Tras la denuncia de FACUA, Consumo anuncia una auditoría pública a las asociaciones de consumidores

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha anunciado este viernes que realizará una «auditoría pública» sobre «la información aportada por las asociaciones de consumidores» al solicitar las subvenciones para la financiación de sus estructuras y el desarrollo de programas específicos.

El departamento que dirige Pablo Bustinduy realiza este anuncio después de que FACUA-Consumidores en Acción reclamase al ministro que audite el número de socios, consultas y reclamaciones declarados por estas organizaciones, además de controlar actividades que pueden vulnerar la legislación que las regula, como la publicidad comercial de productos y servicios de empresas a cambio de comisiones.

Las subvenciones de 2025

El ministerio ha otorgado este año las subvenciones, otorgadas en régimen de concurrencia competitiva, sin atender las peticiones de FACUA de verificar una serie de datos que han provocado un recorte sin precedentes en las otorgadas a esta asociación (del 29%) y un incremento sustancial de las partidas destinadas a determinadas organizaciones.

Una de las asociaciones que ha crecido en subvenciones este año, un 12%, es la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), una entidad que declara tener más de 13.000 socios y asegura haber tramitado durante 2024 cerca de 123.000 consultas con un solo trabajador contratado para ello, esto es, nada menos que 489 atendidas por cada día laborable. Esta entidad recibirá 293.754 euros en ayudas públicas, más de seis veces el importe que representa su gasto de personal, que el año pasado no alcanzó los 49.000 euros.

También la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recibirá en 2025 un montante de dinero público superior al año pasado, un 15% más. El ministerio tiene paralizada la investigación que trascendió en 2023 sobre esta entidad por sus cobros de comisiones a empresas a cambio de captarles clientes con campañas publicitarias que están prohibidas por la legislación de defensa de los consumidores. Investigación que fue abierta como consecuencia de denuncias de FACUA y sobre la que hasta la fecha Consumo se ha negado a aportarle ningún tipo de información

Reivindicaciones de FACUA

FACUA viene advirtiendo que, año tras año, desde el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios (Reacu) no se verifican los datos que las organizaciones inscritas están obligadas a comunicarle en sus balances, cuentas de resultados y memorias de actividades. Así, estas asociaciones acceden anualmente a subvenciones públicas otorgadas en régimen de concurrencia competitiva por el ministerio competente en Consumo sin que se compruebe si la información aportada se corresponde con la realidad.

El ministerio ni siquiera ha comprobado hasta la fecha si el número de socios que declaran las asociaciones de consumidores es real, pese a que se trata de un factor determinante para formar parte del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), cuya pertenencia abre las puertas a participar en otros órganos consultivos del Gobierno y a recibir subvenciones para financiar la estructura de las asociaciones.

Para formar parte del Consejo es necesario contar con al menos 10.000 socios, pero los responsables del Reacu se limitan a dar por buena una certificación emitida por el representante legal de cada asociación en la que declare una cifra superior a esa, sin que nunca se hayan comprobado los datos. La dan por buena para dar acceso al CCU cada vez que se renuevan sus miembros y también cuando cada año comunican la cifra actualizada.

FACUA ya pidió una auditoría sobre las asociaciones de consumidores en 2020 al anterior ministro de Consumo, Alberto Garzón, pero a pesar de su insistencia, nunca se produjo.

La auditoría que reclama FACUA

Además de verificar los datos aportados para la convocatoria de subvenciones de este año, FACUA ha reclamado al Ministerio de Consumo que ponga en marcha una auditoría sobre la información relativa al número de socios declarada por nueve asociaciones en la convocatoria para la constitución del CCU, que tuvo lugar en 2023 y en las convocatorias de ayudas públicas no solo de 2025, sino también de 2024 y 2023.

FACUA considera que la auditoría debería incluir el requerimiento de los listados completos de asociados de las asociaciones consumidores a 31 de diciembre de cada uno de los ejercicios anteriores a las convocatorias de subvenciones y una revisión de los datos incluidos en los mismos. Y ello para verificar si, como declararon las asociaciones, a fechas 31 de diciembre de los últimos tres años tenían un número de socios superior a 10.000. Condición que también se establecía para formar parte del CCU, requisito para poder representar a los consumidores en numerosos órganos consultivos del Gobierno.

La asociación también solicita al ministerio que verifique las cifras de consultas atendidas y reclamaciones tramitadas por las asociaciones. Datos que también condicionan la cuantía de las subvenciones que se otorgan a estas organizaciones.

El anuncio de Consumo

Consumo ha realizado su anuncio de auditoría al publicar la concesión de subvenciones a las asociaciones de consumidores y usuarios de ámbito estatal, destinadas a promover la realización de actividades de información, defensa y protección de los derechos de los consumidores para el ejercicio de 2025.

El importe final para la financiación de estas subvenciones es de 3.047.529,91 euros procedentes de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2025. De esta cifra, se destina un importe de 2.330.963,00 euros a programas para fomentar la actividad asociativa, con el objetivo de ayudar a que las organizaciones beneficiarias cuenten con estructuras sólidas que les permitan realizar con eficacia las funciones de representación, no solo de sus asociados, sino de los intereses generales de los consumidores y usuarios de todo el país.

El importe restante, 716.566,91 euros se destina a programas específicos de las asociaciones beneficiarias, es decir, actuaciones concretas de información, defensa y protección de los derechos e intereses de consumidores y usuarios.

Control y justificación de las subvenciones

El ministerio ha señalado en un comunicado que realizará una «auditoría pública como parte del proceso de control y justificación de las subvenciones concedidas», tal y como prevé la Ley General de Subvenciones. En este caso concreto, este control se llevará a cabo por la Dirección General de Consumo, proponente de las ayudas concedidas.

Esta auditoría «se suma a los controles habituales de la Administración, y que tienen la finalidad de justificar la información presentada, así como la ejecución efectiva de los proyectos subvencionados», indica Consumo.

En este sentido, el ministerio destaca que, si bien «el uso de las declaraciones responsables para acreditar la actividad de cada organización supone un instrumento jurídico para certificar dicha información», la ley «también contempla que la Administración ponga en marcha este tipo de medidas para garantizar un proceso de control y justificación de las subvenciones».

Asufin será la asociación que recibirá este año el mayor montante de subvenciones, 583.944 euros. En segundo lugar, la OCU, con 449.815 euros. Les siguen FACUA (435.497), CECU (432.605), Adicae (431.357), AUC (293.754), la asociación de cooperativas Hispacoop (206.254) y UNAE (214.304).