Antonio Maíllo y Ángela Aguilera registran la enmienda de totalidad de Adelante Andalucía a los PJA

A LA MESA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA

El Grupo Parlamentario Adelante Andalucía (AA), de acuerdo con lo previsto en los artículos 110 y 130 del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente ENMIENDA DE TOTALIDAD CON PROPUESTA DE DEVOLUCIÓN al Proyecto de Ley 11-19/PL-000002, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2019.

JUSTIFICACIÓN

• Premisa

Los presupuestos son una de las principales herramientas de dirección política y económica de las instituciones públicas. No es solo un conjunto de elementos contables y de normas fiscales y financieras. Es la expresión de la acción de los poderes públicos en ámbito económico, productivo y social.

Estos presupuestos son malos para Andalucía y para el pueblo andaluz. Son malos porque siguen alimentando las causas de los problemas estructurales del pasado. Son malos porque no responden a las necesidades y exigencias del presente y porque no permiten abordar los retos del futuro.

Los efectos de la crisis del 2007 y de las políticas neoliberales que se han intensificado a partir del 2010 han sido extremadamente duros para la mayoría social andaluza. Lo han sido para trabajadores, para los parados y para las pensionistas. Lo han sido también, y de forma extraordinariamente dura, para aquellos sectores que ya experimentaban una mayor situación de vulnerabilidad, como las mujeres, los jóvenes y las personas migrantes. Entre otras, estas políticas han tenido como consecuencia que en los momentos de crecimiento económico los elementos positivos se han repartido de manera desigual, favoreciendo la acumulación y la concentración de la riqueza en manos de una minoría ganadora y ahondando las diferencias sociales, facilitando que Andalucía sea ahora más desigual que hace una década.

La imposición de la ideología de los recortes y de sus postulados, frutos de la reforma del artículo 135 de la Constitución Española, han erosionado considerablemente el sector público y el estado social. Han afectando a la capacidad de las instituciones públicas, en particular a nivel autonómico y local, de garantizar el acceso universal a los servicios públicos fundamentales y la protección social de la gran mayoría de la población andaluza, como la posibilidad de influir en el ámbito económico y productivo para implementar las medidas necesarias para facilitar el desarrollo de Andalucía y su convergencia real con el conjunto de España y de la Unión Europea. Los últimos diez años han sido una década perdida para Andalucía, que ha vuelto al furgón de cola de las denominadas regiones europeas, y que presenta hoy prácticamente la misma diferencia en PIB per cápita con la media del conjunto del Estado que hace 20 años.

Asumir, de forma acrítica, la Vulgata neoliberal de la contención del gasto, ha ido acompañada en esta última década de una progresiva reducción de la capacidad de recaudación y por una reforma en clave regresiva e insolidaria del conjunto del sistema tributario autonómico andaluz. Estos presupuestos, no solo asumen, sino que endurecen este marco fiscal, determinando una consolidación de los recortes, el ensanchamiento de la brecha social y territorial y limitando las posibilidades de gasto en todos los ámbitos productivos, económicos y sociales que dependen de la acción de gobierno de la Junta de Andalucía.

El conjunto de estas políticas de ámbito fiscal, económico y social ha facilitado la rápida destrucción de empleo en los años de crisis, así como el aumento de la precariedad y del subempleo de cada vez más capas sociales de la población andaluza, reforzando las condiciones de dependencia estructural de la economía andaluza y su estatus de economía periférica especializada en sectores de bajo valor añadido y de bajos salarios. Estos presupuestos, deliberadamente, obvian la resolución de estos problemas estructurales y agravan los patrones negativos del actual modelo económico de Andalucía e imposibilitan un año más un proceso de transformación del actual modelo productivo.

Por todo lo expuesto, estos presupuestos, que endurecen las políticas de austeridad, de contención del gasto y de reducción de ingresos, facilitan la pérdida de la autonomía real de las instituciones autonómicas andaluzas, propician una mayor fragilidad del actual modelo económico y productivo, hacen imposible la convergencia territorial, ponen en peligro la sostenibilidad en clave social del Estado de Bienestar, impiden un reparto ecuánime de los beneficios del actual crecimiento y pueden propiciar una intensificación de la desaceleración económica.

No podemos terminar sin señalar que las cuentas para el 2019 se presentan tarde y mal, en un contexto político post-electoral de dura competición entre las fuerzas de las derechas que conforman y apoyan el actual Gobierno. Una competición que se libra en un marco ideológico de fondo compartido y que presenta una profunda visión neoliberal en el ámbito económico, una propensión mal disimulada hacia un modelo territorial centralista en el ámbito institucional y un rechazo radical de la diversidad y de la pluralidad que afectan principalmente a los migrantes, a las minorías y a las mujeres. Es fácil comprobar cómo estos presupuestos se forjan asumiendo el discurso ultraderechista que afecta en particular los derechos civiles, las políticas de género y las necesarias medidas de reparación con respeto a la memoria histórica y democrática de Andalucía.

• Los presupuestos de la austeridad y  de la falta de credibilidad en los ingresos.

El marco fiscal que asume el actual Gobierno de la Junta de Andalucía en la elaboración de los presupuestos incorpora de forma acrítica los postulados de las políticas de austeridad, del control de gasto y de las reformas tributarias en clave regresiva. Estas políticas han sido un verdadero lastre para el crecimiento y el desarrollo de Andalucía.

