Agencia Telesur •  Internacional •  12/12/2023

Bolivia apuesta por la no mercantilización ante cambio climático

La Conferencia sobre el cambio climático COP28 inició el pasado 1 de diciembre en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

Bolivia apuesta por la no mercantilización ante cambio climático

El Gobierno de Bolivia refirió su apuesta este lunes en la 28 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28) por mecanismos no basados en la mercantilización y en los mercados de carbono como la principal solución para enfrentar la crisis climática global.

“Bolivia postula la puesta en marcha de mecanismos no basados en la mercantilización y en los mercados de carbono como la principal solución para enfrentar la crisis climática global, además el fortalecimiento de la visión de los Pueblos Indígenas y Comunidades Locales para enfrentar esta crisis”, señaló el director general del Vivir Bien y Política Exterior de la Vicepresidencia de Bolivia, Diego Pacheco.

La autoridad boliviana explicó que en esta versión de la COP28 “existe una fuerte presión de los países desarrollados de eliminar los principios de equidad y responsabilidades comunes pero diferenciadas, por el cual estos países tienen la obligación de tomar el liderazgo en la reducción de emisiones para luchar contra la crisis climática, y además proporcionar los recursos financieros y la transferencia tecnológica hacia los países en desarrollo”.

Al puntualizar que los resultados de la COP28 tendrán que dar respuesta a la solución global de la crisis climática, Pacheco indicó además que debe existir un mayor esfuerzo para que los países desarrollados cumplan con sus compromisos.

Manifestó que los países del sur reclaman que no ha existido la provisión prometida de financiamiento climático y tampoco la tecnología para enfrentar los problemas de la crisis.

Uno de los ejes centrales de la COP28, que inició el pasado 1 de diciembre en Dubái, Emiratos Árabes Unidos,  y concluye este martes, está relacionado con un convenio de todos los países sobre la primera evaluación de la implementación del Acuerdo de París que fue aprobado en el año 2015.


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