Redacción •  Actualidad •  28/12/2023

El Gobierno aprueba el Séptimo Plan de Gestión de Residuos Nucleares

  • La aprobación del Séptimo Plan de Gestión de Residuos Nucleares es un hito imprescindible que los anteriores gobiernos llevan tratando de evitar durante años.
  • Para el Movimiento Ibérico Nuclear, del que forma parte Ecologistas en Acción, el plan contiene buenos aspectos, como el abandono del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca).
  • Sin embargo, según las organizaciones, el retraso de una solución definitiva a 2073 es una política de residuos negligente que equivale a “dejar la basura radiactiva a las puertas de las centrales durante más de 40 años”.
  • El plan sigue teniendo importantes ausencias, como la gestión de posibles fallos en los contenedores de residuos o la necesidad de cerrar y no ampliar el Cabril.
El Gobierno aprueba el Séptimo Plan de Gestión de Residuos Nucleares

Según el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), del que forma parte Ecologistas en Acción, la aprobación del Séptimo Plan de Gestión de Residuos Nucleares es un hito fundamental para definir y asentar la política sobre residuos radiactivos. Los gobiernos anteriores llevan años evitando las cuestiones peliagudas de la gestión de los residuos nucleares, de forma que el plan anterior ha estado vigente durante 17 años, todo un récord. La ausencia de esta planificación ha generado enormes problemas durante estos años y ha complicado los procesos de cierre de las centrales ante la falta de instrucciones para la gestión de los residuos nucleares radiactivos.

Para las organizaciones ecologistas y antinucleares, el nuevo plan es un paso imprescindible porque “ya era hora de saber qué se va a hacer con los residuos radiactivos”. Además, el plan presenta una clara mejora respecto al anterior: el abandono del ATC, el Almacén Temporal Centralizado de los residuos radiactivos de alta actividad. Esta instalación, que iba a ubicarse en Villar de Cañas (Cuenca), implicaba el traslado de más de medio millar de contenedores radiactivos por las carreteras del Estado español para almacenarlos durante décadas y luego moverlos de nuevo a otro almacén definitivo (el Almacén Geológico en Profundidad. AGP).

Ante la aprobación de esta normativa, el MIA recuerda que la mejor gestión de los residuos nucleares es no generarlos, por lo que reitera su exigencia de cierre inmediato de todas las centrales nucleares: “La incapacidad de los anteriores gobiernos de abordar una gestión adecuada de los residuos nucleares está provocando una mala y peligrosa gestión de los mismos”.

La falta de una planificación adecuada a tiempo ha provocado la autorización de almacenes temporales individualizados (ATI) en el exterior de centrales nucleares para almacenar la totalidad de los residuos de alta actividad originados durante más de 40 años. Algo que equivale, según las organizaciones, “a sacar la mierda radiactiva a la puerta” y supone elevar el riesgo nuclear.

Para la organizaciones, resulta inaceptable que el Séptimo Plan de Gestión de Residuos Nucleares retrase la operación del almacenamiento definitivo hasta 2073. Es decir, se tardarán casi 40 años en dar una solución a los residuos nucleares de alta actividad, permaneciendo hasta entonces en el entorno de las centrales nucleares, manteniendo e incrementando el riesgo nuclear.

El MIA insiste en que es prioritario que se avance, agilice y adelante una solución definitiva, comenzando por exigir transparencia a la empresa pública para la gestión de los residuos nucleares (ENRESA), quien debe de informar a la sociedad de los conocimientos de que disponga, de los detalles de las estimaciones de coste que se dan en el séptimo plan y de cómo se espera financiarlos.

Según los datos disponibles, las empresas eléctricas que se han lucrado con la electricidad nuclear no aportan lo suficiente para la gestión de esos residuos; unos fondos que irán disminuyendo a medida que se cierran las centrales. Si no se soluciona, será la ciudadanía quien nuevamente terminará pagando una gran parte del coste de la actividad del oligopolio eléctrico (Iberdrola, Endesa y Naturgy).

Todavía quedan importantes cuestiones sin resolver en el Séptimo Plan de Gestión de Residuos Nucleares, como qué hacer cuando un contenedor almacenado en el entorno de la central durante años sufra cualquier problema que eleve sus emisiones radiactivas y, por tanto, sea necesaria la intervención humana en unas instalaciones adecuadas. El plan da una indicación vaga al respecto: se trasladarían al lugar que tenga esas instalaciones.  Según el MIA, «es inaceptable que se recorran las carreteras del país con material de alto nivel de radiactividad en condiciones inseguras. Consideramos que cada lugar de almacenamiento debe ser capaz de afrontar una situación de ese tipo”.

Además, las organizaciones han puesto como ejemplo El Cabril, un almacén definitivo de residuos de Muy baja (escombros), Baja y Media Actividad (que son peligrosos entre 60 y 300 años) ya que va a recibir una ingente cantidad de residuos de esos desmantelamientos. “Las instalaciones de Baja y Media se colmatarán con el desmantelamiento de Garoña. Para el desmantelamiento del resto se requiere una ampliación del almacén. Pero El Cabril está en un lugar de alto valor natural, lejos de todas las centrales nucleares y fue designado a dedo. Esta situación debe corregirse, no continuar e incrementar ese error”, añaden.

Las organizaciones antinucleares han concluído: “Un nuevo plan de residuos es muy necesario, pero quedan cuestiones muy importantes por definir. Este plan es una muestra clara de cómo la energía nuclear es cara, sucia y peligrosa. Tras más de medio siglo de operación de las centrales nucleares, todavía no existe una solución satisfactoria para los residuos radiactivos. Es un terrible y envenenado legado a cientos de generaciones futuras que hay que abordar antes de que desaparezcan sus responsables”.


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