Ecologistas en Acción presenta alegaciones sobre el Cercado de Miragallos (Cerceda) denunciando un pelotazo urbanístico

Ecologistas en Acción ha denunciado que el pleno del Ayuntamiento de El Boalo-Cerceda-Mataelpino, aprobó el pasado 27 de marzo de 2025, de manera inicial, una Modificación Puntual del planeamiento que pretende autorizar que en la zona conocida como el Cercado de Miragallo se construyan 26 viviendas, de ellas 16 en un bloque de hasta cuatro plantas, se derribe el muro perimetral, la casa de los guardeses y otra construcción de carácter agropecuario, todos ellos de piedra e incluidos en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del municipio. También señalan que se pretende rebajar el nivel de protección de la villa de recreo de mediados del siglo pasado allí existente y autorizar la tala de, al menos, 18 árboles de gran porte y arrasar el jardín histórico de la misma, estando también los árboles, la vegetación y el jardín protegidos por el Catálogo

Ecologistas en Acción valora que de salir adelante esa propuesta, se estaría autorizando un clásico pelotazo urbanístico, por el incremento brutal de la edificabilidad en esa parcela y el aumento considerable de beneficios para la empresa CARRALOGA S.L. que compró esa parcela en el año 2018

Ecologistas en Acción ha realizado un llamamiento a los concejales y concejalas que votaron a favor de esta Modificación Puntual a que rectifiquen su voto, recordándoles que la legislación establece que la ordenación urbana debe hacerse para favorecer el interés general y no el particular de algunas personas, por muy influyentes que éstas sean

Según indican, el BOCM del 22 de abril de 2025 se anunció la apertura del plazo de alegaciones, por un período de un mes, a esta Modificación Puntual aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, con los votos a favor del PP, Vox y PSOE, y con el voto en contra del grupo municipal BCM en Común. Se trata de la tercera Modificación Puntual que en los últimos siete años ha presentado la empresa propietaria, y que el Ayuntamiento las ha aceptado siempre, sin cambiar ni una coma de las pretensiones de los propietarios.

En las anteriores Modificaciones Puntuales incluso se pretendió ampliar el casco urbano de Cerceda hasta el margen del río Navacerrada, en las parcelas propiedad también de la misma empresa (el llamado Sector 7C modificado). Pretensiones que alegamos en 2021 y que fueron echadas atrás por los organismos de la Comunidad de Madrid por no corresponderse con la legalidad.

Por otro lado, el Ayuntamiento únicamente publicó, en este período de información pública, los documentos redactados por ARNAIZ ARQUITECTOS S.L.P., por encargo de la empresa propietaria, no dando a conocer públicamente otros documentos fundamentales del expediente, como los informes de Secretaría, Oficina Técnica e Intervención del Ayuntamiento, entre otros. Es decir, los vecinos y vecinas solo han podido conocer una documentación que se corresponde con los intereses de los propietarios.

«En esa actitud ocultista, habitual de la alcaldía de El Boalo con este nuevo equipo de gobierno, pero también con el anterior, tampoco se nos ha hecho llegar, a la fecha, la respuesta “razonada” a las alegaciones que presentamos ante la Modificación Puntual de 2021, a pesar de ser una obligación contemplada en el artículo 83.3 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas».

«Esta Modificación Puntual señala, sin esconderse, que su objetivo es el uso lucrativo del ámbito, disfrazándolo de viabilidad económica y sin exponer qué precio pagó la empresa por esos terrenos y qué precio alcanzarían de aprobarse el cambio de normativa que proponen».

Además, según apunta la organización ambientalista, esta Modificación Puntual del planeamiento parte de la necesidad de que en el municipio se construyan 3.635 nuevas viviendas, casi duplicando las actuales, lo que implicaría elevar la población residente hasta unos 23.000 habitantes, lo que sobrepasaría de manera crítica la ya desbordada capacidad de carga del territorio, afectaría de manera significativa a un medio natural y a un paisaje tan valiosos, y tensionaría las infraestructuras también de manera crítica, especialmente algunas que no tienen posibilidades lógicas de ser ampliadas, como las carreteras, incrementando también los atascos y la contaminación, y desordenando aún más su urbanismo.

Ecologistas en Acción considera que el desorden urbanístico existente en El Boalo, y en toda la comarca de la Sierra, «no se puede achacar solo a la dejadez, aunque la ha habido, sino principalmente a que se ha normado para favorecer la generación de plusvalías para las personas y entidades propietarias del suelo, desde unos Ayuntamientos que han venido actuando como plataformas para impulsar el enriquecimiento de esas minorías y el de sus valedores, saltando por encima de las necesidades de los vecinos y vecinas, destruyendo espacios y paisajes valiosísimos y poniendo en serio peligro la sostenibilidad del futuro».

Ecologistas en Acción considera que desde el Ayuntamiento de El Boalo se viene actuando en sentido contrario a los retos que tenemos en este siglo, caracterizado por las emergencias climáticas, energéticas, de minerales, de materias primas, de biodiversidad, de modelo de movilidad y ocupación del territorio, etc. «Pero vemos que se sigue pretendiendo un crecimiento material que hace mucho que ha alcanzado sus límites y que se pretende seguir destruyendo suelo vivo, vida natural, salud para las personas y vida que merezca la pena llamarse humana, para el enriquecimiento de esas minorías y de sus valedores».

En las alegaciones, desde Ecologistas en Acción han reiterado el llamamiento que hicimos al gobierno de la Comunidad de Madrid en 2021 para que intervenga el urbanismo de este municipio e impida el parcheo y los crecimientos abusivos, desordenados y volubles que está llevar a cabo su Ayuntamiento. Asimismo, han recordado que este Ayuntamiento no está cumpliendo con la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, pues no ha elaborado un Plan General, tal como está obligado a hacer, por dicha Ley, desde 2021. «No valen excusas después de veinticuatro años para que no se cumpla con la Ley y el Ayuntamiento, que tiene que cumplirla y hacer cumplirla, debería ser el primero en hacerlo».