Alberto Garzón, sobre las pretensiones de los países «frugales»: «no está en nuestra hoja de ruta recortar pensiones»

Los problemas de Holanda con su deuda privada o la voracidad de los fondos de pensiones privados sobre las deudas públicas soberanas, entre otras cuestiones, están en el fondo del bloqueo de las conversaciones en la Unión Europea para encontrar un procedimiento común de intervención en la crisis del Covid-19 que financie los gastos derivados de la parálisis económica, en particular en los países más azotados, Italia y España. En la cumbre europea que se desarrolla desde el pasado viernes, la propuesta inicial para el fondo anticrisis vía transferencia, cifrada en 500 mil millones de euros y 250 mil millones en préstamos, se ha rebajado ya a 390 mil millones, y los países denominados «frugales» (Austria, Países Bajos, Dinamarca, Suecia) aún piden reducirla a 350 mil millones a costa de incrementar la parte destinada a préstamos con intereses. Además, Holanda presiona para tener capacidad de vetar el desembolso de los fondos de recuperación por medio de la unanimidad en la decisión de aprobar los planes nacionales financiados por Bruselas.

El Ministro de Consumo se refirió el pasado 18 de julio al intento por parte de Holanda y otros países del norte de Europa de repetir las recetas austericidas para la salida de la crisis sanitaria, tal y como se hiciera en 2008. Esto es, condicionar los fondos europeos para el rescate o la reconstrucción al cumplimiento de recetas inspiradas en la doctrina neoliberal. Preguntado sobre si España está dispuesta a recortar pensiones a cambio de conseguir los fondos europeos, Garzón aclaró que «no está en absoluto en nuestra hoja de ruta» y que la «pandemia no atiende a criterios ideológicos»: «cualquier plan y fondos tienen que estar destinados a corregir desequilibrios, eso es lo que plantea el Gobierno de España. Entendemos que claro que hay que hacer reformas estructurales, pero reformas para corregir esos desequilibrios«.

Garzón recordó algunas de las deficiencias «elementos o lagunas» del proyecto europeo por resolver aún, «tales como la armonización fiscal o la armonización en términos políticos».

Sobre la sentencia del alto Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre las claúsulas abusivas de la banca privada, que dictaminó el pasado 16 de julio que las cantidades pagadas en concepto de gastos de hipoteca a raíz de una cláusula declarada abusiva deben ser devueltas al consumidor salvo que el derecho nacional disponga lo contrario, Garzón apuntó que «hay una pelea por la interpretación jurídica», pero «parece evidente que la sentencia del Tribunal Europeo dice algo distinto a la Sentencia del tribunal Supremo», y ese «algo distinto» implica que «deberían correr los bancos con ese coste«, aunque «para ello habrá que utilizar la vía judicial»: «Desde el Ministerio de Consumo vamos a coordinar a las comunidades autónomas que quieran sancionar a los bancos que han usado cláusulas abusivas en las hipotecas. La competencia es suya».

Sobre la estrategia política del PP, el ministro de consumo cree que «la oposición, con el PP a la cabeza, solo tiene como objetivo derribar al gobierno de la nación […] Es evidente que el Partido Popular está en una estrategia de desgaste al Gobierno usando cualquier excusa y muy lejos de lo que cabe esperar de un partido de la oposición en tiempos de Europa y de crisis».