«El abandono de los centros de crisis 24 h. en Castilla-La Mancha es violencia institucional»

Estos centros están adscritos a la Consejería de Igualdad de la que depende el Instituto de la Mujer, organismo encargado de coordinar los recursos con los que se dota a estos centros y que están directamente gestionados por la Asociación Humanos con Recursos, con sede en Sevilla.

En el momento de la adjudicación del servicio a una empresa externa a la JCCM, “privatización encubierta”, tuvo un mayor peso el criterio económico, un 65% por encima de la calidad técnica. Cuando se prioriza el ahorro frente a la calidad en un recurso destinado a mujeres víctimas de violencia sexual, las consecuencias son evidentes. La señora Simón no deja de anunciar en radio, televisión, prensa y redes sociales el lanzamiento del III Plan de Igualdad. Le pedimos que se centre en garantizar el correcto funcionamiento de los recursos ya existentes y que no trabaje únicamente de cara a la galería.

Preferimos servicios de calidad antes que una amplia lista de recursos inaugurados y posteriormente abandonados. ¿De verdad cree usted que los Centros de Crisis están funcionando adecuadamente? Se les da muy bien construir y amueblar, incluso presentar vídeos institucionales dignos de un escaparate ostentoso. Pero la realidad es muy distinta. Cada centro cuenta con cinco trabajadoras, una de ellas asume además las labores de coordinación” entre psicólogas, trabajadoras sociales y juristas que dan atención integral a mujeres víctimas de violencia sexual durante 24h los 365 días del año.

¿Dónde han encontrado a esas profesionales que deben multiplicarse? Estas profesionales deben ofrecer atención integral las 24 horas del día, los 365 días del año. Trabajan en turnos de mañana y tarde de lunes a viernes y, durante las noches y festivos, realizando guardias. Una sola profesional debe acudir a una emergencia sin saber exactamente qué situación encontrará a su llegada. La precarización de las profesionales es precarización del servicio, no estaría de más que la Consejería reflexionara sobre las causas de la elevada rotación del personal en estos centros.

Esta precariedad tiene consecuencias directas sobre las mujeres atendidas al ser revictimizadas, ya que se ven obligadas a contar su historia desde el principio a cada técnica nueva que llega al centro, el cambio de profesional rompe el vínculo terapéutico que tanto necesita una mujer en esta situación de especial vulnerabilidad. Además, cuando no existe un acompañamiento real, estable y cercano, muchas mujeres encuentran aún más difícil dar el paso de interponer una denuncia. Sin un apoyo continuado, sin una profesional de referencia que sostenga el proceso, la desprotección aumenta y el miedo paraliza.

Esta situación se agrava en los medios rurales, donde la falta de transporte y de recursos accesibles impide en muchos casos que las mujeres puedan acudir a los centros. Tampoco se está garantizando que las profesionales puedan desplazarse para acompañarlas en su propio entorno. El aislamiento territorial se convierte así en una barrera más, que el sistema no está resolviendo.

La Consejera presentó estos centros como un gran avance en la respuesta institucional frente a la violencia sexual. Sin embargo, la falta de gestión y supervisión ha terminado convirtiendo a las mujeres que necesitan este recurso en víctimas institucionales. La Administración crea víctimas cuando precariza servicios destinados a mujeres vulnerables y cuando no supervisa adecuadamente un servicio externalizado del que sigue siendo responsable directo.

Señora Simón en estos centros no hay un salón confortable, ni un sofá donde intentar relajarse, ni una televisión que ayude a distraer la mente. Los menores no encuentran juguetes que les permitan entretenerse un rato; no hay cuna para bebés. Y que la calidez de un plato de comida recién hecha sea sustituida por productos enlatados “por si caducan” dice mucho de la frialdad institucional que se transmite a mujeres que necesitan calor humano, acompañamiento y compromiso político real.

Desde la Plataforma 8M de Toledo exigimos a la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha:

·         Transparencia en la gestión de los Centros de Crisis 24h

·         Revisión urgente del modelo de adjudicación, que haya una supervisión pública real, así como una dotación suficiente de personal y recursos que garanticen a las mujeres castellano manchegas una atención digna, especializada, segura y de calidad.

Pueden decidir si quieren ser parte de la solución, o perpetuar esta violencia institucional que abandona a las mujeres cuando más lo necesitan.

Plataforma 8M Toledo.