En primer lugar, asumen una senda de déficit y unas reglas fiscales  extremadamente rígidas, primando el pago de la deuda por encima de la reversión de los recortes y del aumento de las inversiones necesarias para la convergencia territorial. Además, se intensifica la política de erosión de las arcas públicas a través de reformas fiscales que se concentran en los impuestos directos, que son los que garantizan la progresividad del conjunto del sistema.

El objetivo del déficit del 0,1% refleja la senda de déficit incluida en el último Plan de estabilidad aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy y no tiene en cuenta la disponibilidad y la posibilidad de una mayor flexibilidad por parte del Gobierno Central, de hasta un 0,3%, tal y como se planteó en la última negociación con la Comisión Europea y en los últimos objetivos de estabilidad presentado por la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado del 2019.

Desde el gobierno se han planteado como meta conseguir superávit en el ejercicio 2021, un ajuste excesivo y que solo puede damnificar al crecimiento, intensificando la desaceleración económica experimentada en los dos últimos años y afectando a la creación de empleo. Sólo una senda de reducción de déficit más paulatina puede favorecer una mejora sustancial de las variables macroeconómicas.

En la última década se han intensificado, tanto a nivel estatal como autonómico, las políticas de desfiscalización que han mermado los ingresos públicos, erosionando la capacidad recaudatoria de las haciendas públicas y han afectado la capacidad redistributiva del sistema tributario andaluz. Estas cuentas siguen el mismo sendero marcado por las reformas fiscales que puso en marcha el anterior gobierno de Susana Díaz, que ya asumió todos los preceptos neoliberales de Ciudadanos en temas tributarios, modificando los tipos marginales del IRPF y reduciendo su progresividad; pero que también asumió con las dos modificaciones del Impuesto de Sucesiones y Donaciones que tan drásticamente redujo su capacidad recaudatoria. Estas reformas han hecho descender los ingresos de la anterior legislatura en casi 400 millones de euros.

Esta propuesta de presupuestos para el año 2019 que nos trae el gobierno de la Junta de Andalucía incluye la práctica desaparición del Impuesto de Sucesiones y Donaciones y una reforma escalonada en cuatro ejercicios del Impuesto sobre Rentas de las Personas Físicas. Dicho de otro modo, estas reformas minan profundamente los principios de progresividad, igualdad y justicia fiscal del conjunto del sistema tributario andaluz.

Estas modificaciones, sumadas a las reformas llevadas a cabo por el anterior Gobierno de Susana Díaz, pueden llegar a costar a las arcas públicas andaluzas recursos por valor de 720 millones de euros en la legislatura. Además, el actual Gobierno de la Junta se mueve en la dirección opuesta a la que debería tomar, ya que España, y las comunidades autónomas en su conjunto, presentan un peso de los ingresos sobre el PIB que es actualmente casi 7 puntos menos que la media de los países de nuestro entorno, según datos del 2017.

Esta política fiscal, denominada por parte del mismo Gobierno de la Junta como “Bajada Masiva de Impuestos”, sí que representa un serio peligro para lo que quede del Estado de Bienestar, escondiendo una destrucción masiva de derechos y ensanchando de manera preocupante tanto la brecha social interna como la brecha territorial entre Andalucía y el conjunto del Estado. Son unas reformas que beneficiarán únicamente al 0,7% más rico de los contribuyentes, que ven aumentado de manera considerable sus privilegios y sus beneficios fiscales.

El marco fiscal de austeridad, que estas cuentas asumen, reducen los recursos disponibles para la financiación de los servicios públicos fundamentales, cosa que es particularmente grave teniendo en cuenta la infrafinanciación estructural que sufre Andalucía, cuestión que ha sido señalada en las conclusiones del Dictamen de la Comisión de Hacienda y Administración Pública en relación con el Informe del Grupo de Trabajo relativo a la Reforma del Sistema de financiación autonómico de la legislatura pasada, votado por el 90% de los miembros del Parlamento en la sesión plenaria de 22 de marzo de 2018. Además, esta pérdida estructural de ingresos tiene consecuencias en el cómputo del gasto a efectos de la regla de gasto de la LOEPSF. El Grupo Adelante Andalucía no puede permitir ni avalar otra pérdida estructural de ingresos, máxime cuando se reivindica una financiación justa para Andalucía y la reforma del actual sistema de financiación. Nuestro grupo considera una incoherencia pedir más recursos en el reparto vertical entre Administración General del Estado (AGE) y comunidades autónomas al mismo tiempo que se implementan políticas que merman la recaudación autonómica. Además, el modelo relacional propuesto entre las comunidades autónomas es el de alimentar una competencia fiscal en las principales figuras tributarias, cuestión que no solo va en contra del dictamen del citado Grupo de Trabajo, sino que puede ser enormemente perjudicial para Andalucía teniendo en cuenta su inferior capacidad fiscal.

En el lado de los ingresos, las cuentas parecen camuflar los efectos de las reformas fiscales puestas en marcha por el Gobierno de la Junta de Andalucía y, a nuestro parecer, no reflejan cómo van a afectar a la recaudación. Las previsiones de este gobierno son demasiado optimistas y no son compatibles con la política tributaria que está implementando. Son especialmente poco realistas las previsiones de los ingresos directos y la previsión de los tributos previos, que suben muy por encima del aumento del PIB nominal.

