El presidente dominicano se apropia del Tribunal Constitucional

La alta dirección del  partido de gobierno, que durante 14 años consecutivos controla todas las instituciones del Estado dominicano, ha instaurado una dictadura constitucional presidencialista que le permite, en asociación delictiva con sus empresarios y generales preferidos, seguirse enriqueciendo impunemente.

Las variaciones acaecidas en los últimos años se circunscriben a ciertos cambios en la correlación de fuerzas entre sus facciones internas y en el  liderazgo al frente del Gobierno de turno y los órganos del mal llamado Partido de la Liberación Dominicana-PLD.

La fase inicial de esta dictadura estuvo a cargo del ex-presidente Leonel Fernández, desplazado en el 2012 por  el actual  presidente Danilo Medina, impuesto mediante fraudes y sobornos (luego del desgaste de su predecesor) con financiamientos de una parte del empresariado local, Odebrecht y su claque partidista; la mayor parte dinero sucio lavado en campañas electorales viciadas.

·         De los viejos a los nuevos dueños del Estado delincuente.

Medina heredó una institucionalidad con una fuerte gravitación de Fernández (quien paso a ser su principal adversario interno); influencia que ha venido desmontado progresivamente, empleando a fondo el enorme poder presidencial, el manejo medalaganario del presupuesto público y los nuevos flujos de la corrupción de Estado.

Así, la influencia dominante de Fernández ha sido paulatinamente desplazada del Ministerio Público, Poder Judicial, Tribunal Superior Electoral, Junta Central Electoral, Congreso y Cámara de Cuentas.

 En el 2016, al Presidente Medina, en plena campaña por su espuria reelección, se le “safó” aquella tristemente célebre oración: “yo necesito mi Congreso”.

Por eso y por conocimiento de causa y del personero -amén de tantas evidencias- nunca dudé de que cuando le tocara el turno al Consejo de la Magistratura y a la Junta Central Electoral, el presidente Medina procedería de igual manera.

·         La cadena autoritaria y el tambaleante reinado del presidente Medina.

Esa forma de concebir lo institucional viene de lejos, es parte de la tradición despótica-dictatorial que hizo escuela con Trujillo y Balaguer, que está en el tuétano de la  multicolor partidocracia corrompida y que la cúpula del PLD ha perfeccionado, imprimiéndoles tintes modernos y postmodernos.

Leonel, al crear una nueva asociación-corporación delictiva estatal-privada, se esforzó en afinar las bases constitucionales de esa concepción a raíz de la reforma del 2010 y, partiendo de ella y con su enorme acumulado de fondos ilícitos, conformó por vía de comicios viciados “su” Congreso, “su” Consejo de la Magistratura, “su” sistema judicial, “su” sistema electoral (JCE y TSE) y “su” Tribunal Constitucional (TC).

En tanto Danilo Medina desplazó a Leonel Fernández en la jefatura del Partido y el Estado, se ha visto en la “necesidad” de convertir en suyo lo que era del otro.

Sin  embargo, no faltaron opositores tradicionales, fundaciones, comunicadores timoratos y ongs, que en el caso de la restructuración de la Junta Central Electoral-JCE, se hicieron los tontos, atribuyéndole inicialmente, dado su nuevo maquillaje, una independencia e idoneidad que no tenía ni tiene; llegando como entidad al colmo de garantizarle impunidad a los robos y trampas de la Junta anterior y a evidenciar su parcialidad.

Dije entonces  -y lo reitero ahora- que la JCE, presidida por el señor Julio César Castaños Guzmán, es del actual mandatario Danilo Medina. Y lo digo, porque no soy tonto y me resisto a simular serlo –como lo hacen incluso gente inteligente- para apuntalar una dictadura institucional que debe ser derrotada en plena calles, dado que las elecciones tramposas solo sirven para reciclarla o reproducirla, con o sin reelección.

El turno le llegó ahora al Tribunal Constitucional, que recién ha pasado de manos del ex – presidente Fernández a las del presidente de turno, no importa el maquillaje, aplicando una receta parecida a la de la JCE.

El tema no es que sus miembros sean militantes del PLD o progobiernistas confesos, sino que la mayoría responde a designios del Poder Ejecutivo. Y de eso no tengo dudas, precisamente porque sé que Medina puede simular tonto, pero no lo es; y no hay que ser adivino para entender las razones fundamentales de su empecinada búsqueda de poder e impunidad, entre las que se destaca su determinación reeleccionista y garantías de impunidad.

Esta vez con una re-postulación y unos comicios de altos riesgos, en vista del enorme desgaste de esa fórmula y de todo el desacreditado y tambaleante sistema tradicional de partidos e instituciones usurpadas y asaltadas; realidad que genera una creciente indignación popular difícil de contener.