Revelan pacto secreto entre Javier Milei y el cerebro detrás de la estafa $LIBRA

Una nueva investigación periodística puso al descubierto un acuerdo de «estricta confidencialidad» firmado en la Casa Rosada entre el presidente de Argentina, Javier Milei, y el ciudadano estadounidense Hayden Davis, principal promotor de la criptomoneda $LIBRA. El documento, revelado por medios argentinos, confirma que Davis fue designado como asesor estratégico del Estado nacional apenas quince días antes de que estallara el escándalo financiero que derivó en una estafa multimillonaria.

El contrato, redactado en español y con una extensión de dos carillas, otorgaba a Davis facultades para asesorar en áreas sensibles como la digitalización de documentos públicos, la aplicación de «contratos inteligentes» (smart contracts) y la capacitación de funcionarios en inteligencia artificial y tecnología blockchain. Aunque el nombramiento figuraba como «ad honorem», la investigación señala la existencia de pagos previos en criptomonedas, lo que plantea un grave conflicto de intereses y pone en duda la naturaleza «desinteresada» de la colaboración.

El cronograma de los hechos refuerza las sospechas de una operación coordinada desde el poder ejecutivo. El 30 de enero de 2025 se selló el pacto secreto, el 14 de febrero se lanzó $LIBRA en Dallas; y tras un mensaje de apoyo publicado por Milei en sus redes sociales, el valor del activo se disparó para luego desplomarse abruptamente. Tras el colapso, el mandatario borró su publicación y alegó desconocer los pormenores del proyecto, una versión que hoy queda desmentida por la existencia del contrato de asesoría.

En recientes declaraciones televisivas, el líder de La Libertad Avanza mostró una actitud defensiva y errática al intentar justificar su participación. «Ex ante lo hice y estaba convencido de lo que hacía. Ex post no lo haría», afirmó el mandatario, deslindando su responsabilidad en la pérdida patrimonial de miles de inversores.

Milei aseguró que «no hubo estafa» y que los afectados deben «hacerse cargo de los costos» por haber tomado riesgos de mercado, a pesar de que la justicia argentina mantiene causas abiertas por fraude.

La revelación de este «asesoramiento profesional» alineado con intereses corporativos privados bajo el sello del Estado nacional, profundiza la crisis de credibilidad de la administración ultraderechista.

Mientras el gobierno insiste en que la situación legal de Davis está resuelta en Estados Unidos, en Argentina la sombra de la cripto-estafa y la utilización de la Casa Rosada para fines especulativos genera un creciente rechazo social y demandas de interpelación parlamentaria.

Este caso no solo evidencia los vínculos del Ejecutivo con esquemas financieros de dudosa legalidad, sino que resalta el peligro de entregar la gestión de datos y documentos públicos a actores privados bajo cláusulas de confidencialidad que impiden el control democrático.

La soberanía digital y la protección de los ciudadanos frente a depredadores financieros parecen haber quedado en segundo plano frente a la agenda personal del mandatario.