Solicitantes de asilo son expulsados del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) en base a una sanción sin respaldo legal

Melilla, 22/04/24.

Hace unas semanas se aplicó una medida sancionadora de expulsión temporal sin respaldo jurídico a, al menos, 5 solicitantes de asilo residentes del CETI. Se les notificó este procedimiento mediante una diligencia sin la correspondiente motivación y sin respaldo legal en la normativa aplicable. Posteriormente se les expulsó del centro sin posibilidad de presentar alegaciones previas a la ejecución de la sanción. Hoy lunes 22 de abril, 3 personas más han sido expulsadas del centro.

Las personas expulsadas se encuentran ahora en situación de calle, sin acceso a alimentos ni servicios, algunas de ellas durmiendo debajo del puente en frente del propio CETI, enfrentándose a condiciones extremadamente precarias y de vulnerabilidad.

Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se permite la ejecución, desde hace años, de expulsiones temporales sin base legal de residentes de los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla. A los residentes solicitantes de asilo expulsados se les prohíbe ingresar al centro por períodos de días o incluso meses. Parece que estas medidas irregulares se utilizan como métodos de castigo. En este contexto, en enero de 2023 un joven residente del CETI de Ceuta se quitó la vida mientras se encontraba en situación de calle tras haber sido expulsado durante un mes de dicho centro en base al mismo tipo de sanción a la que nos referimos¹.

Desde Solidary Wheels y otras organizaciones de derechos humanos denunciamos las siguientes irregularidades:

1. Absoluta falta de transparencia en los mecanismos de funcionamiento del CETI: no existe normativa clara y transparente sobre los protocolos y procedimientos internos en la gestión del centro, contando únicamente con lo establecido en el Real Decreto 220/2022, de 29 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento que regula el sistema de acogida en materia de protección internacional y en el manual de gestión del sistema de acogida de protección internacional en los que no se hace referencia alguna a la posibilidad de imponer este tipo de sanciones.

2. Falta de motivación de las sanciones impuestas: se ha observado una falta de claridad en la justificación de las expulsiones de los residentes. Las medidas tomadas parecen carecer de base legal y se ejecutaron sin ofrecer a los afectados la oportunidad de presentar alegaciones o explicar sus acciones.

3. Ausencia de información sobre el proceso sancionador: los residentes del CETI no han sido informados sobre los procedimientos disciplinarios, únicamente recibieron al entrar al centro un tríptico informativo con imágenes sobre las normas de acceso. La falta de transparencia en este aspecto ha generado confusión y desconfianza.

4. Falta de proporcionalidad en las sanciones impuestas: Se cuestiona la severidad de las medidas disciplinarias tomadas por el CETI. En lugar de considerar alternativas menos perjudiciales, parece que se optó por la expulsión sin tener en cuenta las circunstancias individuales de cada caso.

Estos acontecimientos evidencian la necesidad urgente de una revisión exhaustiva de los procedimientos disciplinarios en los CETI de Ceuta y Melilla. Es fundamental garantizar que cualquier medida tomada esté respaldada por una justificación clara y se ajuste a la normativa y al respeto de los derechos humanos. Las expulsiones, la falta de claridad y las decisiones que parecen tomarse al azar² generan una absoluta inseguridad jurídica y una desprotección a las personas solicitantes de asilo. Estas medidas de supuesto castigo han dejado claro que el CETI está vulnerando los derechos fundamentales de las personas solicitantes de asilo al expulsarlas de sus instalaciones y dejarlas en la calle, sin ningún tipo de alternativa habitacional en la ciudad, enfrentándose a una situación de extrema precariedad y peligro.