La Tienda Republicana

Absolución de los 5 del Buero

 

María Dolores de Cospedal, Antonio Román Jasanada, alcalde de Guadalajara, y en general el Partido Popular llevan ya muchos años criminalizando la protesta ciudadana, como una estrategia de represión política, implementada mediante la difamación, deslegitimación y judicialización para debilitar y romper el tejido social bajo argumentaciones relativas a la seguridad ciudadana. Se han dedicado a la negación o restricción de derechos, que normalmente afecta a la calidad de vida de los sectores más desfavorecidos y que acarrea un proceso de descomposición y ruptura social. Consecuencia de estas negaciones y restricciones, y con el ánimo de evidenciarlas y combatirlas, una parte de la sociedad en estos últimos tiempos nos hemos organizado y hemos ejercido nuestro derecho legítimo a la protesta social. Estos políticos de medio pelo, en vez de asumir las críticas y ejercer su responsabilidad como garantes de derechos, realizan medidas represivas que van desde multas, detenciones arbitrarias y judicializaciones, que impiden el desarrollo de un estado democrático con mayúsculas.

Lo anterior no es ninguna invención, y para muestra un caso que nos toca muy de cerca. En septiembre de 2011, tras la llegada al gobierno de Mª Dolores de Cospedal, el Partido Popular lanzó un ataque salvaje contra la Educación Pública, despidiendo de la noche a la mañana a 800 interinos en Castilla-La Mancha cuando ya estos tenían asignados sus puestos y muchos de ellos ya se habían desplazado a sus centros educativos. Fue el origen del mayor ERE que se ha realizado en Castilla-La Mancha contra la Educación Pública, que acabó con la desaparición de más de 6000 puestos de trabajo docente en la oscura legislatura de Mariloli.

Nada más conocerse ese ataque, el 7 de septiembre de 2011, se produjo la primera manifestación de protesta en Guadalajara contra los recortes del PP. Más de 500 personas, en su mayoría profesores, se concentraron frente a la Delegación de Educación. Después, de una manera espontánea, la manifestación se dirigió al Teatro Buero Vallejo donde se celebraba el pregón oficial de las Fiestas de Guadalajara, que se interrumpió de forma tranquila con frases y cánticos a favor de la Educación Pública y en contra de los recortes en educación. A partir de ahí el PP, fiel a sus tradiciones franquistas lanzó una campaña paracriminalizar esta protesta pacífica, seleccionando aleatoriamente a 5 de los participantes en la concentración para utilizarlos como cabeza de turco.

El Pleno del Ayuntamiento aprobó con los votos del PP en solitario “investigar e identificar” a los involucrados, y finalmente 8 policías locales -4 de ellos se han retractado-, y el jefe de la Policía Local presentan la denuncia, aportando partes médicos de lesiones leves. Es significativo que solo a dos de los 5 se les identificó en el teatro, el resto fueron seleccionados por la Policía después de visionar las imágenes de la protesta.

Así, cuatro profesores y un activista recibieron la denuncia de la Policía Local que los acusaba de "atentado continuado a la autoridad, desórdenes públicos y agresiones", por lo que se les pide pena de hasta cuatro años de cárcel y multa de 7000 euros, pese a que los 5 imputados no han sido en ningún momento identificados como autores de los delitos que se les acusan.

Después de más de cinco años de la justificada protesta ciudadana, el próximo martes, 14 de febrero, a las 10,30 de la mañana, se iniciará la vista en el proceso penal contra los 5 del Buero.  El juez Jesús Villegas, titular del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Guadalajara se ha salido con la suya, que contra viento y marea decidió procesar a estos cinco compañeros por cometer el “gran delito” de protestar contra el desmantelamiento de la Educación Pública. Y lo que es más preocupante todavía, el magistrado Villegas ha hecho caso omiso de la petición sostenida de sobreseimiento de la causa por parte de la Fiscalía, que como no puede ser de otra forma no aprecia ninguno de los delitos que señala la acusación particular, impulsada por el gobierno municipal del PP, y que el juzgado ha hecho suyos.

A pesar de todos los datos y pruebas que demuestran que la movilización no fue violenta en ningún momento, se demuestra una vez más de qué lado está la justicia. Mientras que estos compañeros se enfrentan a cuatro años de cárcel por defender la Educación Pública, los grandes estafadores, los corruptos, los responsables de esta crisis, los que han robado el futuro a cientos de miles de estudiantes y familias trabajadoras, siguen impunes. Ellos intentan evitar que luchemos a través de la represión, pero como hemos demostrado llenando las calles una y otra vez en las mareas, saliendo a movilizarnos con más fuerza ante la Ley Mordaza, estas maniobras represivas no nos van a detener.

Este juicio es una auténtica persecución política, que pretende reprimir los actos de protesta y tomar venganza, servida bien fría, contra un movimiento que se atrevió a manifestarse en el pregón municipal. Un juicio amparado y perpetrado a instancias del gobierno municipal y del Partido Popular de Guadalajara.

Ante este injusto enjuiciamiento, ante la “brutalidad” de esta acción de Antonio Román, no cabe más que pedir la ABSOLUCIÓN de los 5 del Buero.

La libertad de expresión no puede llevar a nadie a la cárcel.

El próximo 14 de febrero, a las 10 de la mañana, acompañaremos a los 5 del Buero, estaremos frente a los Juzgados. Si nos tocan a uno, nos tocan a todos.
¡Nosotros también estuvimos en el Buero! ¡La lucha sigue! ¡ABSOLUCIÓN!
 

 

La opinión del autor no coincide necesariamente con la de TerceraInformación

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