Ante la “Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual”

A pesar de lo que se nos ha vendido desde la socialdemocracia con esta ley, en general es bastante escasa y se ha hecho para contentar a ciertos sectores del movimiento feminista. Una ley que tiene muchos acuerdos sobre el papel pero que en realidad, no cambia absolutamente nada a la hora, por ejemplo, de recursos efectivos para luchar contra la violencia sexual, y esto, es algo que debemos señalar.

Esta ley no deja de ser, como se ha dicho arriba, la concreción legal de muchas de las reivindicaciones centrales de las protestas feministas que se dieron en los años anteriores a la pandemia y que fueron dirigidas por el feminismo pequeñoburgués.

La ley se vende como un “avance” porque toca elementos (aunque de manera superficial) importantes, como el proceso judicial, que en la mayoría de las veces es muy traumático para las mujeres que han sido víctimas de violación. De hecho, nuestra posición debe ser clara: apoyamos que se facilite el proceso a la víctima para evitar todo el sufrimiento que el mismo procedimiento produce pero denunciando que incluso aunque esto se pueda ver como un avance, la ley es insuficiente porque parte de premisas erróneas sobre la caracterización de la violencia de género, de las que solo nacen soluciones parciales y temporales y que no corta de raíz lo que suponen las agresiones sexuales o la prostitución.

En el prólogo de la ley se dice tal cual que “Esta ley orgánica adopta la interseccionalidad como concepto básico para describir las obligaciones del Estado frente a las discriminaciones y su impacto. La discriminación por motivos de género está unida de manera indivisible a otros factores de discriminación como la discapacidad, el origen racial o étnico, la orientación sexual, la identidad de género…”. Es lo que nos vienen vendiendo desde hace tiempo de la “suma de opresiones”. Por lo tanto, ahí nuestra posición también debe ser clara: la violencia de género no se explica por un sistema patriarcal ajeno al sistema de dominio económica, sino que son las relaciones de producción capitalistas, la propiedad privada y la división sexual del trabajo lo que nos ha colocado a las mujeres, a lo largo de la historia, en una posición de opresión, inferioridad y subordinación y por tanto, la violencia de género es una de las expresiones más crueles de ello. De hecho, en el título II de la ley, donde se habla de la prevención, la sensibilización y la educación, ya se deja claro cómo se desliga completamente la violencia de género y sexual de la estructura económica.

Por lo tanto, debemos dejar claro que la lucha de las mujeres contra la violencia de género es una lucha con el conjunto de la clase obrera revolucionaria contra el capitalismo. Esta ley, como cualquiera emanada de la democracia burguesa, no puede aspirar a eliminar la violencia sexual en sus diferentes grados porque nace sobre la base de las propias relaciones capitalistas.

Nuestra propuesta política: aspiramos a que todo avance en derechos sea, como no puede ser de otra manera, fruto de la lucha de nuestra clase y que sirva a la acumulación de fuerzas revolucionaria. Por eso, llamamos al conjunto de las mujeres trabajadoras a organizarse y luchar.

Una de las modificaciones fundamentales y más importantes de la ley se encuentra en la Disposición Final Cuarta, que es una modificación del Código Penal: la agresión y el abuso sexual ya no son dos tipos penales diferentes. Y es en esta modificación del Código Penal donde se incluye el tema del consentimiento, que es lo que ha generado más debate público en todos los ámbitos y que ha sido un bálsamo para posiciones tremendamente machistas. Por nuestra parte, debemos ser muy contundentes con estas posiciones reaccionarias, independientemente de que el Código Penal diga una cosa u otra y debemos explicar qué es el consentimiento para los comunistas y qué tipo de relaciones sexuales y humanas defendemos.

Algo también a destacar es lo referente a la prostitución, puesto que se modifican los presupuestos del llamado proxenetismo “no coactivo”, es decir, a eso que llaman “libre elección” y se añade un punto en el que se penaliza a los propietarios de locales en los que se ejerce la prostitución. Los comunistas debemos ser claros también ante este punto: debemos hacer una explicación histórica de lo que supone la prostitución como institución capitalista, romper claramente con el argumento del “trabajo sexual” (algo que ya llevamos haciendo mucho tiempo), no criminalizar a las mujeres en situación de prostitución y, lo más importante, presentar un horizonte revolucionaria solo posible a través de la estructuración política y organizativa de la obrera en alianza con las mujeres del campo obrero y popular. Y esta, además, será la única manera de diferenciarnos en el debate y de las posiciones de fricción entre el sector regulacionista y el sector abolicionista.