La APDHA exige a los grupos políticos del Parlamento Andaluz medidas integrales para garantizar los derechos humanos de los trabajadores y trabajadores migrantes de Almería y Huelva
- Ana Mª Rosado, coordinadora del Informe Frontera Sur, junto a Carmen Vásquez y Jennifer Cárdenas, investigadoras de campo, han presentado el Informe Frontera Sur 2025 de APDHA en el Parlamento Andaluz.
- Representantes de PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía han acudido a la presentación, que ha tenido lugar esta mañana a partir de las 11.00h en la Sala de Comisiones 1 del Parlamento.
- El Informe Frontera Sur 2025: ‘Las fronteras internas de Andalucía’ pone de manifiesto las graves vulneraciones de derechos humanos que sufren los trabajadores y trabajadores migrantes del campo andaluz.

Andalucía, 18 de junio de 2025 . La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha presentado hoy su Informe ‘Derechos Humanos en la Frontera Sur 2025. Las fronteras internas en Andalucía: las vulneraciones de derechos en los asentamientos de Huelva y Almería’ en el Parlamento Andaluz. En el encuentro han estado presentes representantes de los grupos parlamentarios de PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía.
El Informe Frontera Sur 2025 centra su mirada en la realidad que viven las personas trabajadoras migrantes que, vinculadas a la industria agroalimentaria de las provincias de Almería y Huelva, se ven obligadas a vivir en asentamientos de infraviviendas. Se trata de un trabajo de campo realizado por investigadores de la APDHA y que ha sido cofinanciado por el proyecto Tejiendo Derechos ( WakeUpRights ) de la Unión Europea y Oxfam Intermón en el marco del programa Ciudadanía, Igualdad, Derechos y Valores (CERV) de la UE.
Ana Mª Rosado, Carmen Vásquez y Jennifer Cárdenas han explicado a los representantes de los grupos parlamentarios andaluces que con nuestro Informe Frontera Sur 2025 “teníamos como objetivo documentar y analizar las condiciones de vida y trabajo de las personas migrantes en los asentamientos de Huelva y Almería”, para lo que se “ha realizado un estudio de corte cualitativo que se basa en entrevistas a trabajadores migrantes, personal de las administraciones públicas y ONGs, además de la observación participante en los asentamientos y el análisis de la información proveniente de los diarios de campos de las investigadoras”. Y han denunciado como “aunque la agricultura intensiva es el motor económico de estas dos provincias, generando grandes beneficios económicos, las condiciones laborales de los trabajadores migrantes son sumamente precarias”.
De esta forma, “mientras que en Almería se contabiliza un 22,3% de población extranjera y en Huelva un 10,57%, las cifras reales podrían ser mucho más altas debido a la falta de datos sobre personas en situación irregular”. Las investigadoras de APDHA han apuntado que “son muchos los problemas que enfrenta cotidianamente este colectivo, entre los que destacan infraviviendas construidas con materiales desechados como plástico, cartón o paletas, la falta de agua potable, electricidad y saneamientos, la cronificación de la situación para las personas que residen permanentemente en estos lugares, la vulnerabilidad de los niños, mujeres y jóvenes ex tutelados, problemas de salud vinculados a condiciones de vida insalubres, la permanente amenaza de incendios, la dificultad para obtener atención sanitaria o problemas para la escolarización de los menores”.
Asimismo han cuantificado que “al menos 7.000 personas en Almería y como mínimo otras 5.000 en la provincia de Huelva viven en estas condiciones que hemos descrito” y han señalado algunas de las soluciones que APDHA pone encima de la mesa para revertir esta dramática situación: “soluciones habitacionales a partir de la construcción de viviendas sostenibles y accesibles, regularización laboral y mejoras en las condiciones de trabajo, políticas inclusivas con programas específicos para mujeres y niños en situación de vulnerabilidad, un enfoque integral con coordinación entre las administraciones para hacer frente a esta realidad y una supervisión ambiental que establezca controles para minimizar el impacto negativo de la agricultura intensiva tanto en el entorno como en las comunidades afectadas”.
En este sentido, y en lo que respeta a competencias de carácter autonómico, la APDHA ha mostrado su preocupación por “el enfoque y desarrollo del Plan Estratégico de Erradicación de asentamientos informales e infraviviendas (Plan EASEN) de la Junta de Andalucía”. La entidad andaluza lamenta “la falta de transparencia y acceso a la información pública del Plan EASEN”, cuestiona un enfoque “meramente asistencialista y paliativo”, la falta de participación de las personas afectadas, la falta de compromisos con “soluciones habitacionales permanentes y/o temporales”, la ausencia de “una estrategia de coordinación interinstitucional”, el “enfoque securitario” -que puede conllevar un riesgo de criminalización de los colectivos vulnerables afectados-, la “invisibilización del modelo productivo” agrícola” -en buena medida responsable de las condiciones que padecen las personas afectadas-, y “la inexistencia de medidas para una regularización administrativa” de los trabajadores y trabajadores migrantes.
La APDHA ha trasladado a los representantes de los diferentes grupos políticos las propuestas que desde la entidad se realiza a las diferentes administraciones públicas para poner fin a las décadas de explotación que llevan sufriendo millas de personas tanto en Huelva como en Almería, centrándose especialmente en aquellos que, por una cuestión de competencias, se dirigen expresamente a la Junta de Andalucía. La asociación reclama, por ejemplo, “un Plan integral andaluz desde el enfoque del respeto a los derechos humanos” y exige “una red de albergues de carácter autonómico o municipal y vivienda pública específica destinada a la población trabajadora migrante”, imprescindible para el desarrollo de la industria agroalimentaria andaluza.
APDHA también ha reclamado a los grupos políticos presentes “la facilitación efectiva del empadronamiento de los y las trabajadores migrantes en coordinación con los municipios, conforme al artículo 15 de la Ley de Bases del Régimen Local”, la garantía en el acceso a “una atención sanitaria pública sin discriminación” y una “educación inclusiva para aquellos menores que viven en los asentamientos”. APDHA también reclama protección específica a colectivos vulnerabilizados (como mujeres o jóvenes ex tutelada), mediación sociolaboral y formación profesional adaptada y, sobre todo, “una mayor transparencia institucional” para que se publique periódicamente y completamente el contenido del Plan de Erradicación del Chabolismo, incluyendo presupuesto, responsables, metodologías y objetivos”.