FACUA Andalucía advierte de que la nueva ley de vivienda de la comunidad sigue sin reconocer su «función social»

FACUA Andalucía critica que la nueva ley de vivienda de la comunidad, que se encuentra actualmente en trámite para su aprobación, sigue sin reconocer su «función social» y continúa adoptando un enfoque mercantilista y orientado a la especulación inmobiliaria.

Isabel Moya, directiva de la federación, y Jordi Castilla, su secretario general, han comparecido este miércoles 29 de octubre ante la Comisión de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda del Parlamento de Andalucía para presentar las alegaciones de la organización al Proyecto de Ley de Vivienda en Andalucía.

En su comparecencia, Moya ha denunciado que la ley, desde su propia denominación, configura la vivienda como un bien de mercado y no como un derecho fundamental, pese a estar así recogido en el artículo 47 de la Constitución Española. No se hacen apenas referencia en la norma a la importante «función social» que tiene la vivienda para los ciudadanos.

Uno de los aspectos que más preocupa a FACUA Andalucía es la flexibilización del régimen de protección de la vivienda protegida, una medida que abre la puerta a la especulación inmobiliaria y a la privatización indirecta de recursos públicos. La normativa deja al arbitrio de los planes de vivienda cuestiones clave como la duración del régimen de protección y el procedimiento de descalificación, sin establecer límites claros que garanticen la función social de estas viviendas.

Así, en su intervención, la directiva de FACUA Andalucía ha propuesto que la Ley establezca un régimen mínimo de protección, y que éste sea indefinido y permanente, especialmente en los casos en que las viviendas estén promovidas con financiación pública o construidas sobre suelo cedido por una administración pública. La organización también reclama la prohibición de descalificar estas viviendas para evitar que pierdan su carácter social y se conviertan en objeto de especulación.

Además, Moya ha señalado que existe una urgente necesidad de promover un parque público y social de vivienda estable que, a la vez que proporcione vivienda suficiente, adecuada y asequible, opere también como mecanismo corrector de los precios de la vivienda en el mercado privado.

Ignora las causas que pueden llevar a la ocupación

FACUA Andalucía ha rechazado de nuevo —ya lo hizo ante el Consejo Económico y Social (CES) en julio— que se equiparen sanciones administrativas con condenas penales a la hora de excluir a determinadas personas del acceso a vivienda pública. Así, esta equiparación ignora las causas sociales que pueden llevar a la ocupación y podría suponer expulsar de forma injusta a personas en situación de vulnerabilidad —que han podido tener que recurrir a la ocupación como único recurso al no haberles facilitado una solución habitacional desde la administración—, pese a que son aquellas que más necesitan de protección social.

Así, Moya ha trasladado que la federación considera necesario una revisión en la que se realice una ponderación adecuada de los distintos factores y circunstancias, ya que puede entenderse que esta iniciativa responde más a un incremento de la preocupación social por este fenómeno —esté respaldado o no por datos y hechos objetivos— que a buscar realmente una solución que ahonde en las causas de la ocupación y que aborde las diferentes casuísticas.

No responde a retos sociales

Por otro lado, FACUA Andalucía ha advertido también que el proyecto de ley ignora retos clave como el impacto del envejecimiento poblacional y el riesgo de despoblación rural. No se contemplan medidas específicas para fomentar la creación de vivienda en municipios en declive demográfico ni se prevén incentivos suficientes para la rehabilitación de viviendas en zonas rurales o para adaptar la oferta residencial a las necesidades de una población envejecida.