Revelan que el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández conocía del plan para asesinar a Berta Cáceres
Uno de los hallazgos más graves del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) señala que el crimen fue financiado con recursos procedentes del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, contra el cual luchaba Cáceres.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), instalado hace casi un año en Honduras por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentó un informe en el que concluye que el Estado hondureño (representado por Juan Orlando Hernández) tuvo conocimiento anticipado del plan para asesinar a la activista ambiental e indígena Berta Cáceres en 2016 y no actuó para impedirlo.
La experta Roxanna Altholz, miembro del GIEI precisó que “que el asesinato de Berta Cáceres fue previsible y prevenible”, donde las autoridades “no activaron mecanismos de protección ni realizaron detenciones oportunas”, lo que constituyó una “grave violación del deber de debida diligencia” y permitió que se consumara un crimen evitable.
El GIEI llegó a estas conclusiones tras analizar cientos de horas de interceptaciones telefónicas obtenidas en una investigación por narcotráfico iniciada en 2015 donde identificaron una estructura criminal organizada en el norte del país, con apoyo de integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
#JusticiaParaBerta | "El GIEI concluyó que el asesinato de Berta Cáceres es resultado de una operación criminal organizada, cuidadosamente planificada y ejecutada mediante una estructura de coparticipación… pic.twitter.com/pNw32O9EsZ
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Las escuchas revelaron que el militar Mariano Díaz Chávez —ya condenado por el crimen— coordinaba operaciones de narcotráfico y proveía armas, logística y personal armado, aprovechando su investidura. “El 4 de enero de 2016, Mariano Díaz se reunió en La Ceiba con Henrry Hernández, donde comenzaron conversaciones explícitas sobre el asesinato de la señora Berta Cáceres”, detalló Altholz.
El informe también establece que el asesinato fue precedido por múltiples operaciones de inteligencia ilegal, seguimiento sistemático y una minuciosa planificación logística.
Uno de los hallazgos más graves del GIEI señala que el crimen fue financiado con recursos procedentes del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, contra el cual luchaba Cáceres. Según el documento, cerca del 67 por ciento de los fondos del proyecto —unos 12.4 millones de dólares— fueron desviados o manejados irregularmente mediante un esquema sistemático que incluyó transferencias injustificadas, uso de efectivo y maniobras para evadir controles antilavado.
que incluyó sicarios, intermediarios con formación militar, personal y directivos de la empresa DESA, así como redes de apoyo, tolerancia y omisión desde distintos ámbitos del Estado". pic.twitter.com/Z7UUFC45V4
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Estos recursos, provenientes principalmente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco de Desarrollo de los Países Bajos, fueron utilizados para pagar a los sicarios y financiar la logística del homicidio.
El GIEI concluyó que el asesinato de Berta Cáceres “constituyó un crimen empresarial, financiero y político, perpetrado mediante una arquitectura criminal compleja que articuló intereses económicos, financiamiento internacional, estructuras de seguridad, corrupción institucional y graves omisiones estatales”.
Hasta la fecha, ocho personas han sido condenadas por el crimen, entre ellas el expresidente ejecutivo de DESA, Roberto David Castillo Mejía, y el exjefe de seguridad de la empresa.
El informe del GIEI ahora pone en la mira la responsabilidad del Estado hondureño por omisión y exige justicia integral para uno de los casos más emblemáticos de la lucha por los derechos humanos y ambientales en América Latina.
La investigación del Grupo Independiente reconstruye la verdad de los hechos tras el asesinato de Berta Cáceres, devela hallazgos clave en la planificación y ejecución del crimen, e identifica responsabilidades empresariales, financieras y estatales enel asesinato de la defensora pic.twitter.com/AdwzyMqaIm
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El 2 de marzo de 2016, Berta Isabel Cáceres Flores fue asesinada en su vivienda en La Esperanza, Intibucá. En el mismo ataque resultó gravemente herido Gustavo Castro Soto, testigo sobreviviente. La irrupción armada que terminó con la vida de Berta Cáceres no fue un hecho fortuito ni un acto de violencia común. Fue la culminación de un proceso prolongado de persecución, vigilancia, criminalización y violencia ejercida contra la lideresa indígena que, durante años, encabezó la defensa del territorio lenca frente a la imposición del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
Desde etapas tempranas del proyecto Agua Zarca, Berta Cáceres fue identificada por directivos de la empresa como un obstáculo estratégico para la consolidación del emprendimiento hidroeléctrico.
«Esta condición la colocó en una situación de riesgo previsible y ampliamente documentada. Pese a contar con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado no adoptó medidas eficaces para proteger su vida ni para desactivar los factores de riesgo asociados al conflicto territorial», puntualizó la entidad.
Tras la instalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), refirió en 2025 que eso representaba un paso histórico en la lucha contra la impunidad en Honduras y es resultado del caminar incansable de la familia de Berta, las comunidades organizadas del COPINH y el pueblo Lenca que, desde 2016, no han cesado en sus demandas de verdad y justicia.
De acuerdo a las declaraciones sostenidas también por el GIEI, el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, instalado en el territorio indígena lenca de Río Blanco, constituye un caso paradigmático del modelo extractivista.
«Su autorización se sustentó en licencias irregulares, contratos administrativos viciados y procesos de titulación individual que desconocieron derechos colectivos. La implementación del proyecto se realizó mediante la militarización del territorio, la cooptación comunitaria, el uso de violencia, y la criminalización sistemática de quienes defendían el río Gualcarque como espacio sagrado, cultural y de subsistencia», reconoció la instancia.
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