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Argentina. El feminismo popular tiene su proyecto

Movimientos populares impulsan proyecto de declaración de emergencia nacional en violencia contra las mujeres

La CTEP, Barrios de Pie y la CCC, junto con la Campaña Nacional por la Declaración de la Emergencia presentarán el Proyecto de Ley para la Declaración de la Emergencia Pública Nacional en Materia Social Por Violencia de Género en el Congreso Nacional el próximo 24 de mayo. El proyecto se enmarca en los sectores más humildes y de mayor vulnerabilidad social y con vistas a la construcción de un feminismo popular, construido desde abajo. En términos generales, la ley apunta a una reasignación de recursos y presupuesto para programas de prevención y asistencia a víctimas de violencia de género, incluyendo refugios y una red de abogadxs, a nivel nacional.

En primer lugar, en lo que respecta al presupuesto que deberá proveer el Poder Ejecutivo, se plantean una serie de medidas que deberá contemplar a la hora de su asignación. Algunas de ellas son: la capacitación en materia de violencia de género de funcionarxs de todos los niveles y de fuerzas de seguridad, la creación de una Red de Refugios a nivel nacional para aquellas mujeres que corran riesgo en sus respectivos hogares y fortalecer el Registro Único de Casos de Violencia Contra las Mujeres para obtener estadísticas oficiales y formular políticas en la materia. Se prevé que todo sea en coordinación con gobiernos provinciales y municipales, poderes judiciales locales y todas las fuerzas de seguridad correspondientes.

La perspectiva que subyace a esta propuesta tiene el foco en la emancipación de las mujeres.

En segundo lugar, según plantea el artículo número 4, se propone la creación del Programa Nacional de Promotoras Territoriales en Prevención de la Violencia de Género, que consiste en la formación de 100 mil mujeres encargadas de prevenir y erradicar la violencia en áreas de mayor vulnerabilidad social. La capacitación será permanente y cobrarían una prestación monetaria equivalente al monto del Salario Social Complementario.

Por otro lado, se impulsa el Programa de Independencia Económica y Habitacional para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, cuyo principal objetivo es brindar una vivienda alternativa a mujeres y sus hijxs, para resguardar su seguridad el tiempo que sea necesario. Esto iría acompañado de asesoramiento legal gratuito del Cuerpo de Abogados y Abogadas para Víctimas de Violencia de Género y de un salario personal que sería no retributivo y cuyo monto equivaldría al Salario Social Complementario.

Esta ley busca posicionar aquello que se creía parte de lo privado, la violencia ejercida del hombre hacia la mujer dentro del hogar, en el orden de lo público.

La perspectiva que subyace a esta propuesta tiene el foco en la emancipación de las mujeres. Las herramientas que se proponen, tanto de prevención como de asistencia legal y monetaria, tienen como fin dar respuesta a los múltiples problemas conjugados en la violencia de género y contribuir a la recomposición de la vida de las víctimas. El eje que atraviesa el proyecto está vinculado a estrategias que permitan liberar a las mujeres de su agresor, ofreciéndoles, en primera instancia, ayuda económica y una alternativa habitacional. La dependencia económica suele ser uno de los principales factores de sujeción de las mujeres, especialmente de aquellas que tienen hijxs, ya que esa falta de recursos las obliga a seguir conviviendo con el victimario. Además de lo económico, la violencia de género permea en otros ámbitos de la vida, como lo laboral, lo físico y lo psicológico, por lo que es indispensable el completo abordaje desde todas estas áreas.

Esta ley busca posicionar aquello que se creía parte de lo privado, la violencia ejercida del hombre hacia la mujer dentro del hogar, en el orden de lo público. Esto significa que no son hechos aislados, de índole personal, sino que existe toda una estructura social patriarcal que enmarca estos comportamientos y los naturaliza. Es en este sentido que se le reclama al Estado responsabilidad, compromiso y eficacia, no sólo en la correcta implementación de esta ley sino, también, en la creación de políticas públicas en materia de violencia de género para su total erradicación.

 

La opinión del autor no coincide necesariamente con la de TerceraInformación

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