Pero inflar las cifras de recaudación, a pesar de la puesta en marcha de las políticas tributarias que provocan una reducción de ingresos, ha sido una práctica habitual en los años de crisis, especialmente en los años de M. Rajoy y del señor Montoro. Así lo hicieron con los presupuestos generales del estado en los ejercicios 2013-2018: ni una sola vez la liquidación final de los ingresos tributarios ha cubierto los ingresos presupuestados, quedándose siempre por debajo de las previsiones, con un descuadre total, en el periodo considerado, de más de 30 mil millones de euros, demostración que la teoría neoliberal según la cual reduciendo los impuestos se recaudaría más no para de ser una falacia sin fundamento empírico. Un descuadre en las previsiones de ingresos es particularmente grave porque se traduce después en recortes y en medidas extraordinarias de congelación del gasto, que es lo que ha pasado en más de un ejercicio con el uso de la no disponibilidad de créditos por parte del entonces Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

• Los presupuestos de la consolidación de los recortes y de la erosión de servicios públicos

Andalucía es una de las comunidades autónomas donde más se recortó en los servicios públicos fundamentales y en políticas sociales, como efecto de la contención del gasto y del control fiscal asfixiante al cual fueron sometidas las instituciones descentralizadas del Estado a partir del ejercicio del 2010. Además bajo la gestión del Gobierno de M. Rajoy, Andalucía sufrió un evidente maltrato en el reparto de los recursos del sistema de financiación autonómica, maltrato cuantificable en uno 5.700 millones de euros, al cual hay que sumar la no aplicación de la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía sobre el reparto proporcional en términos poblacionales de las inversiones territorializadas incluidas en los Presupuestos Generales del Estado en todo el periodo 2009-2018 y la falta de suficiencia del Fondo de Convergencia Interterritorial, que han determinado en esta década la pérdida de más de 5 mil millones más en inversiones reales. La falta de estos recursos legítimos ha causado una mayor intensidad de los recortes e implicado el uso de recursos propios que hubieran sido necesarios para facilitar la convergencia territorial entre Andalucía y el conjunto del país.

Teniendo en cuenta, de este modo, la intensidad de los recortes, el argumento propagandístico de que los Presupuestos para el 2019 serán los “más sociales de la historia”, no se sustenta de ninguna manera en los hechos. Afirmamos sin fisuras que estos presupuestos siguen consolidando los recortes del gasto público y del gasto social puestos en marcha tras la crisis. Los datos al respecto son claros.

Si consideramos el conjunto de las políticas de gasto, al neto del pago de la deuda, de estos presupuestos, y lo comparamos con la cifra de los presupuestos del 2009, podemos constatar cómo el gasto público de este proyecto de presupuesto es inferior al gasto público de 2009, tanto en términos nominales, como en relación al PIB nominal. El conjunto de las políticas de gasto presupuestadas, al neto del pago de la deuda, en 2019 es de 31.921.705.732 euros, mil millones menos que en 2009, es decir, un 3,2% menos en comparación con la cifra de los presupuestos de hace justo una década. Como no se tiene en cuenta el dato de la inflación, estos datos son en realidad aún más reseñables.  En este sentido, es aún más indicativo valorar la significatividad de las políticas de gasto sobre el PIB nominal de este ejercicio presupuestario y compararlo con el dato del 2009.

En el año 2009 el conjunto de las políticas de gasto en relación al neto del pago de la deuda representaban el 22,4% del PIB a gastos corrientes, justo 4 puntos porcentuales menos que el porcentaje de la propuesta presupuestaria del 2019. Podemos afirmar que con respecto al nivel de gasto de hace 10 años se ha consolidado en estos presupuestos un recorte de gasto público autonómico de casi siete mil millones de euros, como resultado de las políticas de austeridad y de los efectos perversos de las reglas fiscales y de la contención del gasto. Si nos concentramos sobre el gasto social, relativo a los llamados servicios públicos fundamentales (sanidad, educación y servicios sociales), en relación al PIB nominal se pasa del 13% de 2009 al 11,7% de 2019 y si le añadimos las políticas de empleo y de vivienda (considerando estas políticas como necesarias y esenciales en la posibilidad de acceso a derecho sociales y existenciales fundamentales), el gasto social sobre el PIB nominal pasa del 14% al 12,3%.

En el caso de las políticas de educación, además, no solo se consolidan los recortes sino que empeora significativamente la situación si la comparamos con los presupuestos de los ejercicios anteriores, ya que la subida del 3,5% de las partidas previstas en este ámbito se encuentra 0,3 puntos por debajo, en términos porcentuales, que la subida prevista del PIB nominal. Es por ello que, en el caso de la educación, no podemos hablar de otra cosa que de recortes encubiertos. Además el aumento, con respecto a los anteriores  presupuestos del 2018, de los recursos destinados a la educación concertada (+6,8%) es un 80% mayor que el aumento del conjunto de los recursos destinados a las políticas educativas, señalando una apuesta clara en términos ideológicos del actual Gobierno para la privatización de la educación y el desmantelamiento de la educación pública. No solo nos encontramos con uno de los presupuestos más perjudiciales para la educación pública de la última década, sino que volvemos a alejarnos en manera significativa del objetivo de suelo mínimo de inversión en educación pública del 5%.

