Religión, Política y Derecho

Es aberrante y vergonzoso lo que estamos viendo últimamente en el Tribunal Supremo a tenor del cambio de jurisprudencia en relación con el pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados

VIVIMOS TIEMPOS locos, contradictorios y a veces, hasta insultantes. Es un insulto a la inteligencia de la ciudadanía la irracionalidad y desvergüenza con la que políticos e instituciones del Poder nos abofetean con demasiada frecuencia. Aunque vivimos en un Reino teóricamente democrático, constitucionalmente laico, con una separación de Poderes, (Legislativo, Político y Judicial), si lo queremos ver a la luz del más mínimo análisis racional y objetivo descubrimos una auténtica falacia regida por un entramado de poderes antidemocráticos dónde el poder económico lo determina todo y lo hace poniendo a la ciudadanía a los pies de los caballos y al servicio de sus intereses especulativos, dirigiendo y controlando los auténticos Poderes que deberían ser los promotores y garantes de la justicia, la igualdad, la distribución solidaria y la protección y bienestar de la sociedad en su conjunto, respondiendo a la voluntad legítima y libremente expresada.

Ni que decir tiene que los Poderes más vapuleados, a través de lobbies de presión económica y cabilderos que manejan presupuestos superiores a los de muchos países, o incluso al de la propia U E vienen siendo en primer lugar el Político para que «maneje» al Legislativo y, actualmente, le viene tocando al Judicial y cada vez con más descaro.

Es aberrante y vergonzoso lo que estamos viendo últimamente en el Tribunal Supremo a tenor del cambio de jurisprudencia en relación con el pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados y el varapalo que acaba de dar a los consumidores, volviendo a la situación anterior a las últimas sentencias firmes a favor de que lo pagarán los bancos, resolviendo tras 16 horas de debate y con una votación dividida: 15 a favor y 13 en contra.

Por otra parte, esos giros del Tribunal Supremo no son nuevos puesto que ya ocurrió un giro a favor de las entidades bancarias en el caso de las desestimaciones de los tres recursos presentados por la Empresa Municipal de la vivienda de Rivas-Vacíamadrid contra las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tribunal que falló a favor de los bancos.

Todos hemos escuchado los famosos discursos que nos largan en contra de la inseguridad jurídica, pero eso sí, cuando se trata de cualquier cambio legal o corrección de injusticia laboral que pueda tocar los intereses del capital, pero no se tiene en cuenta la inseguridad que vienen generando en la ciudadanía los cambios legales permanentes y giros de la jurisprudencia que van en detrimento de sus derechos e intereses.

Pero el tema tampoco se escapa a la religión; en nuestro caso, la católica, que tampoco anda muy desvinculada del poder financiero y del político. Como ejemplo ilustrativo tomaré la mezcla de la fe y la creencia en espíritus con las actividades de algunos gobiernos locales que, como señala un artículo publicado por el Colectivo Prometeo, «además de anacrónicas y fuera de lugar, resultan lesivas para el mensaje de seriedad y rigor legal que los Ayuntamientos deben trasmitir a todos sus conciudadanos». Con razón se quejan de que la ciencia y la ética estén siendo sustituidas por la credulidad y la fe más primaria, reflejo de la persistencia de la cultura animista en una sociedad en teoría culta y avanzada pero que sigue dotando la interpretación de fenómenos naturales como hechos dotados de intencionalidad y sujetos a voluntades sobrenaturales.

Un hecho de este tipo desencadenó la denuncia por parte de Europa Laica y el juicio, en la provincia de Cádiz, contra la imposición de la medalla de oro de la ciudad a la imagen de la Virgen del Rosario «por su actuación» en la epidemia de peste de 1.646, de fiebre amarilla en 1.730 y en el maremoto de 1.755”, porque los gaditanos de entonces atribuyeron el milagro de la Virgen del Rosario a sus plegarias.

Parecerá una cuestión menor el hecho descrito, pero no deja de ser preocupante que varios regidores de Ayuntamientos democráticos estén otorgando actualmente la medalla de oro de la ciudad a Vírgenes y nombrándolas como máxima autoridad de la ciudad; es decir, nombrando Alcaldesas a imágenes que representan entes sobrenaturales, sin tener en cuenta que el otorgar a una imagen los honores municipales constituye un acto de desprecio a las instituciones públicas, consciente o no, además de tipificado por la iglesia en otros tiempos como «idolatría pagana» y una prueba más de los vínculos política-religión en un país constitucionalmente laico.

* Colectivo Prometeo