Más oferta y dinero público para las constructoras: el Gobierno de Sánchez rescata los mantras de la patronal inmobiliaria

El 11 de abril, el presidente del Gobierno, se ha reunido con representantes del sector inmobiliario. Más allá de la presencia testimonial de algunos agentes sociales, era una reunión principalmente empresarial. Los centenares de miles de afectados por los desahucios no estaban en la mesa, pero sí quien los había ejecutado, como la Asociación Española de Banca. No estaban quienes sufren subidas abusivas de alquileres, o los contratos fraudulentos de temporada, pero sí la patronal de las constructoras.

Permitir la expulsión injustificada de miles de hogares inquilinos, la subida de rentas sin control o los fraudes de ley sistemáticos, como el cobro de gastos inmobiliarios o el uso fraudulento de los alquileres de temporada, son solo algunas de las prácticas sistemáticas que utilizan los grandes promotores y comercializadores de vivienda, pero también todo tipo de rentista, para anteponer la especulación al derecho a la vivienda. Acabar con estos y otros abusos hacia quienes vivimos de alquiler, ayudaría a solucionar el problema de los altos precios y la inestabilidad a la que se ven abocados los hogares inquilinos.

Pero hoy, la ministra Isabel Rodríguez ha vuelto a poner en el centro uno de los grandes consensos de la patronal inmobiliaria: la falta oferta de vivienda. La realidad es que cuando hablan de crear oferta, se están refiriendo a construir, que es lo que interesa a la patronal. En la línea de la modificación de la ley del suelo aprobada recientemente, la receta es la misma que la de la burbuja inmobiliaria: barra libre para rescatar al sector. Y las consecuencias serán las mismas: nunca se ha creado tanta oferta como en la burbuja, nunca ha subido tanto el precio como en la burbuja.

Hay soluciones mucho más baratas, rápidas y efectivas para crear oferta asequible: bajar los alquileres por ley, limitar los pisos turísticos, evitar el fraude de los alquileres de temporada y de habitaciones, evitar la acumulación de pisos vacíos… el problema es que esas son justamente las soluciones que van contra el negocio de los que estaban en la reunión. Y es precisamente por ello, que la ministra Rodríguez ha renunciado a invitar a los sindicatos de inquilinos y a las organizaciones que realmente identifican las causas de las vulneraciones del derecho a la vivienda y conocen sus consecuencias de primera mano.

Hoy se ha vuelto a plasmar el problema de fondo: cuando hay negocio para los grandes, no hay derecho a la vivienda. Y Pedro Sánchez ha vuelto a priorizar el negocio de la vivienda frente al derecho a la vivienda.

Por ello los Sindicatos de Inquilinas, ante la apuesta del gobierno, continuaremos confrontando las políticas de especulación que dan alas a la patronal inmobiliaria y sobre todo, seguiremos organizándonos bloque a bloque, barrio a barrio, ciudad a ciudad, construyendo espacios de contrapoder que impongan mejoras reales, obligando a bancos y grandes propietarios convertir nuestras demandas en realidad y en definitiva, ejercer por la práctica nuestro derecho a la vivienda.