En cuanto al gasto en Sanidad pasamos de un nivel de gasto del 6,8% sobre el PIB nominal del 2009 al 6% de estos presupuestos, porcentaje que está muy por debajo del nivel mínimo de inversión deseable -7%-, teniendo en cuenta además que el gasto per cápita en salud en Andalucía es el más bajo de todo el conjunto del Estado. Cabe señalar que, según hemos observado en el caso del plan de choque puesto en marcha por la actual Consejería para reducir las listas de espera, la consolidación de los recortes se acompaña de una mayor apuesta por las externalizaciones y las privatizaciones. Unas externalizaciones que ya puso en marcha el gobierno del PSOE y de Ciudadanos.  El propio gobierno tiene claro que su presupuesto no va a incidir de manera apreciable en la vida de los andaluces y andaluzas, pues llegan a afirmar que “ninguno de los determinantes de salud (renta, educación, prácticas saludables de la población, recursos, efectividad del sistema sanitario…) va a conocer cambios relevantes en el próximo ejercicio” (Memoria del presupuesto página 504).

La mayor parte de los recursos son destinados a personal, pero no al refuerzo mediante la incorporación de un número relevante de efectivos, sino a mejoras retributivas del personal ya contratado. Esas mejoras, que podemos compartir en lo referido a la recuperación de derechos perdidos por los y las trabajadoras durante los últimos años, son más dudosas cuando suponen la equiparación salarial, por ejemplo, de médicos con dedicación exclusiva y médicos que también trabajan en la sanidad privada. Contrasta la universalización de lo que hasta ahora era la exclusividad médica con el mantenimiento de las diferencias salariales entre auxiliares administrativos y administrativos del SAS, aunque en la práctica desarrollen las mismas funciones.

El presupuesto carece de objetivos y medidas concretas para mejorar las políticas de salud en general y la atención sanitaria en particular en la Andalucía rural, ignorando con ello, igual que antes, fenómenos como la despoblación o el envejecimiento de la población de estos núcleos, y la necesidad de mejorar sus condiciones de vida con una mejora notable de los servicios públicos a su disposición.

Como era de esperar, el actual gobierno confirma y amplía los conciertos sanitarios privados. Si durante los últimos cinco años el porcentaje de utilización de prestaciones sanitarias en centros privados ya se situaba en un preocupante 27, 49%, para el presupuesto de 2019 presentan un incremento que sitúan en el 28,54%, lo que se traducirá en la atención de 257.082 personas en centros privados. (Página 488 de la Memoria).

Con respecto a los servicios públicos es importante destacar que cada vez más juegan un papel esencial, en términos competenciales, las entidades locales, competencias que no se traducen en una mejor financiación. La infrafinanciación de las entidades locales es funcional a las políticas de privatizaciones y de externalizaciones, que afectan tanto a los servicios públicos como al acceso a los mismos de toda la ciudadanía. En lo que se refiere a la financiación local en este proyecto de presupuestos se mantiene el incumplimiento con el conjunto de municipios con una ridícula subida de 9 millones de la PATRICA. Esto hace que se acumulen 111 millones de euros a la deuda histórica que mantiene la Junta con los pueblos y ciudades andaluzas que alcanza ya los 771 millones de euros. No hay excusa económica que valga para auto-incumplir la ley andaluza de financiación local. No hay excusa política que justifique que tan sólo dos meses después de aprobar una PNL al respecto no se contemple tanto los 600 millones por ley como una partida para recuperar en cuatro años lo que se le debe a los Ayuntamientos.

El Gobierno de la Junta de Andalucía con estos presupuestos vuelve a obviar soluciones reales al problema de la desigualdad y la exclusión social que siguen siendo problemas estructurales del actual modelo económico y social y que cada vez más ponen en peligro la cohesión social. Ya en el pacto de Gobierno de las dos principales fuerzas de la actual mayoría se podía apreciar la total inexistencia de medidas de calado que pudieran permitir reducir drásticamente las cifras de pobreza. Una de las medidas que más han destacado los expertos para luchar contra la pobreza severa es la existencia de una Renta Mínima de Inserción. En ese sentido el estatuto de autonomía de Andalucía, en su artículo 23.2, de forma ambiciosa, reconoce el derecho a una renta básica que garantice unas condiciones de vida digna y a recibirla, en caso de necesidad, de los poderes públicos con arreglo a lo dispuesto en la ley. Nuestro grupo parlamentario está de parte de la legalidad vigente y del texto autonómico. Es por ello que ha defendido, en todos los foros y espacios en los que ha podido, la existencia de esta Renta Mínima, dotándola del presupuesto suficiente para que cumpla su función.

Save The Children ya alertó de que, con el anterior gobierno, esta partida era completamente insuficiente y no solucionaba los problemas de pobreza severa de las 150 mil familias que se encuentran en esta situación en Andalucía. A pesar de ello el nuevo gobierno ha decidido recortar la partida de Renta Mínima de Inserción Social en el 30%, pasando  de 198 millones a poco más de 130 millones.

A entender de este grupo parlamentario, esta decisión no sólo atenta contra el texto estatutario andaluz, sino que se muestra del todo ineficaz e injusto. Se ha demostrado una y otra vez que las sociedades más justas, que atacan la raíz de la desigualdad, son las sociedades más eficaces y que crecen de forma más sostenida y sostenible en el tiempo. La decisión del gobierno de PP y Ciudadanos de recortar esta partida es un error con el que nuestro grupo parlamentario no puede estar de acuerdo.

