La Plataforma Sí a al Tierra Viva, en la que participa Ecologistas en Acción, exige a la Junta de Castilla-La Macha que cumpla con el mandato acordado hoy por las Cortes para paralizar la tramitación de los expedientes de tierras raras, invita a todos los partidos políticos e instituciones a sumarse a la manifestación del sábado y pide a los ayuntamientos que faciliten autobuses para trasladar a los vecinos.
La decisión adoptada esta mañana por el Pleno de las Cortes de Castilla La Mancha (con los votos a favor de Podemos y del PP, y en contra del PSOE) relativa a los proyectos mineros de tierras raras en Ciudad Real es valorada por la Plataforma Sí a la Tierra Viva como un importante paso adelante en la lucha por la desaparición de esta amenaza minera sobre Ciudad Real, sobre sus valores naturales y rurales.
La Plataforma Sí a la Tierra Viva lamenta que el grupo parlamentario del PSOE no se haya unido a esta lucha, que sin embargo sí respaldan algunos de sus representantes en otras instituciones. Invitamos formalmente a todos los parlamentarios regionales, al Gobierno de la Junta y a todos los cargos públicos de todos los partidos políticos a compartir con nosotros la manifestación del próximo sábado en Torrenueva. Necesitamos que estén con nosotros en la calle, defendiendo el futuro de nuestros hijos y de esta tierra. Agradeceremos su asistencia.
Lo positivo es que tras el acuerdo adoptado esta mañana por el Pleno de las Cortes, el Gobierno de la Junta tiene ya un mandato claro y contundente sobre cómo actuar a partir de ahora con estos expedientes. No hay excusas que valgan.
Desde nuestro punto de vista, el acuerdo establece varias cuestiones fundamentales.
En primer lugar, se unifican todos los expedientes evitando el fraccionamiento en 10 que se venía haciendo hasta ahora. Esta unificación obliga a hacer una Evaluación Estratégica de los impactos ambientales, no estudios parciales, como pretendían las empresas mineras y la Junta, en los que difuminar los posibles impactos.
En segundo lugar, se mandata a la Junta a archivar los proyectos que ya han ido recibiendo informes negativos de la Confederación Hidrográfica para el aprovisionamiento de agua, y los que sigan recibiéndolos a partir de ahora. Archivo que hasta la Defensora del Pueblo ha avalado por escrito y que la Junta hasta ahora no ha querido realizar.
En tercer lugar, también se reclama a la Junta que atendiendo a la falta de información y consulta ciudadana que ha existido desde el principio, se proceda también al archivo de todos los expedientes.
Y, finalmente, se exige que a partir de ahora cualquier trámite o gestión se realice con la máxima transparencia.
En definitiva, el contenido textual del acuerdo adoptado hoy por la mayoría democrática de la Cortes a partir de la propuesta presentada por Podemos es el siguiente:
Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno regional a:
1. Adoptar las medidas necesarias para unificar el procedimiento de autorizaciones de minería de tierras raras en Ciudad Real en un único proyecto,dados los efectos combinados y acumulativos sobre una misma zona, de manera que cualquier posible evaluación de impactos ambientales sea global y conjunta.
2. Realizar un procedimiento de evaluación ambiental estratégica del plan de concesiones mineras en la provincia de Ciudad Real iniciado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el año 2013.
3. Adoptar las medidas necesarias para que se proceda al archivo de las actuaciones mineras de tierras raras en Ciudad Real afectadas por los informes negativos proporcionados por la Confederación Hidrográfica.
4. Garantizar la mayor transparencia poniendo a disposición de la ciudadanía toda la información y documentación relevante relativa al estado de tramitación de los procedimientos.
Con este acuerdo, y si además de palabras hay verdadera voluntad política, el Gobierno de la Junta y el PSOE puede parar estos proyectos ya. Hasta ahora el anterior Ejecutivo del PP era el promotor inicial y principal artífice de estas actuaciones. Ahora, tras el acuerdo de las Cortes de esta mañana, el Gobierno actual del PSOE es el responsable político de que se continúe.
Desarrollo del debate
Con respecto a las afirmaciones realizadas durante el debate de esta mañana en las Cortes de Castilla La Mancha, la Plataforma Sí a la Tierra Viva cree necesario hacer algunas aclaraciones:
No es una herencia. Frente a la afirmación de los portavoces del PSOE de que se trata de una cuestión heredada del PP, los propios socialistas saben que no es así del todo. Con el PSOE al frente, la Junta tramitó dos proyectos en la actual Legislatura: el PI Tesorillo número 12.933, en el término municipal de Navas de Estena (Ciudad Real), cuyo promotor es Economía Recursos Naturales, SL; y el PI Rematamulas-2 CRC 12935 en los términos municipales de Torrenueva y Torre de Juan Abad (Ciudad Real), cuyo promotor es Quantum Minería SL. La tramitación de estos dos permisos de minería de tierras raras por parte del PSOE se hizo en idéntica forma a como actuó el PP en los ocho proyectos restantes.
