Por Andalucía lleva al Parlamento la modificación del Estatuto del Empleado Público para “ayudar a la inserción laboral de personas con discapacidad”

La portavoz adjunta de Por Andalucía, Esperanza Gómez, ha anunciado que en el orden del día del próximo pleno en el Parlamento andaluz, se someterá a votación una modificación dentro del Estatuto Básico del Empleado Público, relativa a la adecuación de las pruebas de acceso a la función pública para las personas con discapacidad intelectual y, así, “ayudar a mejorar la vida de miles de andaluces y andaluzas”, que, si prospera en Andalucía, se elevará al Congreso de los Diputados.

“Más allá de la reserva de plazas para ese colectivo, que ya existe por Ley, nuestro objetivo no es más que una pequeña modificación en la norma que, en cambio, ayudará a la inserción laboral de miles de andaluzas y andaluces”, destaca Gómez.

De hecho, la diputada por Sevilla explica que la modificación del punto 1 del artículo 59 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, establece de manera literal la adición de que “en el caso de las personas con discapacidad intelectual, consistirán (en referencia a los procesos selectivos) en una prueba de situación”, es decir, un examen para que la persona que opta a un determinado puesto pueda demostrar su capacidad para realizar, efectivamente, las tareas concretas contempladas para dicho cargo, “evitando que tenga que someterse a un examen sobre contenidos ajenos a esas labores”.

En este sentido, Esperanza Gómez asegura que, en Andalucía, “miles de familias se ven impotentes ante la frustración de sus hijos e hijas a la hora de estudiar y afrontar exámenes, que poco tienen que ver con la realidad, una vez pasado el proceso de selección”, y recuerda que, tal y como recogen otros países de Europa y nuestro marco normativo federal, “las pruebas de acceso a la función pública para personas con discapacidad deben adaptarse a sus condiciones y limitaciones específicas” yendo “mucho más allá que la mera reserva de puestos para personas con discapacidad intelectual”.

Por último, la diputada, ante las altas tasas de desempleo dentro del colectivo de personas con discapacidad, cerca de un 65%, especialmente dramáticas entre los jóvenes, confía en que la modificación del Estatuto Básico del Empleado Público prospere y que posteriormente se pueda elevar al Congreso de los Diputados para su desarrollo marco en el resto del Estado.