Mientras que unas partidas se recortan, otras aumentan. Entre las primeras decisiones del gobierno, destaca también el reiterado anuncio de la reducción de altos cargos. Si se observa su retribución en la partida correspondiente de los presupuestos de la Junta de Andalucía, se aprecia un total de 218 personas forman parte de la cúpula de dirigentes de la Junta de Andalucía, agrupadas en 169 altos cargos y 49 delegados o asimilados. En este sentido, la variación respecto del año anterior es de tres altos cargos menos, una cifra muy lejana de las ambiciosas proclamas con las que el “Gobierno del cambio” comenzó su andadura. Es más, del elevado gasto del Gobierno anterior en esta partida se pasa a un mayor dispendio, puesto que, a pesar de la reducción de los tres puestos, del coste total en 2018, de 18.101.155 euros, se pasa a 18.318.070 euros en la propuesta de 2019. Un gasto superior en 216.915 euros que solo obedece a una subida de sueldo para los altos cargos, que poco tiene que ver el cambio real que necesita Andalucía.

Se echa en falta además una apuesta clara para medidas que pueden solucionar el dramático problema de la vivienda, ya que la subida descontrolada de los precios de alquiler y la imposibilidad de acceso a una vivienda digna es a día de hoy es uno de los principales obstáculos a la formación de nuevos hogares y a la estabilidad existencial de miles de jóvenes andaluces y andaluzas. El irrisorio peso de las políticas de vivienda en el conjunto del presupuestos (0,2% sobre el PIB nominal, un tercio del nivel de gasto del 2009 y 10 veces menos que la media de los países de nuestro entorno) indica que este Gobierno no quiere asumir un papel central en la regulación del mercado y en garantizar, por ejemplo a través de la conformación de un parque de vivienda pública en alquiler social, el acceso a la vivienda a todas las familias andaluzas. Se sigue apostando por la lógica del pelotazo y de la especulación inmobiliaria, como se evidencia en la intención de modificar la actual ley del suelo, tirando así de la construcción como uno de los principales motores del crecimiento económico.

El bajo nivel de gasto en los servicios públicos fundamentales y la consolidación de los recortes en estas partidas chocan con el aumento de la deuda tanto en términos nominales como en términos relativos. En el 2009 la deuda pública andaluza era de 10.062 millones, el 6,9% del PIB. Actualmente (según datos del 2018) ha llegado a los 35.409 millones, el 21,9% del PIB con un aumento de más del 252% en apenas diez años. Además, el peso del pago de la deuda incide en manera significativa sobre las posibilidades de gasto, ya que se puede comprobar cómo su peso sobre el PIB nominal se ha triplicado en una década pasando del 0,8% al 2,6% de estos presupuestos.

Es la demostración que las políticas de austeridad y de control presupuestario no han servido ni para cumplir el principal de su objetivo, ya que han determinado una espiral de insuficiencia de recursos, aumento de la deuda y consolidación de la recortes de la que es muy difícil salir sin un cambio sustancial de las políticas económicas.

Finalmente, es evidente que una parte significativa de esta deuda ha sido determinada por la insuficiencia estructural de financiación que ha sufrido Andalucía a partir del 2009 y que los mecanismos extraordinarios de liquidez (como el FLA) puestos en marcha por los Gobiernos de Mariano Rajoy han empeorado la situación. Esta circunstancia ha incidido sobre la autonomía política, institucional y presupuestaria de Andalucía, como consecuencia de las mayores restricciones a nivel de gasto que impuso la adhesión a los mismos. Se ha suplantado la financiación autonómica ordinaria, con unos mecanismos extraordinarios de naturaleza pública que han permitido un control directo de las cuentas de nuestra comunidad por parte del Ministerio de Hacienda y del Gobierno Central. Estos presupuestos parecen responder a esta lógica y, mientras priman el pago de la deuda y un mayor rigor de las reglas fiscales, reducen las posibilidades de crecimiento y facilitan el aumento de la misma. El actual gobierno de la Junta de Andalucía con estos presupuestos puede facilitar una “aguirrización” de Andalucía, socavando la sostenibilidad de las cuentas públicas y erosionando nuestro Estado del Bienestar al mismo tiempo que facilita el negocio privado en los servicios públicos fundamentales y profundiza la brecha social entre una minoría privilegiada y una mayoría desprotegida.

• Los presupuestos de la década perdida y de la divergencia territorial

Las políticas neoliberales de la última década, agudizadas bajo el último Gobierno de Susana Díaz y apoyadas por Ciudadanos, han representado un lastre para el crecimiento de Andalucía y las posibilidades de reducir la brecha territorial con el conjunto del Estado y los países de nuestro entorno. Si comparamos los datos de crecimiento del PIB real del periodo 2014-2017, podemos ver cómo mientras la economía del conjunto del país ha crecido un 13,8%, en el caso de Andalucía el crecimiento en el mismo periodo ha sido de 12,4%, 1,4 puntos porcentuales menos. Los datos relativos al PIB per cápita son los que mejor explican el proceso de divergencia que está sufriendo nuevamente Andalucía. En 2017 el PIB per cápita andaluz se quedó en el 73,6% del PIB per cápita español, es decir, los mismos niveles de 1997 y 3,5 puntos porcentuales menos que en 2007. Las previsiones de crecimiento para el 2018 y para el 2019 parecen señalar un empeoramiento de este ratio: Andalucía no solo ha dejado de converger a nivel económico con el conjunto del país sino que ha vuelto a divergir.

