Líderes sociales en Colombia, un verdadero calvario
Las cifras sobre los asesinatos de líderes sociales en Colombia son cada vez más alarmantes.
Al respecto el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia subraya que los crímenes contra los defensores de los derechos humanos no tienen nada de accidentales: son invariables y sistemáticos.
El Centro de Investigación y Educación Popular, el Indepaz y la Comisión Colombiana de Juristas precisan, además, que las agresiones y asesinatos se presentan en 27 de los 32 departamentos del país.
Los más afectados son los departamentos del Cauca y Nariño, en el extremo suroccidental de Colombia; Antioquia en el noroeste del país y Norte de Santander, en el nordeste.
El subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación de Colombia, Ariel Ávila, consideró que el Estado debe actuar de manera inmediata para evitar lo que se está configurando como un exterminio sistemático de líderes.
En Colombia asesinan un líder cada cuatro días, alertó Avila, quien aludió a la preocupación expresada en diciembre pasado por el relator especial de la ONU para Colombia, Michael Forst, quien dijo que la situación en torno al tema es aterradora.
Forst estimó que hay un patrón de sistematicidad en los ataques que han sufrido los líderes sociales, algo reconocido en fecha reciente por la Fiscalía General de Colombia.
El relator de la ONU recorrió durante 10 días regiones del Catatumbo, La Guajira, Antioquia, Norte de Santander y el Cauca para evaluar la condición de los defensores de los derechos humanos, la que catalogó de grave y dramática.
El alto funcionario de Naciones Unidas manifestó que evidenció el miedo en el cual viven los líderes sociales en muchas de las zonas que estuvieron golpeadas por el conflicto armado y donde paradójicamente señalan que ha crecido la inseguridad.
También alertó sobre los altos niveles de impunidad que hay en el país, lo que favorece los actos homicidas.
En la mayor parte de los casos no se conocen los responsables ni materiales ni intelectuales de los crímenes, aunque su autoría se atribuye mayormente a estructuras paramilitares y a grupos armados ilegales ligados fundamentalmente al narcotráfico.
Tanto es así que el 91,4 por ciento de los asesinatos de líderes sociales en Colombia que tuvieron lugar entre 2009 y 2017 quedaron impunes, advirtió la organización de DD.HH. Somos Defensores.
Según estudio de esa agrupación, de casi 600 casos de homicidios contra defensores de los derechos humanos en ese espacio de tiempo, solo 49 tuvieron una sentencia condenatoria o absolutoria. Desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, la organización social que mayor número de ataques y asesinatos sufrió contra sus dirigentes ha sido Marcha Patriótica, la cual denunció que desde 2012 hasta julio de 2018 perdieron a 169 de sus integrantes.
El nuevo jefe de la misión de la ONU de verificación al proceso de paz en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, expresó el pasado 15 de enero preocupación adicional por el asesinato también de excombatientes de las FARC-EP (casi un centenar desde la firma de los acuerdos).
Ante la dramática realidad el presidente de Colombia, Iván Duque, puso en marcha en noviembre de 2018 una nueva estrategia para garantizar la protección de los líderes sociales y defensores de los derechos humanos en el país.
El mandatario firmó el decreto que crea el llamado Plan de Acción Oportuna (PAO) en ceremonia en la Casa de Nariño (sede de la presidencia), donde asistió el entonces jefe de la misión de verificación de Naciones Unidas en Colombia, el francés Jean Arnault.
Es inadmisible que en Colombia se sigan presentando situaciones de violencia, de amenaza, de ultraje y grave peligro para la vida de los líderes sociales, defensores de derechos humanos y periodistas, aseveró Duque en la ocasión.
Aseguró el mandatario que su gobierno va a enfrentar esos crímenes con determinación. ‘No queremos impunidad en estos hechos y queremos trabajar en la prevención de manera acertada’, expresó.
El nuevo plan contempla el trabajo coordinado en la prevención, la reacción inmediata con alertas tempranas, la investigación para establecer quiénes son los autores materiales e intelectuales y la aplicación de sanciones ejemplares.
Según el jefe de Estado, en la implementación del PAO participarán de manera coordinada y permanente como invitados la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría y la Fuerza Pública, todo dentro de la estrategia anunciada como Paz con Legalidad.
Sin embargo, para la representante a la Cámara Ángela María Robledo esa política debe incorporar el desmonte de las estructuras paramilitares y el reconocimiento del gobierno, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, de la sistematicidad en el asesinato a líderes sociales.
