Parlamento de Ecuador deberá tramitar reformas a Código Penal
La Asamblea Nacional (parlamento) de Ecuador tendrá 60 días para tramitar las reformas al Código Penal derivadas de la consulta popular, en medio de la crisis de inseguridad que vive hoy el país.
Una vez que sean publicados los resultados oficiales y definitivos de las consultas de este domingo aquí, el presidente Daniel Noboa tendrá cinco días para enviar los proyectos de ley al Legislativo que implican reformas legales en materia penal y de seguridad pública.
La propuesta hecha por el mandatario y que fue llevada a las urnas, busca que los militares realicen controles permanentes de armas en las vías de ingreso a las cárceles, así como el incremento de las penas en una decena de delitos.
De igual manera, las reformas piden que los sentenciados por una docena de delitos completen toda su pena en prisión, que la tenencia de armas de uso militar y policial sea un delito, que las fuerzas públicas puedan utilizar las armas confiscadas a los delincuentes y que los bienes de origen ilícito sean traspasados rápidamente al Estado.
Aún queda por definir qué Comisiones analizarán los proyectos de ley, en esa instancia se elaborará un informe que pasará a primer debate del Pleno y los asambleístas harán sus sugerencias.
Luego dicho documento regresará a las Mesas de Trabajo parlamentarias para recoger las observaciones de los legisladores y posteriormente pasará a segundo y definitivo debate en la Asamblea.
Este lunes, Noboa agradeció los resultados de la consulta popular, aunque estos reflejan la preocupación ciudadana ante la inseguridad, por encima del apoyo a la propuesta del mandatario.
En la jornada de votación que concluyó con el 72 por ciento de participación, los ecuatorianos aprobaron nueve preguntas referentes a cuestiones de seguridad y rechazaron dos relacionadas con el trabajo por horas y el arbitraje internacional.
En opinión del economista Alberto Acosta, se impuso la defensa de la soberanía nacional y de los derechos laborales, y también el miedo que provoca la creciente inseguridad, que no encontrará una salida con más represión y populismo penal.
Expertos en materia jurídica consideran que a partir de este momento Noboa no tendrá excusas para poner freno a la inseguridad, aunque alertan que la implementación de las propuestas de la consulta no servirán de mucho si no se adoptan medidas de corte social para disminuir la desigualdad.
La consulta popular y referendo fue calificada por movimientos sociales, políticos, sindicales y estudiantiles como innecesaria y engañosa, pues consideraron que la mayoría de sus interrogantes pudo tratarse en el legislativo sin gastar 60 millones de dólares.
oda/nta
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