En el actual contexto de desaceleración económica los presentes presupuestos del Gobierno andaluz pueden ahondar esta involución, ya que las políticas propuestas pueden limitar las posibilidades de crecimiento y reducen la posibilidad de poner en marcha las medidas necesarias para la necesaria transformación del modelo productivo andaluz, la diversificación del tejido productivo y la modernización del mismo. Solo un aumento sustancial de las inversiones, de las políticas industriales y del I+D+i puede permitir poner en marcha este proceso de transición económica, condición necesaria para romper la relación de dependencia de la economía andaluza del ciclo económico y de sectores con bajo valor añadido y bajos salarios que se sustentan sobre la temporalidad y estacionalidad en el empleo y la devaluación salarial. En estos presupuestos se toma la dirección contraria con la congelación de las inversiones respecto a presupuestos anteriores y manteniendo el nivel de estas políticas de gasto muy por debajo de las cifras del 2009, siendo muy llamativos los casos del I+D+i (que pasa del 0,4% sobre el PIB nominal del 2009 al 0,29% del 2019) y de las inversiones reales (que bajan hasta el 0,7% del PIB nominal, uno de los valores más bajos de nuestro entorno).

Si el nivel de gasto en políticas de convergencia territorial (porque así deberían entenderse las actuaciones señaladas) es reducido, tampoco el marco general de acción asumido por el Gobierno de la Junta parece ser adecuado. En línea con la intervención del Señor Garicano, que dijo tajantemente no ser partidario de que la Junta de Andalucía dirija la economía andaluza, estos presupuestos indican que la filosofía general en el ámbito económico y productivo del actual consejo de Gobierno es que los poderes públicos renuncien a su papel de control y de dirección y acción económica. Responden, en definitiva, al dogma ultraliberal de “cuanto menos Estado y menos Gobierno, mejor”, que en realidad se suele traducir en “cuantos menos democracia y cuanta más libertad para unos pocos privilegiados, mejor”. Frente a esta imposición Adelante Andalucía reivindica un papel activo de lo público, tanto en la regulación como en la gestión y la dirección de los procesos económicos y productivos.

En este sentido, nos parece un disparate y un error estratégico de cara al futuro la decisión de no tener en consideración la posibilidad de que Andalucía cuente con un Banco Público de control ciudadano. Esta decisión responde claramente a la voluntad de preservar los intereses del sector bancario y financiero privado. Esta decisión priva al pueblo andaluz y al tejido productivo local de dotarse de una herramienta esencial para el desarrollo y el proceso de transformación que necesita nuestra tierra. La constitución de un Banco Público es complementamente viable en términos presupuestarios y normativos, por eso la decisión tomada responde exclusivamente a una lógica neoliberal y a intereses ajenos a los de los intereses de la mayoría social.

Cabe señalar que el marco general de las relaciones entre lo público y lo privado en los procesos de transformación económica y productiva, reflejado claramente en estos presupuestos, limita la acción del Gobierno a un mero proporcionador de ayudas, subvenciones y ayudas fiscales a empresas privadas prácticamente a fondo perdido,  cuando sería necesario lo contrario, con un papel central de empresas públicas autonómicas en los principales sectores estratégicos (como la transición energética) y caracterizados por un alto nivel de innovación. Finalmente, la apuesta para un aumento de la colaboración público-privada en ámbito infraestructurales y de inversiones estratégica responde a una lógica del pasado que, como ha señalado la misma Comisión Europea, se ha demostrado ineficaz, antieconómica y poco transparente. 

• Los presupuestos sin empleo

La crisis y las políticas neoliberales, que se han intensificado a partir del 2009, destruyeron en Andalucía, en el periodo que va del cuarto trimestre del 2007 y el cuarto trimestre del 2013, 605.000 empleos, empleos que todavía no se han recuperado a día de hoy. Además, las reformas laborales han modificado profundamente el marco normativo, contractual y negociador del mercado laboral español. El crecimiento de los últimos años en Andalucía, aunque de menor intensidad en comparación con el conjunto del país, se ha sustentado en la expansión de sectores con bajo valor añadido, que han impulsado la creación de empleo  precarizado, estacionalizado y con bajos salarios. La recuperación económica, lejos de llegar a todos los hogares andaluces, está agudizando la acumulación y la concentración de la riqueza e impulsando un aumento de los beneficios empresariales muy por encima de la recuperación salarial, que es a día de hoy prácticamente inexistente.

