1. Fin de la libre instalación privada de video-cámaras: Tener un negocio no puede seguir dando derecho a filmar a todo quien pase por las calles circundantes o a todo quien entre a la empresa propia. Hay un relato popular sobre un científico que metió a un ratón en una caja de muñecas para observar día y noche su comportamiento. El científico se obsesionó a tal punto en su rol de investigador que, a la postre, él mismo acabó en cierto sentido encerrado y atrapado dentro de la miniatura que él mismo inspeccionaba. Nos estamos convirtiendo en una sociedad que todo lo registra por motivos de “seguridad” y, a la vez, en una sociedad incapaz de controlar el uso del volumen informativo generado.

Nosotros proponemos convertir al Ayuntamiento en la única entidad con potestad para la instalación de video-cámaras tanto en el espacio público como al interior de un negocio. En relación a ese espacio privado empresarial, el particular podrá solicitar tal servicio y el Ayuntamiento procederá o lo denegará con arreglo a contexto, ubicación de la empresa, riesgo real de robo, etc. En cualquier caso, el interesado costeará íntegramente instalación y aparato. Quedará terminantemente prohibido el uso empresarial de video-cámaras enfocado al control de ritmos laborales, de rendimientos o como ejercicio tácito de coacción sobre los empleados.

2. Medida simétrica a la anterior: Por el derecho público a conocer cómo trabajan los “peces gordos”: El trabajo de altos ejecutivos empresariales, Directores Generales de las grandes corporaciones operantes, Cuadros administrativos, alto funcionariado, cargos políticos municipales, alcaldes..., debe dejar de ser una “caja negra” y opaca. El trabajo desempeñado en el día a día por estos profesionales debe volverse aprehensible a la mayoría social que, con sus impuestos o con su propio trabajo, está pagándoles el sueldo y recibiendo sus efectos. Por eso, a nosotros y al pueblo, sí nos interesa registrar cómo rinden y qué hacen verdaderamente estas “grandes” figuras. Para ello, no hace falta filmarles.

Bastará con la investigación consistorial de sus funciones que culmine en la redacción periódica de informes donde se contrastarán objetivos manifiestos (qué deberían estar haciendo esas figuras) con funciones reales (a qué se están realmente dedicando). Dichos informes serán suministrados a los trabajadores y empleados de base que lo soliciten, así como a la ciudadanía de Mairena en general. La demostración contrastada de disonancias entre ejercicio laboral y función teórica podrá ser en cualquier momento motivo de presentación de querellas contra el cargo, tanto por vía popular (iniciativa colectiva) como por vía municipal (el propio ayuntamiento se persona como acusador).

Así mismo, el ayuntamiento contará con economistas capaces de elaborar, dentro de dicho marco evaluativo a las grandes empresas e instituciones en Mairena, balances comparativos de cuentas entre los sueldos cobrados por esos profesionales y los beneficios públicos o generales brindados por el ejercicio real de sus funciones adscritas. El ayuntamiento legislará un máximo salarial imponible a Cuadros y altos cargos empresariales y corporativos. Sabemos que el consistorio no tiene competencia para imponer esos topes, pero sí puede cancelar contratos o licencias de operatividad a las empresas desobedientes. Por una distribución salarial justa de la masa ganancial empresarial generada, usaremos esa carta constrictiva. En lo que se refiere a la función pública, ningún Cuadro administrativo, ocupe el puesto que ocupe y por el tiempo que le lleve su ejercicio, cobrará más de lo que en España percibe un asalariado especializado promedio.

3. Fin del secreto de empresa sobre inversiones, ganancias y cuentas: Hoy, está al uso hablar de transparencia. Contra la corrupción, la vida institucional y administrativa debe quedar sujeta a su ley. Nosotros pensamos que esto es una evidencia, pero, ¿qué ocurre con la contabilidad empresarial privada?. Lo cierto es que los trabajadores acostumbran a no saber nada sobre las cuentas de las empresas para las que trabajan, y ni siquiera cuentan con mecanismos de averiguación.

