Tribunal de Ecuador define juicio o sobreseimiento en Caso Rebelión
El proceso, que data de octubre de 2019, cuando ocurrieron 11 días de protestas contra medidas económicas de corte neoliberal dispuestas por el gobierno, ha sido denunciado por numerosas irregularidades por parte de los investigados y de sus respectivas defensas.
Un tribunal de Ecuador determinará hoy si procede juicio o declaran sobreseimiento en el Caso Rebelión contra Paola Pabón, prefecta de Pichincha, Virgilio Hernández y Christian Gonzáles, militantes del Movimiento Revolución Ciudadana.
El proceso, que data de octubre de 2019, cuando ocurrieron 11 días de protestas contra medidas económicas de corte neoliberal dispuestas por el gobierno, ha sido denunciado por numerosas irregularidades por parte de los investigados y de sus respectivas defensas.
No obstante, la Fiscalía considera tener elementos de convicción para demostrar que los involucrados instigaron a la rebelión, durante las manifestaciones en las que participaron indígenas, transportistas, estudiantes, campesinos, mujeres, maestros, trabajadores y pueblo en general.
La causa fue retomada la semana pasada con la presentación de los equipos legales de Pabón, Hernández y González, quienes afirmaron que hay vicios procesales y no existen pruebas para sustentar el delito, mientras la parte acusadora también mostró documentación.
Para esta jornada están previstas las pruebas de descargo y el fallo del tribunal.
El llamado Caso Rebelión volvió a desatar denuncias de judicialización de la política, figura desempolvada desde el inicio de la administración de Lenín Moreno, quien sucedió a Rafael Correa en la Presidencia de la República en mayo de 2017.
A raíz de la reanudación de las diligencias, las muestras de respaldo a los procesados aumentaron desde dentro, mediante pronunciamientos de organizaciones sociales, defensores de los derechos humanos y civiles, juristas y representantes del pueblo en general.
En el plano internacional también son múltiples los mensajes de apoyo, desde entes como la Comisión de Internacional de Izquierda Unida, la Confederación Sindical Solidaridad Obrera, el Partido de la Izquierda Europea y el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia.
Para muchos, todo forma parte de la persecución política del gobierno nacional contra los miembros de Revolución Ciudadana y funcionarios de la llamada Década Ganada (2007-2017), período de 10 años de gestión de Correa.
‘Espero que haya una justicia sin una presión política, que actúe en el marco de la Constitución y del Código Integral Penal’, aseveró la prefecta de Pichincha sobre la diligencia, iniciada el viernes último.
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