En Matamulas no son sólo 300 hectáreas. Con respecto a la afirmación de los portavoces socialistas de que los proyectos de Matamulas afectan apenas a 300 hectáreas, cabe recordar que en el documento inicial de consultas previas, de noviembre de 2015, redactado por la misma compañía minera Quantum Mineria, en la p. 6, dice: ‘la extensión conjunta de la concesiones de explotación es de 49 cuadriculas mineras, equivalentes a 1.460 hectáeas… Las labores mineras quedaran dentro de este perímetro’. De hecho, la concesión de explotación, según el documento de Quantum, no solo comprende el yacimiento inicial 320 h., sino también el resto del terreno donde se construirán el resto de las instalaciones. Y es que, además, es precisamente fuera del área del yacimiento de 300 hectáreas donde tendrán lugar las actividades más peligrosas y contaminantes. Así, la planta de tratamiento de la monacita, la planta de depuración, los almacenes de residuos y estériles, las balsas con agua contaminada, etc. Además del movimiento de tierras que entran y los estériles que salen. Por lo tanto el mayor factor contaminante del proyecto no estará en las 320 hectáreas del yacimiento a que alude el PSOE, sino en todo su entorno.
Se trata de 1.240.000 toneladas de tierra al año que serán excavadas y transportadas en camiones por pistas sin asfaltar a la planta de tratamiento, donde serán de nuevo removidas antes y después del proceso de separación, y vuelta al lugar de origen.
El mismo documento de la compañía se admite que las partículas de polvo generadas por los enormes movimientos de tierra, afectarán a la función fotosintética de los cultivos a muchos kilómetros alrededor. Es decir, afectará en realidad a los cultivos y por lo tanto a las Denominaciones de Origen. Así como a los cascos urbanos próximos de Torrenueva, Valdepeñas, Torre de Juan Abad, Cózar, etc.
Sólo un aspecto más. Esta empresa minera no ha hecho un estudio previo de las direcciones predominantes de los vientos, como es lo usual en proyectos de este tipo, aun cuando la fuente de agua potable que suministra a un número de poblaciones, el Embalse de la Cabezuela, está a 8 Kms. de la planta de tratamiento.
Son más de 27.300 hectáreas afectadas en global. Frente a la negativa de los portavoces del PSOE, recordamos que la Administración ha autorizado proyectos de investigación en 27.300 hectáreas, donde las compañías mineras han hecho catas y pocillos sin Estudio de Impacto Ambiental. Eso es un hecho a constatar en el Diario Oficial de CLM. Muchas de las 3.600 catas que han sido autorizadas son verdaderas piscinas y se han hecho en cauces de ríos y en caminos públicos, como lo pueden constatar los ayuntamientos y la Confederación Hidrográfica del Guadiana, a la que la Plataforma se ha dirigido para denunciar tales catas.
Pero es que además muchas de estas catas se han hecho muy cerca (250-900 metros), o incluso dentro de los límites de zonas de protección Red Natura 2000, ZEPA "Áreas de esteparias del Campo de Montiel", "Áreas de esteparias del Campo de Montiel", como es el caso del proyecto de investigación ’Mulas’. Eso es lo que la Plataforma denuncia.
Con la Ley de Minas en la mano, las compañías a las que se han concedido autorizaciones de investigación tienen derechos de explotación automáticos sobre el total de las 27.300 hectáreas. Que los exploten o no depende de muchos factores, entre otros la viabilidad económica, pero el derecho lo tienen.
Fue el pasado febrero, después de que la Plataforma denunciase las hectáreas afectadas por los proyectos mineros que la Consejera regional afirmó en las Cortes que ya había renunciado la empresa del proyecto de ’Bailones’. Algo que se ha demostrado que no era cierto. Fue sólo una cortina de humo, calculada para confundir y desactivar en particular a la oposición de la localidad de San Carlos del Valle, donde los vecinos estaban muy alarmados por la magnitud de los proyectos mineros en su zona: 6.200 hectáreas.
Sí es posible parar el proceso administrativo. El consejero de la Junta incidió en que no es posible detenerlo hasta culminar el expediente. Es falso. Un reciente escrito de la Defensora del Pueblo explica que la decisión de desarrollar actividades mineras en la zona debe ser considerada una actividad estratégica de planificación por condicionar el actual modelo de desarrollo social, económico y ambiental. Por lo tanto, antes de haber tramitado los respectivos permisos mineros se debería proceder a realizar una evaluación ambiental estratégica para asegurar que los proyectos mineros sean sostenibles e integradores.
Considera además la Defensora del Pueblo que en esta decisión estratégica debe tener una importancia determinante la decisión de la Confederación Hidrográfica de no conceder los volúmenes de agua necesarios para esta minería, ya que se trata de una región con escasos recursos hídricos. El informe de la Confederación Hidrográfica debe ser entendido entonces como vinculante, de manera que su negativa impediría realizar los proyectos mineros.
Acceso on line al expediente. La portavoz del PSOE ha afirmado hoy en el Pleno que todo el expediente está disponible a través de internet en la web de la Junta. Y lo repitió hasta tres veces. Es mentira. Sólo está el documento ambiental de inicio redactado por la compañía, y que responde a sus intereses. El expediente administrativo no está colgado en la web ni si quiera se nos ha facilitado para su consulta en ninguna ocasión. Únicamente se ha dejado leer documentos muy concretos que ha interesado a la Junta. Llevamos dos meses pidiendo por escrito poder tener acceso al expediente completo. El pasado 29 de abril recibimos escrito de Medio Ambiente en el que se nos informa que se amplía el plazo de contestación a dos meses más. La primera solicitud a Medio Ambiente fue de fecha 17 de febrero y seguimos sin tener los documentos.
Fotografías de Ramón Varela
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