Pensamos que es una necesidad de primer orden trasladar el principio de transparencia a la contabilidad de empresa. ¿Cómo puede un empresario comprarse un cochazo o adquirir una segunda, o tercera, residencia, mientras los fondos de empresa y por ende su empleabilidad peligra o es inestable?. O, alternativamente, ¿cómo puede un empresario o sus gestores de Recursos Humanos planificar despidos alegando “apuro económico” o “mala marcha de la empresa”, sin que la plantilla pueda saber si es real o no este cálculo?.

Bajo nuestro mandato municipal, la dirección empresarial va a tener el deber periódico (por ejemplo, mensual) de publicar ante los trabajadores el estado de cuentas. Y no solamente el estado de cuentas, sino todos y cada uno de los orígenes y destinos de las inversiones y transacciones de Capital emitidas. Para garantizar una transparencia real, junto al contable de empresa incorporaremos la figura de contable independiente, quien trabajará en la elaboración de esos informes conjuntos. El contable independiente podrá ser propuesto por los trabajadores organizados, o, en su defecto, por el Ayuntamiento.

A través de la transparencia contable empresarial, los trabajadores tendrán la posibilidad no solamente de saber, por ejemplo, si se les está engañando cuando se les arenga a “apretarse el cinturón” y, en definitiva, a trabajar más por menos, aduciéndose una “coyuntura negativa” o un “peligro de cierre”. La sujeción de las empresas a este imperativo de transparencia también significa dar voz y voto a los trabajadores en materia de destinos presupuestarios en la empresa. Los empresarios (o sus subalternos) dejarán, por ejemplo, de poder decidir unilateralmente destinar parte del Capital acumulado a la ampliación de capitales físicos o instalaciones, cuando esos fondos pueden ser destinados a la mejora salarial y de condiciones de trabajo y seguridad. Los desvíos de Capital hacia uso personal o familiar deberán también quedar registrados y a disposición informativa de la plantilla. Los empleados podrán obligar a empresario o directivos a hacer constar esos desvíos en el “Debe” de los archivos de cuentas, solicitar su reposición (o su compensación productiva en base a otros ingresos) y verificarla en posteriores rendiciones de cuentas.

4. Por un cambio drástico en las funciones y comportamientos de los “servicios de seguridad” y compañías: Nosotros no estamos a favor de la total eliminación de las agencias de vigilancia privadas. El motivo principal es que nosotros no acatamos tener que cubrirle al Capital comercial sus necesidades particulares de seguridad a través de la función policíaca municipal, hecho que implica un gasto en última instancia pagado por los maireneros y maireneras. Es correcto que el propio Capital comercial pague por las dotaciones que necesita. Lo que sí va a hacer nuestro Ayuntamiento es regir esas actividades en un sentido inverso a como vienen desenvolviéndose hasta ahora.

Nosotros entendemos que el cometido principal de la seguridad en contextos comerciales de galerías, complejos recreativos integrados y grandes almacenes, reside en garantizar la seguridad del ciudadano usuario y su defensa contra elementos lumpen, conflictivos o de agresión. Este cometido se ha malversado y, hoy día, los equipos de vigilancia focalizan su actuación en velar por la propiedad empresarial. En este celo, todo ciudadano se vuelve sospecho y susceptible de padecer registros, presiones y hasta agresiones por unos teóricos protectores de la clientela, devenidos agentes de empresa. Nosotros vamos a velar por revertir esta situación, inspeccionando el comportamiento de las brigadas de seguridad e inhabilitando las compañías que no se plieguen a centrarse en la seguridad y libertad del ciudadano visitante de los complejos comerciales, tanto como en la protección de su compra.

El Ayuntamiento dará facilidades para la denuncia ciudadana de los comportamientos apartados de tal imperativo. También realizaremos trabajo de campo dirigido a vigilar la acción de estas compañías y controlarlas (por ejemplo, mediante destacamentos policiales de paisano). Se tratará, en todo momento, de finiquitar la actual situación de indefensión ciudadana en la materia. Medida complementaria será la de imponer a estas compañías el endurecimiento de los criterios de admisión de personal a puestos de vigilancia, por medio de la adjunción de tests éticos y de sensibilidad civil a los psico-técnicos ya existentes.

