La Tienda Republicana

Denis Moncada : “Almagro pretende sustituir la soberanía de Nicaragua contraviniendo la Carta de la OEA”

10/01/2019

Después de un año en 2018 en el que se produjo una crisis política inédita en el país, Nicaragua, uno de los países más seguros de América Central, ha vuelto a la calma. Pero algunos actores internacionales, en especial Estados Unidos, continúan jugando al “bombero pirómano”, al aprobar sanciones y pedir el derrocamiento de un gobierno elegido democráticamente. Luis Almagro, el secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA) con sede en Washington, es el más fervoroso de ellos. Acaba de solicitar una sesión especial de su consejo permanente para activar un mecanismo que aislaría a Nicaragua de las relaciones con otros países latinoamericanos. Si cree que los medios de comunicación le han informado adecuadamente sobre Nicaragua, esta entrevista exclusiva con Denis Moncada, su Ministro de Relaciones Exteriores, le llevará a examinar esas certezas.

Alex Anfruns : Bajo la iniciativa de su secretario general, tendrá lugar este viernes 11 de enero una sesión extraordinaria del consejo permanente de la OEA, cuyo orden del día es “considerar la situación en Nicaragua”. ¿Qué objetivo persigue?

Denis Moncada : El secretario general Luis Almagro está solicitando convocar de inmediato y con urgencia el consejo permanente para – según sus intenciones y manifestaciones – iniciar el proceso de activación del artículo 20 de la Carta Democrática de la OEA. Nosotros hemos insistido y reiteramos que Almagro está tomando una medida ilegítima, ilegal e improcedente.

La Carta no faculta a su secretario general para delegar, sustituir, reemplazar o asumir la soberanía de los Estados. La Carta de la OEA no faculta a Almagro tener esa autoridad que él pretende asumir, porque no puede sustituir el papel de los Estados en cuanto a su independencia, autodeterminación y el ejercicio de su soberanía. Almagro no dispone del consentimiento previo aceptado del Estado, de modo que pretende llevar a cabo una actividad retrógrada, al revés de lo que indica la Carta Democrática. Esta consiste en fortalecer a los Estados y gobiernos democráticos de América Latina y el Caribe, cuando se haya realizado un golpe de Estado consumado que rompa el orden constitucional y democrático en un país.

El espíritu de la Carta, cuando fue redactada, residía precisamente en poner freno a los golpes de Estado que ocurrían en las décadas pasadas en América Latina, restituir o reabrir el cauce de los procesos democráticos y fortalecer los gobiernos constitucionales y las instituciones de esa época. Era una época en la que EEUU aplicaba la doctrina de seguridad nacional, y los ejércitos actuaban como ejércitos de ocupación.

Pero lo que ha ocurrido en Nicaragua es un intento de golpe de estado y de ruptura del orden constitucional contra el gobierno legítimo del presidente Ortega. Nicaragua no ha solicitado ninguna intervención de la OEA en los asuntos internos de nuestro país. Por eso Almagro no tiene razón ni fundamento jurídico, ni justificación para pretender hacer lo que está haciendo, es decir convocar una reunión de la OEA para iniciar la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática.

¿Qué implicaciones podría tener esa medida, y cómo reacciona ante ella?

Representaría un bloqueo del acceso que Nicaragua tiene a las fuentes de financiamiento internacionales, con los efectos políticos y sociales que eso podría conllevar…

Hemos iniciado y continuamos unas reuniones con países de América Latina y el Caribe, donde les hemos explicado la situación que está planteando Almagro respecto a Nicaragua. Nuestro país es un Estado amante de la paz, que contribuye a la seguridad regional, al desarrollo económico y el progreso. Es amante de consolidar la seguridad internacional.

En ese sentido pedimos el apoyo de los países hermanos latinoamericanos y caribeños, para impedir que en el seno de la OEA se lleve a cabo esa pretensión del Sr. Almagro. Les llamamos a que se opongan o se abstengan en la reunión con la participación de los cancilleres y ministros de exteriores de países miembros de la OEA.

