Redacción •  Actualidad •  01/03/2026

IU registra en el Congreso una proposición de ley “para el reconocimiento y equiparación de víctimas de crímenes de agentes del Estado”

  • Los diputados y diputadas de Izquierda Unida al completo firman el texto que plantea cambios en la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, de 2011, y en la de Memoria Democrática, de 2022. para reparar la situación de víctimas excluídas y de sus familiares, como la de Manuel José García Caparros, el joven asesinado por disparos de la Policía el 4 de diciembre de 1977 mientras se manifestaba a favor de la autonomía andaluza, y otras.
IU registra en el Congreso una proposición de ley “para el reconocimiento y equiparación de víctimas de crímenes de agentes del Estado”

Los diputados y diputadas de Izquierda Unida al completo impulsan y firman la ‘Proposición de Ley para el reconocimiento y equiparación de víctimas de crímenes de agentes del Estado’ que mañana se registrará en el Congreso. a reparar la situación de víctimas y de sus familiares, como la de Manuel José García Caparros, el joven asesinado por disparos de la Policía el 4 de diciembre de 1977 mientras se manifestaba a favor de la autonomía andaluza, y otras,    que “han quedado sin reconocimiento oficial de su carácter de víctima de la violencia que se ejerció por parte de agentes policiales del Estad

El texto de la norma viene a reparar la situación de víctimas excluídas y de sus familiares, como la de Manuel José García Caparros, el joven asesinado por disparos de la Policía el 4 de diciembre de 1977 mientras se manifestaba a favor de la autonomía andaluza, y otras, que “han quedado sin reconocimiento oficial de su carácter de víctima de la violencia que se ejerció por parte de agentes policiales del Estado”.

IU considera que “es el momento de reconocer, si no es ya tarde, a todas las victimas que sufrieron esa violencia policial, incluyendo en este periodo a las producidas hasta la plena consolidación democrática, pasada ya la intentona golpista del 23F de 1981”, por lo que considera “apropiado desde un punto de vista legal e histórico” fijar el final de ese periodo temporal a partir del 1 de enero de 1983.

La proposición de ley ha sido coordinada por el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, y cuenta también con la firma del diputado y coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, además de Engracia Rivera, Francisco Sierra, Nahuel González y Fèlix Alonso.

La propuesta que hace IU es una respuesta “legal, argumentada, clara y contundente” a la grave comunicación conocida a comienzos de esta semana, después de que el Ministerio del Interior hiciera público que denegaba la condición de víctima del terrorismo a Manuel José García Caparrós.

La directora general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, Montserrat Torija, envió una carta de respuesta a la familia de joven asesinado por un policía en la que calificaba los hechos de ‘execrables’, pero rechaza la condición de víctima y que la familia pueda ser indemnizada debido a que la ley exige que exista sentencia firme en la que se reconozca ese derecho a indemnización en concepto de responsabilidad civil por los hechos y daños contemplados.

Enrique Santiago ya reprochó esta “lamentable” situación al propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante su comparecencia en el Congreso del pasado miércoles, día 25, en la comisión que corresponde a su departamento. El portavoz de IU llegó a esbozar verbalmente al ministro en su intervención los cambios legales que deben hacerse si realmente Interior está dispuesto a resolver este asunto.

Esos cambios son los que ahora IU plasma en su proposición de ley, que recoge una amplia referencia legal en el apartado de ‘antecedentes’. El texto consta de dos artículos y dos disposiciones, una derogatoria y otra final.

El artículo primero aborda en seis apartados la reforma de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, y modifica diferentes preceptos para incorporar los crímenes cometidos con anterioridad al 1 de enero de 1983 por agentes del Estado mientras realizaban actividades oficiales como causa para el reconocimiento de victima que hace la citada norma.

El artículo segundo aborda la modificación de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, añadiendo una nueva disposición adicional, muy similar a la que ya figuraba en el artículo 10 de la derogada ley de memoria de 2007.


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