En último lugar, pero no menos importante, haremos accesible a la ciudadanía un dispositivo de evaluación colectiva de los servicios de seguridad en complejos comerciales (cuestionarios de preguntas abiertas a cotejar con encuestas y con trabajo etnográfico para la detección y el registro escrito de los comportamientos observados). El estudio de los resultados y el enunciado de conclusiones podrá conducir a la suspensión de casos o de cargos, a la retirada de licencias a determinada compañía obligando al Capital comercial a reemplazarla por otra, o a la sanción pecuniaria o cierre preventivo de un establecimiento o complejo.

Facilitar la denuncialidad de cada guardia exige la visibilidad de su nombre, apellidos y código sobre la chaqueta o camisa del uniforme. Como es característico en el funcionamiento contemporáneo de las instituciones y estructuras formales, se aplica el principio de delegación ascendente de responsabilidades y, por tanto, la responsabilidad directa del guardia y de la compañía no exime de responsabilidad a la dirección del establecimiento y, por extensión, de la galería.

5. Lucha contra el impago del transporte público a través del abaratamiento de importes: Tras el impago del pasajero se esconden a veces situaciones de precio abusivo e irrealista; desajustado a las posibilidades del perfil popular del pasajero promedio, quien en muchos casos no dispone de capacidad de vehículo. Bajar los precios se traducirá en una reducción porcentual de usuarios que no abonan correctamente su trayecto, hecho que compensará la balanza de ingresos. Gracias a esta nueva fórmula favorecedora de los pagos, el consistorio podrá reducir su inversión en vigilancia, y, más importante aún, re-centrar sus funciones en procurar la seguridad del propio pasajero y ya no en verificar pagos. El ciudadano paga menos; todos lo casi todos los pasajeros pagan el abono correcto; el Ayuntamiento ahorra en control; el control deja de cernirse sobre el pasajero para convertirse en principio de seguridad al servicio íntegro del pasajero; el Ayuntamiento incrementa sus ingresos a revertir en la mejora y ampliación del transporte público.

6. Primacía de importancia del transporte público: Por lo demás, pondremos todo nuestro empeño en elevar el transporte público por encima del principio que actualmente lo encajona: el principio de subsidiariedad. La lógica de elección del transporte público debe ser una lógica remitida a las ventajas personales, ambientales, sociables y sociales de la elección. No una lógica del “no me puedo permitir un utilitario” o del “no hay más remedio que”.

7. Gratuidad del desplazamiento laboral de los trabajadores en transporte público: Este paso estimulará el uso de transporte público hacia el trabajo o desde el trabajo, en lugar del vehículo privado. Además, para DESPIERTA MAIRENA aplicar esta medida es una cuestión de Principio: el trabajador no se desplaza a su trabajo por gusto o por libre elección, sino porque del trabajo depende su sustento. En rigor, el tiempo de desplazamiento es parte del tiempo de trabajo funcional a la empresa. Si al trabajador no se le paga este tiempo en concepto de fracción salarial (tiempo de desplazamiento en relación al salario/hora), al menos que se le cubra a éste el coste de su transporte.

DESPIERTA MAIRENA somos perfectamente conscientes de las dificultades por las que atraviesa el tejido empresarial NO monopolista (junto con el tejido empresarial que NO es propiamente capitalista, ya que no realiza la acumulación ampliada de capitales, sino su mera reproducción simple). Tomando este condicionante en consideración, el Ayuntamiento mismo garantizará la gratuidad del transporte laboral a los trabajadores de las PYMES. La gran empresa y los monopolios operativos en Mairena deberán pagar ellos mismos este mismo servicio en relación a sus trabajadores, quedando el Ayuntamiento eximido.

* Tamer Sarkis Fernández, Asesor sociológico de DESPIERTA MAIRENA.