El Senado estadounidense ha aprobado finalmente la Nica Act, firmada por el presidente Donald Trump. Además, ha habido un decreto que declara a Nicaragua como una “amenaza excepcional a la seguridad de EE.UU. ¿Cuál es su reacción?

Rechazamos de plano esas declaraciones de EE.UU. y su política injerencista e intervencionista, que no es novedosa. Continúan aplicando la doctrina Monroe en América Latina y el Caribe, considerando que nuestros países son su “traspatio”. Durante muchas décadas Nicaragua sufrió los efectos de la intervención militar y política de EEUU. Hoy ese país continua con su tradicional política de injerencia a través de la historia.

Pero somos países libres, soberanos e independientes, que desarrollamos nuestras propias políticas internas. Actuamos en el concierto de países latinoamericanos, en el marco de la legalidad, la constitucionalidad, del derecho interamericano, internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y la misma Carta de la OEA.

Llamamos a la reflexión al gobierno de EE.UU., al Departamento de Estado y al presidente Trump, e inclusive a los gobiernos de América Latina, a ceñirse y respetar el derecho internacional. Hay que procurar y hacer todos los esfuerzos a favor de una convivencia pacífica y el desarrollo de la cooperación y las relaciones amistosas entre nuestros Estados.

Nosotros insistimos en que ese es el comportamiento de las naciones y Estados : cumplir con las normas del derecho internacional basadas en la no agresión, paz, tranquilidad y cooperación mutua, intercambio comercial y en todos los ámbitos. No tensionar las situaciones internas en el hemisferio, donde se ha venido desarrollando una dinámica positiva con la propia existencia de organismos como la CELAC y el ALBA, gracias a los cuales la cooperación ha sido muy efectiva.

De hecho, Nicaragua no está sola. En el contexto de una Centroamérica que tanto ha sufrido por las intervenciones de EE.UU., ¿Qué papel juegan organismos como el ALBA?

El ALBA es una organización fraterna, de hermanos y amigos. Su espíritu es seguir fortaleciendo la unidad centroamericana, caribeña y latinoamericana. Es un organismo positivo con propuestas de cooperación, solidaridad y complementariedad para todos nuestros países. Recordemos que fue el inicio de una política fraterna del comandante Fidel y el comandante Chávez. A partir de entonces se fueron integrando Bolivia, Nicaragua, los países de las Antillas, los países miembros del CariCom…Realmente es un proyecto de presente y de futuro.

Hemos reiterado nuestra solidaridad fraterna, militante e incondicional, a los compañeros y amigos de Venezuela; al gobierno del presidente Nicolás Maduro; al compañero y hermano de la República de Cuba, donde se ha llevado un camino positivo de diálogo y entendimiento internacional e interamericano, con la participación del propio EE.UU en el marco del respeto mutuo y la cooperación.

Nuestra voluntad es que esos proyectos de paz y estabilidad en América Latina tengan continuidad. Recordemos que en La Habana hace cuatro años fue aprobada por los diferentes países, jefes de Estado y los gobiernos, la declaración de la CELAC sobre una América Latina como “región de paz, estabilidad, y convivencia pacífica”.

Afortunadamente, la situación en Nicaragua se ha calmado respecto a la crisis que hubo entre abril y junio 2018. ¿Qué balance hace usted de la crisis del año pasado?

En Nicaragua se produjo un intento de golpe de estado. Pero esa tendencia de romper el orden constitucional del estado de derecho y querer cambiar el gobierno legítimo del presidente Ortega ha sido frustrada y neutralizada por la actividad de la población – del pueblo nicaragüense y el gobierno.