La creación de empleo es del todo insuficiente y raquítica. Andalucía, con más de 760 mil parados y paradas (último dato del paro registrado) y con una tasa de paro del  21,8%, seis puntos más que la media del conjunto del Estado (según datos de la EPA del primer trimestre del 2019), es uno de los territorios con el mayor desempleo de Europa, en España sólo detrás de Extremadura y con un paro juvenil del 41%. La tasa de temporalidad es del 35% (10 puntos más de la media nacional) y la de empleo parcial del 15,7%, que en el caso de las mujeres llega a ser del 27,6%; es decir, una de cada cuatro tiene un contrato a jornada parcial, dato que indica que la carga de la conciliación familiar sigue recayendo sobre las espalda de las mujeres. A nivel salarial, según los datos del Informe sobre Rentas salariales y desigualdad de CCOO del 2018, el 60% de los trabajadores cobra menos de 1000 euros mensuales y el 30% menos de 300 euros. Tener un empleo en Andalucía no garantiza salir de una condición de exclusión social y de pobreza. En este contexto laboral y de desempleo, es francamente inadmisible que la única política de gasto que sufre una reducción de alrededor de 200 millones en términos nominales sea la de empleo. Las políticas de empleo con estos presupuestos experimentan una reducción del 15% con respecto al ejercicio anterior. El nivel de gasto de las políticas de empleo ha pasado del 0,9% del PIB nominal del 2009 al 0,6% de este año. Unos datos que ponen de manifiesto que la promesa de crear 600.000 puestos de trabajo en campaña electoral  es totalmente incompatible con el marco económico y fiscal que proponen los partidos del gobierno. Para conseguir este objetivo, con los datos proporcionados en el Informe Económico y Financiero del 2019, el actual Gobierno necesitaría 10 años, ya que la previsión por el ejercicio 2019 es de solo 60 mil empleos. El gobierno admite así que el proyecto económico de las derechas en Andalucía no prima la creación del empleo como objetivo fundamental.

Unos presupuestos de un Gobierno de Andalucía que no se ponen como objetivo principal la creación de empleo, estable y de calidad y de mejorar la vida de los más de tres millones de trabajadores y trabajadoras y de encontrar una solución a las expectativas de los casi 800 mil parados y paradas, no son unos presupuestos que se merece el pueblo andaluz, y por esto merecen ser rechazados. Además, profundizando el gasto en las varias partidas que dependen de la Consejería de Empleo y Trabajo autónomo, se reduce el gasto tanto en seguridad laboral como en formación. Sólo en los meses de enero, febrero y marzo, en Andalucía, hubo 36 accidentes laborales mortales, según datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 27 de ellos se produjeron durante la jornada laboral, mientras que las nueve restantes fueron ‘in itinere’ (al ir y volver del trabajo). A pesar de eso el presupuesto contempla una reducción en la partida de Seguridad, salud y relaciones laborales de 29.907.270 euros (el 15,26%).

Finalmente, en pleno proceso de actualización y transformación de nuestra economía, a la que afecta especialmente el avance técnico y tecnológico, así como dinámicas globales, la formación y cuidado de los y las empleadas andaluzas debería ser una prioridad, enfocada al cambio de un modelo productivo que, sin embargo, nunca termina de llegar desde el gobierno andaluz y español,  que parecen preferir dejar a Andalucía como una economía periférica con un papel subalterno. No se explica de otra forma la reducción de la partida en formación profesional para el empleo, que pierde 4.553.900 euros.

• Los presupuestos que asumen el programa de la ultraderecha.

A lo largo del presente documento nuestro grupo parlamentario ha expuesto las numerosas razones por las que, entendemos, estos presupuestos no sólo son ineficaces, también son injustos y tienen una fuerte carga ideológica neoliberal. Esta injusticia ahonda en una sociedad ineficaz, incapaz de aprovechar todo su talento y potencial humano, que apuesta por seguir favoreciendo la acumulación de recursos y riquezas en unas pocas manos.

Pero no es esta la única razón que nos hace mostrar nuestro desacuerdo con estos presupuestos. Además de ineficaces, estos presupuestos se posicionan claramente con unas opciones ideológicas que, en los países de nuestro entorno, se califican como de extrema derecha. Sumándose a la ola de gobiernos que van de Brasil a Hungría, pasando por Italia, el gobierno de la Junta de Andalucía ha preferido ceder a las posiciones insaciables de una fuerza política con pocos escaños y cuyos principios ideológicos atentan, en demasiadas ocasiones, contra los derechos humanos que deberían ser el sustento de cualquier democracia respetuosa con las minorías y que garantiza las libertades de sus conciudadanos.

Uno de los casos más preocupantes es la reducción de inversión en las partidas que tienen que ver con la protección a las víctimas de Violencia de Género. Sólo en el año 2018, según los datos publicados en el informe de magnitudes en materia de violencia de género en Andalucía, publicado el 10 de enero de 2019, hubo doce víctimas mortales en Andalucía, lo que representó el 25’5% de las víctimas mortales de violencia de género del estado ese año (un total de 47). En cuanto a las víctimas de violencia de género no mortales, el número de víctimas inscritas en el Registro Central del Ministerio de Justicia fue de 7.047 en el año 2018, un 0’9% más que en el año 2017.

Por eso, desde nuestro grupo parlamentario, no podemos entender que se proponga una partida presupuestaria para la protección contra la violencia de género que sufre una reducción del 3% respecto al presupuesto del año anterior. Nuestro grupo parlamentario no entiende que se plantee una reducción de la partida cuando, en nuestra opinión, urge una subida de la misma, así como la toma en consideración de otras numerosas políticas y medidas que ayuden a luchar contra un tipo de violencia que puede sufrir, potencialmente, la mitad de la población andaluza.

Pero estos presupuestos también son un ataque a la memoria democrática de nuestra comunidad. Según los datos disponibles en la página web que tiene a tal efecto la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, a día de hoy se estima la existencia de un total de 708 fosas comunes a lo largo de todo el territorio andaluz.  De las mismas, faltarían aún por exhumar o dignificar 372, en las que habría, de forma estimada, 27.409 víctimas enterradas.

