Convocan el próximo 14 de marzo una concentración ante el Ministerio de Justicia reivindicando un cambio normativo que estabilice al personal temporal de larga duración
- La Coordinadora Madrileña de Emplead@s Públic@s en Fraude de Ley apela a la sentencia emitida el pasado 22 de febrero por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que estima la fijeza como una solución adecuada al abuso de temporalidad sufrido por este personal.
- El TJUE reconoce que el Estado español no ha trasladado correctamente la normativa comunitaria a nuestro ordenamiento jurídico y rechaza la figura del indefinido no fijo y las indemnizaciones al cese como sanciones válidas. También rechaza los procesos de estabilización que no cumplen con la Directiva Europea.
- La temporalidad entre el personal público de la Comunidad de Madrid alcanza un 40% de los trabajadores/as, pero son numerosos los servicios donde llega a más del 90%, especialmente en el sector sanitario y en la atención a la dependencia. Además está fuertemente feminizado: aproximadamente un 70% son mujeres, con edades entre 45 y 55 años, y cuyo cese les aboca indudablemente al paro de larga duración y la exclusión social.
La Coordinadora Madrileña de Emplead@s Públic@s en Fraude de Ley, ha organizado para este jueves 14 de marzo a las 18:00 h. una concentración ante el Ministerio de Justicia (C/ San Bernardo, 45), para reclamar que el Gobierno realice las modificaciones normativas necesarias para trasladar efectivamente a nuestro ordenamiento el Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada recogido en la Directiva 1999/70/CE, reformando el Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) para permitir la conversión en fijo del personal que se encuentre en abuso de temporalidad.
Los fraudulentos procesos de “estabilización” llevados a cabo en la Comunidad de Madrid pueden suponer el cese de una gran mayoría de trabajadoras y trabajadores de los Servicios Públicos madrileños, que la negligencia de nuestra Administración ha mantenido en precario, en muchos casos, hasta dos y tres décadas, vulnerando la normativa española y europea. Las consecuencias de esta nefasta gestión se traducirán en indemnizaciones por cese y despido de más de 60.000 trabajadores/as temporales a cargo del erario público, y el deterioro y el abandono de la mayoría de los Servicios Públicos.
12 de marzo de 2024. Coordinadora Madrileña de Emplead@s Públic@s en Fraude de Ley.
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