El Gobierno argentino anula los contratos de los peajes que Macri le entregó a Abertis (Florentino Pérez)

El presidente de Argentina ha anulado los contratos del expresidente Macri con Florentino Pérez por corrupción, fueron unos 500M€ a los argentinos con los peajes de las autopistas.

Alberto Fernández y Gabriel Katopodis anunciaron que el Gobierno nacional inició una acción judicial para lograr la nulidad de los contratos de concesión de las autopistas de los accesos Norte y Oeste firmados por la gestión de Mauricio Macri con la empresa española Abertis, de Florentino Pérez.

El presidente dijo que los contratos con las firmas Autopistas Del Sol S.A. (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO) «son absolutamente distorsivos y han generado un enorme daño económico al Estado y a los usuarios».

Las concesiones de Ausol y GCO (firmas en las que el Grupo Socma tuvo parte del paquete accionario) vencían en 2020, pero dos años antes Macri «renegoció» el contrato y extendió el período hasta 2030. Pero además le hizo una serie de beneficios que en el gobierno consideraron «escandalosas».

Hoy, el presidente de Argentina ha anulado los contratos del expresidente Macri con Florentino Pérez por corrupción. Un robo de 500M€ a los argentinos con los peajes de las autopistas. En España los medios de comunicación no dirán nada. pic.twitter.com/tetMpWKalo

— Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) September 15, 2022

Las empresas Ausol (Autopistas del Sol) y GCO (Grupo Concesionario del Oeste) tienen como accionista mayoritario a la concesionaria española de autopistas Abertis. Esta empresa está participada al 50% por la constructora ACS de Florentino Pérez (un 20% a través de su filial alemana Hochtief) y su socia italiana Atlantia. Concretamente, Abertis posee el 31,59% de Ausol, junto a otros socios como la italiana Salini-Impregilo (19,82%) y la argentina Natal Inversiones (14,12%), mientras que el 34,47% restante cotiza en bolsa. Igualmente, la concesionaria española posee, a través de su filial Acesa, el 42,87% de GCO, junto con la malaya IJM Corporation (20,1%) y el Fideicomiso de Administración Supervene I (5,73%), mientras otro 31,3% cotiza en bolsa.

Cómo eran los contratos

Las concesionarias firmaron con el Gobierno anterior acuerdos que «comprometían» al Estado, con un impacto económico total para los usuarios de casi U$D 2.000.000.000, informaron el Presidente y el ministro.

Para cumplir la obligación de pago incluida en los acuerdos firmados, y según la solicitud de actualización tarifaria presentada por AUSOL y GCO en mayo de 2022, la tarifa debería aumentar, en promedio, 20 veces en el Acceso Norte y más de 10 en el Acceso Oeste.

Así, en las estaciones «Debenedetti» y «Márquez», del Acceso Norte, actualmente un automóvil paga en hora pico y de modo manual $80 pesos, una tarifa que fue fijada por Vialidad Nacional en febrero de este año.

Conforme a la solicitud presentada por AUSOL, esa tarifa debería ser de $1.830.

La dolarización de los contratos de las autopistas

Y precisó: “En primer lugar, se estableció sin ninguna justificación, sin ningún parámetro ni ninguna base objetiva, una deuda a favor de las empresas concesionarias. En el caso de Ausol en 540 millones de dólares, y en el caso de GCO S.A en un monto de 272 millones de dólares. Un total de 813.143 millones de dólares”.

“La segunda cuestión es la dolarización de ese contrato. Desde hace años, rige un marco legal y normativo en Argentina que establece que todos los contratos deben ser pesificados, pero en esa renegociación el gobierno del expresidente Macri les otorga una dolarización, sin ningun componente que lo justifique”, sumó Katopodis.

Asimismo, explicó que un tercer elemento que da cuenta de las irregularidades de ese contrato es que “se determinó un ajuste del 8 por ciento anual. Lo que le permite a ambas empresas tener una rentabilidad extraordinaria”.

Una deuda a pagar en 10 años

Y para completar ese marco de decisiones, sostuvo Katopodis, que «para nosotros conllevan a un verdadero negociado de los peajes, se estableció que esa deuda se iba a pagar a lo largo de 10 años, tiempo por el se iba a prorrogar el contrato».

“Por ley estaba establecido que el contrato terminaba en 2020, pero de manera absolutamente arbitraria se determinó prorrogarlo hasta el 2030, por ende están vigentes”, enfatizó el ministro.

En esa misma línea, explicó: “En ese plazo lo que se iba a privilegiar era el pago de la deuda. Se modificaba la ecuación económica financiera privilegiando el pago y la compensación de la deuda a las empresas y postergando las obras y las mejoras, que tienen que ver con el objeto central de un contrato de concesión”. “En definitiva lo que se hizo fue transformar un contrato de concesión en un pagaré a sola firma”, afirmó.

Luego de explicar las razones que dan cuenta del negociado de Mauricio Macri con las empresas concesionarias de los peajes, Katopodis señaló que, por pedido del presidente de la Nación, se dará inicio a las acciones legales correspondientes, “para que sea la Justicia la que declare la lesividad y la nulidad absoluta de este contrato”.

Con información de Público, Página 12 y La Política Online