Redacción •  Memoria Histórica •  29/01/2023

38 años de la ejecución de Jorge Sagredo y Carlos Topp en Chile, agentes de policía responsables de una oleada de homicidios

  • Los dos agentes de policía fueron los últimos presos ejecutados en Chile en 1985.
  • El caso conmocionó a un Chile de los años ’80 que vivía bajo la dictadura militar de Augusto Pinochet.
38 años de la ejecución de Jorge Sagredo y Carlos Topp en Chile, agentes de policía responsables de una oleada de homicidios

El 29 de enero de 1985, los carabineros Jorge Sagredo Pizarro, de 29 años, y Carlos Topp Collins, de 34, fueron ejecutados por un pelotón de fusilamiento en la pequeña ciudad de Quillota, Chile. Entre agosto de 1980 y noviembre de 1981, estos dos jóvenes agentes de los carabineros aprovecharon su pertenencia al cuerpo policial para cometer 10 homicidios y 5 violaciones a ciudadanos aleatorios en Viña del Mar.

Las víctimas, escogidas de forma aparentemente aleatoria en uno de los destinos más turísticos del país, comenzaron a inundar las portadas y las páginas de sucesos de todo el país.

Las primeras víctimas serían Enrique Gajardo Casales, electricista y profesor de tecnología, y su pareja, violada por los autores. Las víctimas fueron detenidas mientras iban en su vehículo en las inmediaciones del Jardín Botánico, un Mini Cooper que posteriormente fue abandonado por los autores del crimen en la Avenida España.

El crimen fue rápidamente sucedido por otro en las mismas circunstancias, cuando otra pareja, Luisa Fernanda Bohle y su pareja, el médico Alfredo Sánchez. La pareja detenida de forma idéntica, siendo Sánchez asesinado por un disparo a quemarropa y Bohle violada violentamente por los perpetradores del crimen.

A lo largo del siguiente año, crímenes idénticos se sucedieron. Hasta 10 personas fueron asesinadas y 5 violadas durante la oleada de asaltos.

Mientras los delitos teñían las páginas de los periódicos y llenaban los informativos televisivos, la hipótesis de ocultamiento comenzaron a surgir entre la opinión pública. La aparente incapacidad de las fuerzas policiales y las autoridades, en un país marcado por la represión y el silencio, comenzaron a despertar las sospechas que apuntaban a los propios cuerpos de seguridad.

De hecho, dos investigaciones paralelas, una liderada por el comisario Nelson Lillo, de la Policía de Investigaciones, y otra por el Coronel Urzúa, del cuerpo de Carabineros, chocaron desde los primeros meses.

La investigación de Lillo condujo a la detención del empresario Luis Eugenio Gubler Díaz. Gubler, director del Banco Nacional y además hijo de Luis Gubler Escobar, presidente de la Compañía Sudamericana de Vapores.

Gubler era además hijo del dueño de la Sudamericana de Vapores, a la cual pertenecía embarcaciones como el Lebu y Maipo, utilizadas como campos de concentración y tortura después del 11 de septiembre de 1973, en los primeros meses de la dictadura de Pinochet. Gubler hijo fue activo miembro de Patria y Libertad, la organización que combatió al Gobierno de Allende, y poseía una cadena de empresas en tres países sudamericanos donde daba empleo a chilenos refugiados o exiliados, de quienes obtenía información sobre la Resistencia en el exterior.

Sin embargo, la investigación de Lillo fue completamente denostada por autoridades superiores, liberando a Gubler, que acusó al comisario de haber obtenido una confesión bajo mecanismos de intimidación.

Por su parte, la investigación de los carabineros condujo a la detención de sus propios agentes Sagredo y Topps, que confesaron la totalidad de los crímenes siendo condenados a muerte el 8 de enero de 1983. Las autoridades judiciales procedieron a cerrar el caso, aunque la opinión pública jamás se sintió del todo satisfecha con la versión oficial, imperando un clima de profunda desconfianza durante años.

Las oscuras circunstancias de los sucesos, unidas al clima irrespirable de la tardía dictadura chilena, incrementó la impopularidad del régimen de Pinochet. El elemento de conspiración de personas profundamente influyentes y con conexiones con el régimen, no facilitaron la desaparición de estas sospechas.

Sagredo y Topps serían finalmente ejecutados el 29 de enero de 1985. Serían los últimos presos sometidos a la pena de muerte en Chile, suspendida tras el fin de la dictadura en 1990 y finalmente suprimida del Código Penal del país en 2001.

Mientras tanto, 38 años después, los crímenes del conocido caso de los Psicópatas de Viña del Mar, una combinación de sucesos truculentos, conspiraciones de altas esferas y rumores en la opacidad de una dictadura represiva, quedó grabado en la memoria colectiva del pueblo chileno.


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