Aprobada la Aceleradora Urbanística de la Comunidad de Madrid

El proyecto de decreto de creación de la Aceleradora Urbanística de la Comunidad de Madrid fue sometido a consulta pública en abril y a información pública en agosto de este mismo año 2025. En dichos trámites, realizados en plazos exiguos, la Federación de Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid presentó aportaciones y alegaciones en las que manifestó su rechazo por un proyecto que considera adolece de una carencia de justificación técnica sobre las supuestas dilaciones e ineficiencias en la actual tramitación de instrumentos urbanísticos, así como de otras posibles soluciones, que según el grupo ecologista suponen “una renuncia autonómica al ejercicio de sus responsabilidades en materia de ordenación territorial regional que apunta a una voluntad encubierta de desregular la actuación pública y privada en el territorio, con el consiguiente menoscabo de las garantías sociales y medioambientales exigidas por nuestra legislación”.

Ecologistas en Acción considera que este decreto choca, entre otros, con los artículos 45 y 47 de la Constitución Española, los artículos 3 a 5 de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana estatal y el artículo 3 de la Ley 9/2001 del Suelo de Madrid, pese a lo cual, denuncian que ni las aportaciones ni las alegaciones presentadas fueron contestadas por la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, órgano responsable de la iniciativa legislativa.

El 15 de diciembre se publicaba el Decreto 92/2025, de 10 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se crea y regula la Aceleradora Urbanística de la Comunidad de Madrid, cuyo texto ha variado poco respecto al proyecto sometido a información pública, y viene a reforzar las competencias y funciones de la Aceleradora Urbanística que, en síntesis, constituye un nuevo órgano administrativo interdepartamental adscrito a la consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanismo, cuyo fin es acortar los procedimientos preceptivos para la tramitación de instrumentos en esta materia, de iniciativa autonómica o municipal, públicos o privados.

Desde Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid han reiterado su oposición a este decreto en el que, aseguran, persiste una falta de justificación con datos rigurosos sobre la necesidad de medidas para acelerar los procedimientos de control de la acción sobre el territorio. Así mismo, denuncian que el gobierno regional “ha distorsionado y deteriorado el marco normativo en materia de ordenación territorial mientras sigue haciendo dejación de sus obligaciones legales 30 años después de haber asumido las competencias  recogidas en la Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo, en lo relativo a dotar a la región de un marco territorial integral y sostenible”.

Para el grupo ecologista, la Aceleradora Urbanística no garantizará que los informes sectoriales de los instrumentos urbanísticos y territoriales se realicen en las adecuadas condiciones de rigor y calidad, sino que introduce unos mecanismos que obligarán a su realización bajo presión o ‘aceleración’ forzadas y propiciará la invasión de la autonomía municipal, permitiendo a la Comunidad de Madrid aprobar en modo exprés actuaciones por encima de las competencias urbanísticas de los ayuntamientos.

Ecologistas en Acción denuncia que el decreto contiene imprecisiones que abren la puerta a decisiones discrecionales en materias como la declaración de especial relevancia para determinados proyectos, o para su tramitación urgente y/o preferente, así como respecto a la garantía de la información pública y participación ciudadana en los procesos.

Para la organización, este nuevo órgano representa una vuelta de tuerca más en la la política del gobierno de la Comunidad de Madrid de desregulación normativa y facilitación de la especulación inmobiliaria, cuyo antecedente más inmediato es la Ley 7/2024, de 26 de diciembre, de medidas para un desarrollo equilibrado en materia de medio ambiente y ordenación del territorio, más conocida como Ley Ómnibus 2024, que precede al proyecto de la nueva Ley del Suelo, anunciado en septiembre de este año.

Todo este entramado normativo favorece, según la organización ecologista, la reducción de los controles públicos en materia ambiental y social, y la introducción de atajos administrativos para facilitar operaciones urbanísticas y territoriales guiadas únicamente por su rentabilidad, lo que para Ecologistas en Acción supone hipotecar nuestros recursos naturales y un agravamiento del desequilibrio funcional y social en la región.

Los argumentos de Ecologistas en Acción se recogen en un informe de acceso libre que la organización tiene publicado en su página web.