‘Estamos en una vuelta a la violencia, las masacres están de vuelta y no es verdad lo que dice Duque que ha habido un esfuerzo de búsqueda de la paz con legalidad’, declaró Robledo, excandidata a la vicepresidencia del país por el movimiento Colombia Humana.
Para el semanario Voz, órgano del Partido Comunista Colombiano, la sociedad está siendo revictimizada por intereses mezquinos del gran capital, de los terratenientes, de las transnacionales y sus estructuras paramilitares, quienes quieren institucionalizar la matriz de terror y miedo con el asesinato sistemático de los líderes sociales.
Estima Voz, además, que en Colombia sectores de extrema derecha y del empresariado local no han renunciado a la utilización del paramilitarismo para beneficiar sus intereses particulares.
Juan Fernando Vargas, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario de Bogotá, manifiesta por su parte que la información sobre esas muertes se da sobre todo a partir de la narración de casos aislados, y son pocos los estudios sistemáticos y rigurosos para entender el alcance y las razones de lo que está pasando.
Coinciden la ONU y las organizaciones comunales que a los líderes sociales los están matando mayormente en los lugares donde operaban antes las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y donde hoy la presencia del Estado es mínima o nula.
La hipótesis explicada es que bandas paramilitares y grupos armados ilegales percibieron la dejación de armas de las FARC-EP como una oportunidad para adueñarse de esos territorios.
Ante tal escalada el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, dijo a comienzos de este año que ‘lo más grave es que nos estemos acostumbrando a las noticias, que, a diario, reportan sus muertes’.
‘¿Hasta dónde llegará la maldad con los líderes sociales?’, cuestionó Negret, quien estimó que las causas fundamentales de los homicidios están relacionadas con el narcotráfico, la minería ilegal y la restitución de tierras.
También la Comisión de Paz del Congreso de la República expresó grave preocupación por la acentuada violencia contra los líderes sociales en los departamentos Cauca, Chocó, Valle del Cauca, Caquetá, Norte de Santander, Antioquia, Córdoba, Cesar, Meta, Nariño, Sucre y Putumayo. Los parlamentarios llamaron a un plan eficaz de protección a los líderes por parte de la Fiscalía General de la Nación, del Ministerio de Defensa y otras instancias del gobierno y del Estado.
Asimismo el procurador general de Colombia, Fernando Carrillo, calificó recientemente de inadmisible la escalada de crímenes contra líderes sociales.
‘Es inaudito e inadmisible que ante el llamado de los líderes en las regiones este baño de sangre no se detenga’, subrayó el procurador de Colombia.
Carrillo condenó el asesinato de siete líderes sociales en la primera semana de este año y consideró un fracaso los esquemas de protección personal del gobierno.
La Procuraduría expresó también preocupación por la disparidad en las estadísticas acerca del número de asesinatos.
Para la policía nacional los crímenes perpetrados contra líderes sociales en 2018 fueron 78, para el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo 164 y para el movimiento Marcha Patriótica 252.
El balance realizado por organizaciones sociales arrojó que el 80 por ciento de los crímenes están relacionados con reclamaciones de tierra y protección de los recursos naturales.
También se producen contra líderes que promueven la sustitución de cultivos ilícitos y contra pobladores y voceros medioambientales que se oponen a megaproyectos que afectan la riqueza hídrica del país.
El abogado colombiano Reynaldo Villalba dijo que detrás de los asesinatos hay intereses fundamentalmente de orden económico.
Atacan así el corazón de una comunidad, pretenden acabar con la organización social, ya sea campesina, de un pueblo afrocolombiano, de un pueblo indígena, pretenden casi siempre desplazarlos para que queden los territorios en manos de las trasnacionales y de los megaproyectos, expresó Villalba.
La Organización Nacional Indígena de Colombia acotó que los pueblos originarios más afectados por el incremento de la violencia son el Nasa con el 37 por ciento de las víctimas mortales, seguido por el Awá con el 31 por ciento.
Los integrantes de la etnia Awá denunciaron que la violencia que se vive en el suroccidente de Colombia está acabando con la cultura milenaria de los pueblos indígenas, los cuales tratan de evitar que el narcotráfico se apodere de sus territorios.
La vulnerabilidad de los líderes sociales, campesinos e indígenas condujo al gobierno colombiano a cerrar este enero con un Consejo Nacional de Seguridad sobre el tema.
Además de implementar políticas públicas que den garantías para el ejercicio de defensa de los derechos humanos, coinciden académicos y sectores políticos que Colombia debe ponderar a sus líderes sociales como actores clave para la construcción de paz.
arb/tp
*Corresponsal de Prensa Latina en Colombia.
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