Ecologistas en Acción reclama a la Junta de Andalucía transparencia activa y respeto para el Consejo de Participación de Doñana en la gestión del espacio protegido

Ecologistas en Acción recibe con estupor las últimas noticias sobre la expulsión de Doñana de la prestigiosa Lista Verde de la Unión para la Conservación de la Naturaleza (UICN) aparecidas en prensa, que están causando un gran revuelo en la sociedad. 

El Consejo de Participación de Doñana, y Ecologistas en Acción como entidad integrante, debía haber tenido conocimiento de las cartas que la UICN ha remitido a la Junta de Andalucía para estudiar conjuntamente las soluciones viables al problema, puesto que el Consejo comparte la responsabilidad de la gestión para la conservación de este espacio natural.

Desde que le fuera comunicada a la Junta la regresión a estatus de Doñana como Área Protegida Candidata a formar parte de la Lista Verde en agosto, ha habido tres oportunidades de informar sobre ello al Consejo de Participación, en los plenos convocados, y varias oportunidades para haberlo comunicado en las distintas comisiones de trabajo que han tenido lugar. La UICN es la entidad supranacional de asesoramiento científico de la UNESCO en relación a los lugares Patrimonio de la Humanidad de carácter natural.

La falta de información y transparencia para con el Consejo de Participación, que es el órgano garante de la gobernanza y coordinación interadministrativa efectiva que exige la Constitución, así como las escasas ocasiones en que son convocados su pleno y sus comisiones de trabajo, pueden estar siendo las causas principales de una explosión de desorden que, desde hace unos años, está devaluando y deteriorando Doñana.

La zona de influencia de Doñana y todos los espacios protegidos conectados a ella está asistiendo al incumplimiento sistemático de leyes y planificación, con una absoluta falta de gobernanza y gestión para la conservación. El acoso y derribo a la integridad de Doñana solo puede conllevar un quiebro en la calidad socioeconómica de los habitantes de la zona, el descrédito para el proyecto de excelencia de la Marca Doñana.

La función principal del Consejo de Participación es garantizar la gobernanza para la sostenibilidad tanto de los municipios de la zona, como de los espacios naturales que les proveen los recursos que les dan riqueza. Por ello, es una falta de respeto a este órgano y a todas sus entidades integrantes, así como para las poblaciones locales y el resto de la ciudadanía, que no se cumplan el reglamento y las leyes que regulan el funcionamiento del Consejo de Participación, manteniéndolo desinformado de los asuntos que le conciernen. 

Se está manteniendo al Consejo de Participación sin información y, por tanto, al margen de la toma de decisiones de gestión en procedimientos como la reapertura de la mina de Aznalcóllar, proyecto considerado por la Unesco como riesgo inminente que afectará a los valores de Doñana. No en vano, cada año, desde hace un lustro, la UNESCO insta a España a que les remitan los planes sobre riesgos y emergencias, que deben tener en cuenta que se trata de un Patrimonio de la Humanidad, debiendo ser sometidos a la revisión de la UICN “tan pronto como estén disponibles y antes de que se tome una decisión sobre la reapertura de la mina”. Sin embargo, ya está aprobado el Dictamen Ambiental, y la autorización sigue su trámite que podría estar finalizado para cuando el Pleno del Consejo se reúna de nuevo, en primavera o verano de 2024. 

Respecto a los atropellos de lince ibérico, han muerto 14 de los 16 atropellados en la comarca Doñana-Aljarafe. Y han sobrevivido 22 de los nacidos en libertad. Se trata de un grave asunto que debiera ser tratado en la comisión correspondiente y llevado al pleno, para realizar un trabajo de gestión conjunto y no simplemente explicar que se han adoptado medidas sin explicar, debatir y consensuar. Se han gastado muchos millones de euros en la recuperación del lince ibérico para que hayan muerto por atropello casi en igual número que los que han sobrevivido de las camadas.

En el pleno del pasado lunes fue puesto en conocimiento del Consejo el protocolo de acuerdo de colaboración entre Junta de Andalucía y Gobierno de España para el desarrollo socioeconómico sostenible del área de influencia del Espacio Natural de Doñana, el cual tiene aún por delante un arduo trabajo de planificación y elaboración de proyectos que deberán ser correctamente evaluados conforme a las directivas europeas. 

Hay otros asuntos que debía haber conocido y posiblemente informado reglamentariamente el Consejo, como son el deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre, que ha estado en periodo de alegaciones; el vertido previsto de 1.600 metros cúbicos a la hora todos los días durante año y medio de las aguas ácidas que contiene la abandonada corta de Aznalcóllar, mediante una tubería que la llevará al río Guadalquivir, frente al estadio de La Cartuja; la apertura de una mina en Escacena del Campo (Huelva) y el vertido de sus aguas mineras; la influencia de los dragados de mantenimiento del río Guadalquivir, las actuaciones para afrontar los efectos del cambio climático, etc.

Por todo ello, para Ecologistas en Acción la actitud de la Junta de Andalucía no puede ser culpar al equipo de evaluación o al Comisario Europeo de Medio Ambiente, tampoco infravalorar los instrumentos internacionales más reputados. La actitud constructiva debe ser de autocrítica, de transparencia, de respeto y colaboración, y de cambio de paradigma en la gestión de Doñana y su zona de influencia. 

La organización ecologista está dispuesta a trabajar en esa línea porque solo así se podrá recuperar la calidad en la gobernanza y conservación de Doñana, accediendo, por ejemplo, de nuevo a la obtención del distintivo de calidad ahora cancelado, pudiendo concluir el procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea relativo a la sobreexplotación del acuífero, aunando protección natural a saneamiento de economía local y a futuro sostenible, desde la transparencia con el Consejo de Participación y creando los instrumentos para blindar Doñana de toda posible agresión a sus valores naturales, presente o futura, por mínima que pueda parecer.