Sin embargo, tanto algunos organismos de derecho internacional como algunos medios de comunicación han centrado sus esfuerzos en crear un estado de opinión desfavorable hacia el gobierno, tergiversando la situación de Nicaragua. Esa campaña mediática de algunos medios internacionales, ha estado encaminada a sesgar la opinión pública nacional e internacional. Para ello se ha utilizado mucho la mentira y la noticia falsa.

¿Podría hablarnos de la implicación en la crisis de diferentes actores, como los representantes de la iglesia, ONG, así como del resultado de la organización de las mesas de diálogo con la oposición?

En esa situación que se presentó en Nicaragua a partir de abril, el presidente Ortega alentó y convocó a un diálogo, para el cual invitó a la Conferencia Episcopal a que actuara como mediador y testigo. Aquel diálogo no fructificó por la participación de algunos miembros de la Conferencia, que tomaron una posición favorable al sector golpista en Nicaragua, utilizando el diálogo como una forma de apoyar a ese sector.

Eso creó una dificultad para el papel de los mediadores y testigos, al carecer de objetividad, imparcialidad y buena fe, y realmente poder conducir un diálogo como buenos mediadores. Además se utilizó el canal de televisión de la Iglesia, lo cual le quitó bastante seriedad y responsabilidad a ese diálogo, convirtiéndolo realmente en una especie de plataforma de propaganda y comunicación favorable a intereses específicos.

El diálogo era necesario para que la paz volviera a reinar. Pero fue difícil de obtener… ¿Cómo ha sido la relación con los sectores de oposición?

Nuestro gobierno planteó que en esas condiciones era difícil continuar con el diálogo, y este quedo en cierta medida congelado. En ese diálogo no participaron realmente los partidos políticos de Nicaragua, sino miembros de ONG, representantes del sector privado y algunos sectores estudiantiles. Eran personalidades representativas de la oposición y el sector golpista de Nicaragua, ya que expresaron claramente que no tenían como objetivo establecer una mesa de diálogo para conversar y dialogar, sino para obtener la entrega del poder por parte del gobierno del presidente Ortega.

Habían diseñado un golpe de estado, pero también integraron la mesa de diálogo, violentando la constitución política de Nicaragua y sus leyes. Querían materializar un cambio del gobierno legítimo del presidente Ortega, que fue electo… ¡por más del 70% de votos favorables a su candidatura!

Hoy en día, ya no tienen lugar aquellas movilizaciones…

Nicaragua hoy está en paz, en sus actividades normales de una nación que continua desarrollándose tal y como estaba haciéndolo antes del intento de golpe de estado. La actividad productiva del país se encamina a la normalidad, las instituciones del estado hacen sus funciones, cada quien cumple los mandatos que le da la ley.

En Nicaragua hay división de poderes: el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial y el electoral. Conforme a la Constitución se trabaja de forma armónica, coordinada y en cooperación, cada uno cumpliendo las misiones que le manda la ley correspondiente.

Recordemos que en su país tuvieron lugar los denominados “tranques”, que era un tipo de movilización que se basaba particularmente en el bloqueo de la circulación. También hubo la participación del sector privado – la COSEP – en un paro patronal, es decir un llamamiento contra el derecho al trabajo de los nicaragüenses. Esa situación ¿ya no se da?

Fue algo que no se había vivido antes en Nicaragua. El bloqueo de las principales vías de comunicación, tanto de la carretera panamericana – que une a los países centroamericanos y que facilita el intercambio comercial – pero sobre todo los tranques y barricadas que se construyeron en las ciudades y carreteras, resultaron en un secuestro o cautiverio masivo de parte de la población nicaragüense, convirtiéndola en una especie de rehén.

Los tranques se constituyeron en aquel momento en un lugar donde se cometían secuestros, crímenes, asesinatos, violaciones…En fin, hubo una actividad terrorista masiva en nuestro país, contra la libre circulación de personas y vehículos de todo tipo – incluyendo los de servicios a la población como las ambulancias de hospitales o los cuerpos de bomberos, para controlar los incendios que los mismos golpistas provocaron en diferentes alcaldías, edificios públicos, centros comerciales y viviendas privadas de nuestro país.

