La dificultad para encontrar empresas que quieran acoger alumnado en prácticas asfixia a los centros públicos de FP

La FP en los centros públicos de la Comunidad de Madrid lleva años sufriendo una lenta agonía, y una de las causas es la dificultad de encontrar empresas para acoger los módulos de Formación en Centros de Trabajo (FCT). Para obtener un Grado de FP en su modalidad presencial, el alumnado debe realizar un periodo de prácticas en centros de trabajo de tres meses; es lo que llamamos FCT. Lo que mucha gente no sabe es que año tras año corresponde al profesorado de los centros a cargo del alumnado en prácticas “promover y facilitar la incorporación de nuevas empresas del entorno a los programas formativos” y atender las demandas de las mismas en cuanto a la continuidad y participación en el siguiente curso académico.

En otras palabras, es el profesorado el que debe encargarse de buscar empresas y convencer a sus gestores para que acojan al alumnado de FP, bien llamando directamente, bien desplazándose personalmente, y haciendo funciones equiparables a las de un comercial que poco tienen que ver con la labor docente para la que se han preparado.

Antes de los recortes del inicio de la década pasada, el profesorado encargado de contactar con las empresas disponía de seis horas semanales dedicadas a contactar y visitar empresas entre otras funciones, pero hace ya más de una década que este tiempo se redujo, siendo hoy de tres horas semanales: es un ejemplo más de la persistencia de los recortes que afectan a la educación pública madrileña… con la dificultad añadida de que ni hay herramientas de gestión documental adecuadas que faciliten el control de la burocracia derivada de la gestión de las prácticas, ni se pone a disposición del profesorado una base de datos de empresas interesadas: al profesorado le sigue tocando “patear” la calle o llamar a cada empresa… empresas a menudo reticentes, puesto que acoger y formar a este alumnado no les reporta un gran beneficio.

No hay que olvidar que la gestión de la FCT comienza en el momento que es asignada y finaliza con la firma de las actas finales en junio. Además, la nueva Ley de FP crea una nueva figura de “coordinador de relaciones con empresas” sin ninguna disponibilidad horaria pero sí toda la carga de trabajo.

Estas dificultades hacen que muchos docentes dejen de elegir el módulo de FCT y que estas labores a menudo queden para profesorado nuevo, con menos arraigo en el centro y menos experiencia. Con el tiempo, la consecuencia es la incapacidad de muchos centros públicos no ya para ampliar, sino para mantener su oferta de empresas de FCT en los ciclos formativos de FP.

Apuntamos también que esta dificultad para encontrar empresas es mayor si cabe en los ciclos de FP de la modalidad Dual. En estos casos el periodo de prácticas es de un año. La empresa ha de dar de alta en la Seguridad Social al alumno, asumiendo con ello mayor carga burocrática, y ejercer funciones formativas que debe asumir un trabajador de la propia empresa.

En este contexto debemos entender el documento del grupo Vithas en el que pide a los centros el abono de entre 100 y 440 euros por alumno que realice sus prácticas de FCT en sus centros de trabajo. Los centros privados no tienen ningún problema en incluir estos costes en la cuota que cobran a sus alumnos, pero si bien la matrícula en centros públicos tampoco es gratuita, los centros públicos ni tienen la capacidad ni están autorizados a pagar unas cuotas que en todo caso deberían correr a cargo de la Administración.

Mientras tanto, hemos podido confirmar que el CSIC dispone de un modelo de convenio (aprobado por la abogacía del estado) que ya se ha enviado a la Comunidad de Madrid y que permitiría acoger alumnado en prácticas no sólo de la rama sanitaria, sino de cualquier rama de FP. La necesidad de este convenio viene determinada por la Ley 40/2015 de régimen jurídico y la ley de FP. Según fuentes del propio CSIC, sus investigadores están dispuestos aceptar al alumnado en cuanto sea posible. Actualmente, este convenio está siendo negociado con la Comunidad de Madrid, y creemos que la firma del mismo no se debería dilatar.

Sabemos, porque lo han expresado en bastantes ocasiones y con bastante claridad varios responsables del Gobierno regional, que su modelo predilecto es el de la enseñanza privada-concertada, pero no deja de indignarnos el habitual abandono en la gestión de lo que quieran o no les corresponde gestionar directamente, que es la educación pública.

Parece además que en eso que llaman “colaboración público-privada” no todos han salido ganando hasta ahora: no creemos que fuera muy complicado que en los muchos contratos que otorga la administración a entidades privadas se incluyeran cláusulas para que las empresas seleccionadas acogieran alumnado en prácticas de los centros de FP bajo gestión directa de la Comunidad de Madrid. De haber sido así el problema de las prácticas de FP podría estar ya resuelto, pero a menudo nos hemos encontrado con la cruda realidad de que cuando dicen “colaboración” lo que en realidad ocultan es la simple y llana apertura de nuevos nichos de mercado para las empresas dentro ámbitos antes gestionados desde lo público. Y en estas, lo público suele salir perdiendo.

Llevamos tiempo asistiendo a una asfixia de la Formación Profesional pública en la Comunidad de Madrid, ya que a la combinación de políticas privatizadoras y recortes se ha añadido la inacción ante problemas concretos, como el de las prácticas de FP, que se pueden resolver fácilmente y con un bajo coste, sólo con un poco de voluntad política. Un buen ejemplo de esa voluntad sería la firma del convenio con el CSIC, y que este permita acoger el mayor número posible de alumnos y alumnas del mayor número posible de ramas. Esperamos que nuestros gobernantes se esfuercen un poco esta vez en demostrar que son todo lo buenos gestores que dicen ser… hecho que nos permitimos poner en duda.