violaciones de derechos humanos tienen lugar en todo el mundo, y quedan silenciados, sin investigación, sin juicios, sin culpables y, por tanto, sin consecuencias. En este contexto la población no tiene la capacidad de decidir, y los abusos incrementan. Es urgente y prioritario establecer un tratado vinculante que garantice la protección de las personas que luchan a diario por el interés general defendiendo el medio ambiente y la vida.

A pesar de la urgencia, el contenido del borrador 2 del tratado no está a la altura de las circunstancias. Las organizaciones y colectivos ecologistas y sociales, entre ellas Amigos de la Tierra, muestran su descontento con el contenido del actual borrador que se discutirá a lo largo de esta semana. Señalan que el texto no refleja gran parte de las propuestas clave y preocupaciones de la sociedad civil:

1. El tratado debe centrarse en poner freno a las empresas transnacionales, tal y como indica la resolución original 26/9, con el fin de limitar la impunidad corporativa. 
2. Debe establecer explícitamente la primacía de los derechos humanos sobre los tratados comerciales.
3. Debe ser vinculante, permitiendo juzgar y establecer condenas a las corporaciones y reparación a las víctimas.
4. Debe implicar a toda la cadena de producción de las empresas, y su cambio de nombre o su adquisición por parte de otra empresa no debe eximirlas de su responsabilidad.

Las organizaciones consideran un avance que el Gobierno español participe en la sala al margen de la Unión Europea que, a pesar de las resoluciones aprobadas a favor del tratado en el Parlamento Europeo, no se pronuncia sustantivamente. Pero no es suficiente, la posición del Gobierno debe ser más ambiciosa y situarse del lado de la sociedad civil, las poblaciones afectadas. Su posición, así como la de la Unión Europea, son clave para lograr un Tratado vinculante.

Karin Nansen, presidenta de Amigos de la Tierra Internacional ha señalado “que los defensores de derechos humanos y del medio ambiente están en primera línea, enfrentándose a los ataques e intimidaciones perpetradas por multinacionales. Este tratado representa el fin de la impunidad, para acabar con las violaciones de derechos y garantizar el acceso a la Justicia para las personas afectadas”. 

Desde el pasado fin de semana, Ginebra acoge movilizaciones y acciones de la sociedad civil, que exige un tratado vinculante y denuncia las negociaciones de los mecanismos de arbitraje entre inversores y estado (ISDS por sus siglas en inglés) que también están en proceso durante estos días en Viena en el seno del UNCITRAL. 

***

Notas: 

Campaña Global para desmantelar el poder corporativo.

(1) Este mandato es resultado de la Resolución 26/9 adoptada en el Consejo de Derechos Humanos en 2014.

(2) Lista de firmantes del un tratado que blinde los derechos humanos.