En diferentes sesiones de la Organización de Estados Americanos (OEA) – donde usted libró una intensa actividad diplomática –, denunció que ciertas organizaciones habían publicado informes “subjetivos, con prejuicios y parcializados” sobre la realidad de su país…

Fue en medio de esa dinámica cuando se produjo precisamente esa actividad violenta y una cantidad de muertes lamentable. Contabilizamos 22 policías muertos, más de 400 policías heridos, y el gobierno comunicó oficialmente la cifra de 198 personas fallecidas en todo ese intento golpista.

Por lo tanto, no contabilizamos la cifra – a menudo duplicada – que comunican algunos organismos de derechos humanos, porque realmente confundieron los fallecidos por causas naturales, accidentes de tránsito y otro tipo de fenómenos, con los fallecidos en esa situación.

La Comisión por la Verdad, Justicia y la Paz ha realizado otro informe, cuyas conclusiones fueron ignoradas por la mayor parte de los medios internacionales. Cito un fragmento : “Nos preocupa la existencia de grupos violentos y radicales que actúan al margen de la ley (…) y contrario al espíritu de justicia, paz y democracia del Diálogo Nacional”. ¿Qué destacaría del trabajo de esta comisión?

La Asamblea Nacional aprobó una ley para crear esta Comisión de la Verdad y la Justicia, que ha tenido una actividad y un trabajo permanente con sentido de objetividad, porque el problema lo tenemos los nicaraguenses. La situación de violencia que se planteó no tiene precedentes en nuestro país y afectó a nuestra población, con muchos fallecidos y heridos.

La comisión de la verdad hizo ese trabajo porque la población pidió justicia y reparación.
Con tanta destrucción y el dolor de nuestra población, se requiere que las instituciones del Estado – que funcionan; policía, fiscalía general, ministerio publico, y los tribunales –, investiguen en el marco de la ley lo que pasó y quienes son los responsables.

En Nicaragua funciona un estado de derecho, constitucional. Tenemos vocación al respeto a los derechos fundamentales de todas las personas, sin exclusión. Pero también, ante una situación como la que se planteó – de querer romper el orden constitucional –, el Estado está obligado a investigar lo que pasó, con un sentido de la responsabilidad y el debido proceso. No para condenar a inocentes, sino a quien se encuentre comprobado que es responsable. Y para absolver a quien se encuentre debidamente comprobado que es inocente. Ese es el espíritu de la ley y de los tribunales y del Estado nicaragüense.

Gracias por el tiempo que me ha brindado en esta entrevista. Aprovecho para mandarle al querido pueblo latinoamericano y nicaragüense que lucha por su dignidad y soberanía mis mejores deseos de paz y felicidad en este año 2019.

Un pueblo como el de Nicaragua ha tenido la reacción natural de quien defiende – con mucho sentido de dignidad y con mucha valentía – su seguridad, su convivencia pacífica, los proyectos economicos y sociales que benefician a la población. La población las ha apoyado y por eso el presidente Ortega fue electo por más del 70 % de los votos. Lo que estamos haciendo es superar las políticas del neoliberalismo de los gobiernos anteriores, y desarrollar políticas económicas y sociales incluyentes, para la amplia mayoría. Inclusive políticas de dialogo, de alianza y consenso con las empresas privadas. Con un beneficio social sin exclusiones.

Esa combinación entre factores internos e internacionales con financiamiento, tenía el objetivo de conspirar y cambiar de gobierno por la vía de hecho, rompiendo el orden constitucional. Y con ello destruir precisamente el progreso de Nicaragua en todos los programas que han realizado avances. Dichosamente se neutralizó ese golpe y la actividad normal continúa en Nicaragua.

Fuente: https://alexanfruns.wordpress.com/2019/01/09/denis-moncada-almagro-prete...

La opinión del autor no coincide necesariamente con la de TerceraInformación