Redacción •  Cultura •  09/07/2019

Las mujeres en el centro de la defensa de los derechos humanos en Mesoamérica: 2.197 agresiones a defensoras entre 2015-2016

  • Viernes 12 de julio a las 19:00, en Barcelona (C/ Junta del Comerç, 20, piso principal).
  • “Alerta Defensoras. Mujeres en lucha por los derechos humanos en Mesoamérica”, documental producido por Calala Fondo de Mujeres y SUDS.
Las mujeres en el centro de la defensa de los derechos humanos en Mesoamérica: 2.197 agresiones a defensoras entre 2015-2016

Mesoamérica vive actualmente un contexto de violencia y de violaciones a los Derechos Humanos en el que las mujeres tienen un papel central en los movimientos sociales, sobre todo en lo referente a la defensa de la tierra y los territorios y los derechos sexuales y derechos reproductivos. Esto las ha convertido en objetivos prioritarios de gobiernos, transnacionales y ejércitos que defienden los intereses de las élites que sustentan el poder político y económico.

Según el último informe de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de los Derechos Humanos se reportaron 2.197 agresiones entre 2015-2016, de las cuales, 22 han sido asesinatos. Esta situación se ha visto agravada desde entonces, siendo reportados 9 asesinatos de defensoras de la región en tan solo los tres primeros meses de 2018.

Este proyecto documental, en el que han colaborado organizaciones como la IM-Defensoras, Pikara Magazine, Cooperativa Cooptècniques y la periodista Saioa Baleztena, basa su desarrollo en la hipótesis de que en la defensa de los derechos humanos y en las violencias a las que se enfrentan las mujeres por sus actividades sociales y políticas hay un “componente de género”.

Cuando las defensoras participan activamente en política se genera rechazo social. Generalmente cuentan con menos apoyo por parte de sus familias, comunidades y organizaciones. Incluso reciben presión para dejar su tarea y se las acusa de no ser “buena madre y esposa”. Según datos de la IM-D (2013-2014), el 4% de las defensoras han sido expulsadas de sus comunidades.

Además, se evidencia un alto componente de género en las agresiones a estas defensoras: agresión verbal misógina, acoso sexual, violaciones sexuales, violencia de parejas o familiares, referencias a los roles tradicionales de género, etc.

Dentro del conjunto de personas que se denominan defensoras en la región,  las defensoras de la tierra y el territorio son el colectivo más agredido. Si bien Mesoamérica no es una región que contribuya de manera preponderante al cambio climático, sí sufre las consecuencias. Los megaproyectos de empresas transnacionales que explotan y agotan los recursos naturales atacan a las comunidades que se oponen, respaldados por los sistemas políticos de ideología neoliberal que priman los intereses de las grandes empresas frente a los bienes colectivos.

Los mismos gobiernos de los países son identificados por las organizaciones sociales como los principales responsables de las violencias, la inseguridad y la violación de los derechos humanos de las poblaciones más excluidas: mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes fundamentalmente. Estos mismos gobiernos han venido implementando sistemáticamente reformas estructurales que se han materializado en la privatización de los bienes naturales en los diferentes países.

Por último, la defensa de los Derechos sexuales y Derechos reproductivos en una región que alberga 3 de los 8 países del mundo que mantienen una prohibición absoluta del aborto, supone un riesgo muy elevado. Las violencias a este colectivo cuentan con un elemento diferenciador a las agresiones de otros colectivos de defensoras: las agresiones a este colectivo incluyen una alta proporción de asesinatos, especialmente a la comunidad LGBTI.

Actualmente, en El Salvador se dictan penas por aborto (hasta por 30 años) como “homicidio agravado”, y más del 90% de las muertes maternas en el país son prevenibles. En Honduras existe una penalización total, incluida la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia, donde el 25% de las adolescentes son madres. Nicaragua, por su parte, eliminó en 2006 todas las opciones que existían para interrumpir un embarazo, después de 169 años de parcial despenalización.


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