El consejero Paradela asume la reapertura de la mina de Aznalcóllar, pendiente del juicio por delitos de corrupción en la adjudicación de 2015

Ecologistas en Acción responde al consejero: “La mina de Aznalcóllar es una amenaza ambiental y económica para el Estuario del Guadalquivir, el Corredor Ecológico del Guadiamar, Doñana y su entorno, y manifestamos nuestra más firme oposición a esta decisión, que consideramos irresponsable, temeraria y contraria al interés general de la ciudadanía andaluza.

En la mañana del 30 de mayo el Consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha anunciado junto al Alcalde de Izquierda Unida de Aznalcóllar (Sevilla), Juan José Fernández Garrido, el otorgamiento del permiso de explotación y del plan de restauración para la reapertura de la mina de Aznalcóllar.

Esta resolución implica una primera fase preoperacional de 18 meses donde se verterán al Estuario del Guadalquivir más de 17 mil millones de litros de aguas tóxicas que actualmente se almacenan en las Cortas de Aznalcóllar y en la Corta de Los Frailes. Y durante la siguiente fase operativa de los 17 años, se verterán anualmente a ese mismo espacio ZEC de la Red Natura 2000, 4 mil millones de aguas tóxicas procedentes del tratamiento del mineral. Lo que supondrá de hecho el envenenamiento del Bajo Guadalquivir de manera permanente, y probablemente irreversible.

El consejero no se ajusta a la realidad cuando asegura que el proyecto de reapertura no dispondrá de ninguna balsa de residuos. El proyecto pretende depositar durante los 17 años previstos de operación, millones de toneladas de nuevos lodos tóxicos mineros, concretamente el 50% de los residuos del proceso de tratamiento del mineral, en la antigua Corta de Aznalcóllar, donde actualmente ya están depositadas millones de toneladas de lodos procedentes de la rotura de la balsa de 1998.

Esto convierte sin duda a esa vieja Corta de Aznalcóllar en una balsa de lodos tóxicos mineros , mientras que la Consejería ha optado por calificar esa actuación como “relleno a efectos de restauración”.

De esta forma la empresa Minera Los Frailes no tendrá la obligación de elaborar y ejecutar un Plan de Emergencia Exterior ante posibles accidentes, roturas o fugas de lodos contaminados, ni tendrá obligación de implantar ninguna de las medidas de seguridad establecidas en la legislación minera para las instalaciones de residuos mineros de categoría A).

Y de hecho, la empresa ya ha incumplido desde el año 2019 sus obligaciones establecidas en el Protocolo de Actuación sobre el nivel de agua en la Corta de Aznalcóllar, que establecía la creación de una Comisión de Seguimiento del nivel de esas aguas tóxicas, con participación de las administraciones mineras y ambientales de la Junta de Andalucía, y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Esa Comisión de Seguimiento nunca se creó, ante la pasividad de todas esas administraciones.

La experiencia acumulada nos indica que los residuos mineros que van ser depositados en la Corta de Aznalcóllar, reconvertida en balsa de lodos tóxicos mineros, sin duda contaminarán impunemente tanto las aguas subterráneas del acuífero de Gerena (reserva estratégica de agua de consumo humano par Sevilla y área metropolitana para épocas de sequía), como ya lo hizo la cercana mina de Las Cruces cuando inició su actividad en 2008. Y estos residuos mineros contaminarán las aguas superficiales de la cuenca del Corredor Ecológico del Guadiamar, incumpliendo las bases del concurso minero que adjudicó los derechos mineros en febrero de 2015.

De hecho, con la autorización otorgada, entendemos que el Consejero Paradela asume y se convierte en cómplice de los posibles delitos de corrupción que actualmente se están juzgando en la Audiencia Provincial de Sevilla, contra 14 personas funcionarias y autoridades de la Junta de Andalucía del Gobierno de Susana Díaz del PSOE, que en febrero de 2015 adjudicaron esos derechos mineros, de manera fraudulenta e ilegal según varios informes de la UDEF (Unidad de Delitos Económicos y Financieros) de la policía. nacional.

Por todo lo anterior, Ecologistas en Acción llevarán a los tribunales también la nueva autorización minera anunciada.