El SAT y la Asociación 25 de Marzo denuncian prácticas abusivas, denigrantes e ilegales de HaciendasBio en Andalucía y Extremadura

La Asociación 25 de marzo denunció a lo largo de 2019 las prácticas ilegales de HaciendasBio en Extremadura con incumplimiento del salario mínimo establecido por ley y sin abonar los atrasos acumulados además de unas prácticas vejatorias que llevaron a parte de la plantilla a parar en varias ocasiones.

La primera fue en verano de 2018, cuando varias decenas de jornaleros y jornaleras de HaciendasBio se negaron seguir trabajando hasta que no se les pagaran los salarios atrasados.

En marzo de 2019 la plantilla volvió a concentrarse a las puertas de la fábrica para reclamar la subida del Salario Mínimo Interprofesional.

Durante el verano de 2019 la Asociación 25 de marzo estuvo desplazándose a los tajos de las Vegas del Guadiana donde pudo comprobar de primera mano el incumplimiento del salario mínimo por parte de HaciendasBio y otras grandes centrales hortofrutícolas.

Como se dice en este artículo: “Para quien no la conozca, HaciendasBio es un empresa productora de fruta y verdura ecológica —con fuerte participación del grupo Agostini, vinculado a Atresmedia— propietaria de 2.263 hectáreas de cultivo repartidas en 35 fincas ubicadas entre Cataluña, Canarias, Aragón, Andalucía y Extremadura, que se ha constituido en los últimos años como el conglomerado agroindustrial líder en España en producción ecológica. Su sede central se encuentra en la finca La Albuera, un paraje rústico situado entre Mérida y Esparragalejo en el que en plena campaña agrícola llegan a trabajar más de 1.500 personas [en Extremadura]”.

En ese mismo artículo varias jornaleras extremeñas denuncian trato inhumano, insultos, amenazas, vejaciones y un incumplimiento sistemático del convenio colectivo del campo en cuanto a jornada laboral, horas extraordinarias, nocturnidad y condiciones de trabajo así como incumplimiento del salario mínimo.

Por todo ello el 26 de Julio de 2019 la Asociación 25 de marzo presentó denuncia a la Inspección de Trabajo en Mérida por las ilegalidades cometidas por HaciendasBio, entre otras grandes empresas agrarias, de la que aún no han obtenido respuesta.

A su vez el Sindicato Andaluz de Trabajadores/as acaba de hacer pública la denuncia colectiva basada en testimonios de más de 45 trabajadores y trabajadoras de HaciendasBio en Pujaire (Almería) por el incumplimiento sucesivo de la legislación laboral, del convenio colectivo que rige el sector agrícola en la provincia de Almería y el incumplimiento de las especificaciones de los organismos de certificación ecológica en los que está inscrito HaciendasBio.

Tras un intento de conciliación organizado el 19 de marzo de 2020 a través del servicio público de mediación «SERCLA» (Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía) y de numerosas llamadas telefónicas con el departamento de recursos humanos y el asesor jurídico de la empresa, «HaciendasBio » no ha emprendido ningún cambio para evitar las ilegalidades cometidas, algunas de las cuales se enumeran a continuación:

• En la empresa la mayoría de los trabajadores y trabajadoras trabajan con contratos en fraude de ley. Los contratos de obra y servicio no están justificados para la actividad habitual de la empresa. Muchos de estos contratos deberían de ser fijos ya que un número importante de estas personas tienen más de dos años de antigüedad y la empresa tiene actividad todo el año en el centro de trabajo.

• La empresa no paga las horas extras efectuadas por estas personas, ni se cotizan estas horas extras a la seguridad social.

• La empresa no paga el salario conforme a la subida del SMI que sitúa el salario por día en 58٫24 euros por 8 horas de trabajo, es decir 7٫28 euros la hora. Tampoco se permite que los trabajadores y trabajadoras disfruten de los 20 minutos de pausa que os obligatoria cuando la jornada es igual o superior a 4 horas tal y como establece el convenio provincial del campo.

• La empresa ingresa las nóminas fuera del plazo legal, normalmente paga entre el 12 y el 15 de cada mes, aquella situación causa importantes gastos a muchas de estas personas que tienen que afrontar gastos de hipotecas, consumos de agua y luz entre los días 1 y 5 de cada mes.

• El plus de transporte no se paga conforme a convenio 0٫19 euros por km.

• La empresa aplica productos fitosanitarios con los trabajadores y trabajadores dentro de los invernaderos y sin ningún tipo de protección.

• La empresa ha hecho firmar un documento, bajo amenazas de despido, en el que dice que ha entregado los EPI para todas las tareas: sin embardo NO se entregan los EPI necesarios.

• Es habitual que por las tardes el encargado quite el grifo de acceso al agua, impidiendo beber agua.

• El comedor no reúne las condiciones higiénico-sanitarias necesarias, tampoco tiene el espacio suficiente para albergar a la totalidad de la plantilla. El servicioexistente solo tienen acceso el personal de oficina y los móviles que hay cerca del invernadero no tienen agua, ni tampoco se establece un sistema de limpieza para mantenerlos.

• Algunas herramientas como los cuchillos de corte, tienen que ser comprados por la propia plantilla.

• La empresa no ha facilitado el reconocimiento médico al conjunto de la plantilla.

• Existe un continuo maltrato e insultos por parte del encargado y su mujer, aquella ejerce un mal trato continuo hacia las mujeres, ninguno de los dos llevan la formación necesaria para liderar los recursos humanos en una empresa.

Resulta evidente que aquellos tipos de negligencias (Como las que se pueden observar en el grupo «HaciendasBio») perjudican gravemente la confianza que tienen los consumidores en sus certificaciones.

A esto se le suma la denuncia de la organización campesina suiza Uniterre, perteneciente a La Vía Campesina Europa, que considera una vergüenza que en las fincas de empresas certificadas bajo la marca de BioSuisse no haya un control real de las condiciones de trabajo. No es admisible, añaden, que estos productores reproduzcan las mismas condiciones de trabajo precarias que prevalecen en la agricultura industrial, basadas en la explotación de una mano de obra migrante (Magreb y subsahariana). Y exigen un control eficaz de las condiciones de trabajo en Almería y otras regiones de riesgo en España y en otros países de la cuenca mediterránea. Añaden que las empresas ecológicas en España deben pagar a los trabajadores en acuerdo con los Convenios Colectivos de las provincias, incluyendo el salario mínimo (SMI) recientemente incrementado a nivel nacional por el gobierno español. Además deben facilitar la elección de comités de empresa que representen a los trabajadores y no tomar represalias contra los/as representantes de los trabajadores y trabajadoras (así como contra los candidatos a la representación de los/las trabajadores) a fin de permitir un diálogo social eficaz.

Por todas estas denuncias acumuladas, desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores/as y la Asociación 25 de marzo exigimos la actuación inmediata de Inspección de Trabajo y del Ministerio de Empleo para acabar con estas prácticas denigrantes para las personas trabajadoras y para que empresas de esta calaña no puedan percibir ni un euro de las gigantescas cifras de dinero público que reciben de la Política Agraria Comunitaria.