Y sin embargo la propuesta de presupuestos que nos ha hecho llegar el equipo de gobierno reduce un 7% la partida destinada a la Memoria Histórica. Nos preocupa que, en un contexto cada vez más polarizado y complejo políticamente, se pretenda borrar una parte de nuestro pasado y evitar la reconciliación política de toda la población andaluza, algo difícil cuando en uno de los conflictos más sangrientos y tristes de la historia de Andalucía se sigue teniendo a una parte enterrada en cunetas y abandonada.

Las declaraciones que han realizado a cabo los grupos políticos del gobierno, así como su socio, nos preocupan. Nos preocupa que, además de reducir las partidas presupuestarias a la protección contra la violencia de género o la memoria histórica, se asuman las posiciones ideológicas de quienes no consideran como iguales a toda la población andaluza y que expresa discriminación al colectivo LGTBI. El objetivo de cualquier gobierno que se considere justo y digno en Andalucía debería ser garantizar las libertades de la población, asegurar niveles adecuados de vida y buscar la felicidad plena de la ciudadanía. Creemos que estos presupuestos no lo hacen y que atentan de forma flagrante contra los derechos de una parte significativa de la ciudadanía andaluza.

Estos presupuestos no sólo se olvidan de una parte de la población andaluza, también dejan de mirar hacia fuera. El contexto global en el que se encuentra Andalucía por su posición geográfica y sus vínculos con los pueblos que han vivido a lo largo y ancho de nuestra tierra la deberían hacer un actor destacado en la cooperación y coordinación internacional, tanto con Latinoamérica como con la cuenca del Mediterráneo. Sin embargo la partida para cooperación para el desarrollo ha pasado de los 43.176.641€ a los 35.054.663€. Dicho de otra forma, sufre un recorte de 8.121.978€, un 18’81%. Es un incumplimiento flagrante que impide acercarnos al objetivo del 0’7%  destinado a la cooperación internacional, horizonte que, entendemos, este gobierno debería perseguir.

Andalucía debe mirar hacia dentro, hacia la gente que sufre, que trata de vivir con dignidad sus vidas. Pero también, por su papel histórico y enclave geográfico, hacia fuera. Negar la realidad que existe en nuestro entorno, sus necesidades y cómo afectan a Andalucía no sólo es una falta de ética y de moral, es también ineficaz, toda vez que nuestro territorio se ve afectado por dinámicas geopolíticas muy fuertes.

No queremos que Andalucía se coloque ni sea vista desde fuera como un aliado más en las dinámicas internacionales en las que se encuadra a Bolsonaro, Orban o Lepen. Tenemos la convicción democrática de que nuestra tierra es un lugar de acogida, que no enfrenta al último contra el penúltimo. Que es lugar de oportunidad y que trata a todos por igual. Es por todo ello que Andalucía no merece unos presupuestos que son cómplices con el patriarcado, la homofobia y el discurso del odio y la discriminación contra parte de nuestra población o que niega los peligros de la violencia de género tachándola de “chiringuito”.

Conclusión

Las cuentas presentadas por el Consejo de Gobierno para el 2019 son el resultado de una visión ideológica, política, económica y social que no puede dar solución a los problemas estructurales de Andalucía:

• La elevada concentración de la propiedad y de la riqueza, cuya principal consecuencia es un alto nivel de desigualdad y pobreza;

• La insuficiencia de recursos financieros, que no permite garantizar el acceso universal a los derechos sociales fundamentales y existenciales;

• Dependencia económica de los factores externos, característica de las economías periféricas;

• Falta de diversificación productiva y la consolidación del monocultivo productivo en varios sectores y a nivel territorial, unida a una especialización productiva en sectores de bajo valor añadido y baja productividad.

• Un mercado laboral que impide a una gran mayoría de la población la posibilidad de acceso a un empleo estable y de calidad con unas  elevadas tasas de paro, de precariedad y de subempleo.

Solucionar de forma decidida estos problemas es posible solo si se pone en marcha un cambio profundo en las políticas fiscales; si se reivindica la centralidad de la autonomía estatutaria, política, institucional y presupuestaria de Andalucía; si se garantiza y se defiende con coherencia una financiación autonómica justa para Andalucía que responda por encima de todo a los criterio de suficiencia e igualdad; si se aumenta el peso de las inversiones, en particular apostando por más innovación y desarrollo, reivindicando un papel esencial de los poderes públicos autonómicos en la regulación de los mercados y como protagonistas en el ámbito económico y productivo; si se mejora el nivel salarial y la calidad del empleo, que garantiza una mayor renta y consumo interno; si se prioriza el gasto social por encima del pago de la deuda; si se atribuye un papel esencial a las políticas de género y a la sostenibilidad medio ambiental, avanzando en la reducción de las brechas sociales y poniendo en marcha un verdadero proceso de transición energética Si, en definitiva, se asume una perspectiva en ámbito político y económico radicalmente opuesta a la que sostiene estos presupuestos.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Adelante Andalucía (AA) presenta ENMIENDA A LA TOTALIDAD al Proyecto de Ley 10-19/PL-000002, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2019, con petición de DEVOLUCIÓN DEL MISMO.

Parlamento de Andalucía, a 6 de junio de 2019

Antonio Maíllo Cañadas

Portavoz G.P. Adelante Andalucía